De acuerdo con un reciente informe del Consejo Fiscal, este advirtió que el costo incremental anual de la Ley de aumento de pensión a maestros subiría desde S/8 millones hasta aproximadamente S/13.4 millones.
En su informe, el Consejo Fiscal explicó que la norma rompe la correspondencia entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y la prestación de la pensión. Solo el 65% de la Remuneración íntegra Mensual (RIM) está sujeto a cargas sociales, mientras que la pensión establecida por la Ley toma como referencia el 100% de la RIM de la primera escala. Como resultado, cuando la pensión se compara con la remuneración afecta a contribuciones, la relación oscilaría entre aproximadamente 73% y 154%.
“Estos estimados no representan por sí mismos el subsidio actuarial efectivo, sino que muestran un descalce entre la base contributiva y la base empleada para determinar el beneficio. Los ejercicios por perfiles previsionales desarrollados muestran que la brecha que tendría que financiarse para alcanzar la RIM podría ser altamente heterogénea dependiendo de la pensión inicialmente financiable por cada beneficiario, lo cual genera inequidades distributivas incluso al interior del sistema de pensiones magisteriales, al no existir una regla de asignación que asegure proporcionalidad entre densidad contributiva y monto de aportes con la pensión otorgada”, sostuvo el Consejo Fiscal.
La institución además remarcó que la ley introduce un tratamiento diferenciado por ocupación dentro de los sistemas previsionales generales y no incorpora mecanismos explícitos de focalización socioeconómica, generando profundas inequidades.
“Esto plantea problemas de equidad horizontal y un riesgo de regresividad intergrupal. El riesgo adquiere relevancia adicional, al ser doblemente inequitativa en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), donde personas con trayectorias semejantes podrían recibir el mismo beneficio aun cuando lleguen a la edad de jubilación con saldos acumulados distintos como consecuencia de decisiones previas de retiro”, agregó el Consejo Fiscal.
Respecto al costo de los recursos comprometidos, el CF indicó que es sustancial. Como referencia, el escenario preliminar de S/ 8 mil millones equivale a alrededor de 25,7 veces el costo anual del reciente reajuste de hasta S/ 100 para más de 237 mil pensionistas del SNP; a 6,1 veces el presupuesto de Pensión 65; a 7,6 veces el presupuesto del Programa Juntos; y a cerca de 47% del presupuesto de la función Previsión Social.
Finalmente, el Consejo Fiscal señaló que los efectos económicos identificados son relevantes para la evaluación constitucional de la norma. Advierten que la ley, originada en iniciativas parlamentarias, fue aprobada pese a las observaciones del Poder Ejecutivo y puede admitir una interpretación que vincule la pensión con las remuneraciones del personal en actividad.
“Estos elementos deben analizarse a la luz de las reglas constitucionales sobre equilibrio presupuestario, iniciativa de gasto, administración de la Hacienda Pública, igualdad y prohibición de nivelación pensionaria, entre otros, así como de los criterios recientemente establecidos por el Tribunal Constitucional para las leyes de iniciativa congresal que generan gasto público”, sostuvo el CF.
Una política orientada a mejorar las pensiones de los maestros requiere un diseño más preciso que el establecido por la Ley N.º 32581. En ese sentido, opina el Consejo Fiscal, se requiere un padrón validado de beneficiarios, criterios claros de elegibilidad, una evaluación actuarial integral, reglas explícitas sobre la interacción con cada régimen previsional, mecanismos de focalización, criterios de no vulneración de la equidad y no regresividad y fuentes permanentes de financiamiento.
“Sin estos elementos, la medida introduce obligaciones fiscales de magnitud muy elevada e incierta, debilita la correspondencia contributiva, introduce inequidades intra y extra régimen, y reduce el espacio disponible para otras prioridades públicas de manera permanente, incidiendo, en última instancia, en la sostenibilidad fiscal”, concluyó el Consejo Fiscal.
