Es evidente que el nivel profesional dentro de las entidades públicas se ha deteriorado a lo largo de muchos años de mala gestión y desgobierno, pero tan importante como la idoneidad del talento es la capacidad de decidir. Los buenos funcionarios –porque los hay– muchas veces están atados de manos para tomar decisiones y avanzar. Las mayores limitaciones no son presupuestales o regulatorias, sino producto del temor justificado a ser investigados y procesados.
Es evidente que el nivel profesional dentro de las entidades públicas se ha deteriorado a lo largo de muchos años de mala gestión y desgobierno, pero tan importante como la idoneidad del talento es la capacidad de decidir. Los buenos funcionarios –porque los hay– muchas veces están atados de manos para tomar decisiones y avanzar. Las mayores limitaciones no son presupuestales o regulatorias, sino producto del temor justificado a ser investigados y procesados.
En el sector privado estamos acostumbrados a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Una buena decisión será premiada con reconocimiento, promociones e incentivos económicos. Una mala decisión genera aprendizaje, puede derivar en estancamiento profesional, y eventualmente el despido. Salvo que haya sospecha de malos manejos, rara vez hay una investigación o denuncia.
El funcionario público, por el contrario, debe asumir que alguien lo investigará. Entonces se protege, busca la firma de alguien más, aplica procedimientos en lugar de criterio y difícilmente llega a acuerdos en disputas. Más que asegurar su permanencia en el puesto, prevalece el sentido de supervivencia y la tranquilidad emocional suya y de su familia. En esas condiciones será difícil reforzar los puestos críticos del Estado con personas talentosas y comprometidas con el país, y más aún tomar decisiones.
Tenemos que encontrar un balance. Las decisiones correctas deben ser reconocidas; las decisiones equivocadas derivarán en aprendizaje, pérdida de confianza, desvinculación o sanción; y hay que ser implacable con la corrupción. Sin embargo, urge poner límites al facilismo de la investigación y la denuncia penal. Nada justifica que funcionarios honestos pasen años de sus vidas procesados injustamente por un sistema de control poco juicioso y un sistema judicial aletargado y en ocasiones politizado.
Quienes se preparan para gobernar el país harían bien en buscar desde hoy mismo una fórmula que ayude a vencer el temor a actuar de los funcionarios capaces y honestos que se busca incorporar o mantener. Hay que limpiarle la cancha al talento, es la única forma.
