El Ejecutivo promulgó dos nuevos decretos legislativos que modifican el Código Penal. El primero redefine los alcances de la legítima defensa, mientras que el segundo establece principalmente que quien facilite su cuenta bancaria o billetera digital a un extorsionador recibirá la misma pena que este; es decir, entre 10 y 15 años de cárcel.
Ambas normas fueron publicadas el domingo en una edición extraordinaria del diario “El Peruano”. El Decreto Legislativo N.° 1743, referido a la legítima defensa, lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del jefe del Gabinete, Luis Galarreta; y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. El Decreto Legislativo N.° 1744, cuenta con las rúbricas de las mismas autoridades, además de la del titular del Interior, César Astudillo.
Ambos forman parte de un paquete de normas que el gobierno de Fujimori viene promulgando al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso por un plazo de 90 días.
De acuerdo con el ministro Álvarez, las iniciativas priorizan la protección de la ciudadanía. “Se trata de proteger al ciudadano y ya no al delincuente. El delincuente tiene que sufrir las consecuencias de sus actos”, dijo en diálogo con el pódcast “Tenemos Que Hablar”, de El Comercio.
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el artículo 20, inciso 3, del Código Penal e incorpora una presunción de racionalidad en favor de quien ejerce la legítima defensa.
“Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario”, señala.
El decreto añade que “la racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.
El ministro Álvarez aseguró que “antes, el ciudadano común que se defiende tenía que pasar años en investigación preliminar e incluso hasta en investigación preparatoria porque había causado lesiones al delincuente. […] Esto se tiene que cortar y se ha cortado”.
En cuanto al Decreto Legislativo N° 1744, este añade el numeral 3 al artículo 200 del Código Penal, referido a los delitos de extorsión.
El citado artículo establece pena de cárcel de entre 10 y 15 años para extorsionadores.
Ahora, el decreto establece que “la misma pena se aplica al que, con conocimiento de su finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporciona, cede o presta la utilización de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, propios o de terceros, destinados a recibir o canalizar la ventaja económica indebida exigida”.
Antes de su promulgación no existía una disposición específica que equiparara la conducta de prestar una cuenta bancaria o billetera digital para recibir dinero de una extorsión con la del propio extorsionador.
Los casos se evaluaban bajo las reglas generales de autoría y participación del Código Penal. Por ello, quien facilitaba una cuenta podía ser procesado como coautor o cómplice primario, dependiendo de su intervención y conocimiento de la actividad delictiva. En este último supuesto, también podía recibir la misma pena que el autor.
El nuevo decreto incorpora expresamente esa conducta.
El cambio busca cerrar el argumento de quienes alegaban que únicamente habían facilitado sus cuentas a familiares, amigos o conocidos, sin participar directamente en la extorsión, explicó el abogado penalista Carlos Caro en diálogo con El Comercio.
El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que la modificación de la legítima defensa podría tener un efecto limitado en la práctica, pues señaló que la evaluación sobre la racionalidad del medio empleado seguirá dependiendo del criterio del fiscal. “Siempre va a quedar el árbitro del fiscal. ¿Qué es lo que va a entender cómo racional?”, dijo en diálogo con El Comercio.
Padilla explicó que quien invoque la legítima defensa todavía tendrá que demostrar que fue víctima de una agresión y que está justificó su reacción.
Por su parte, Carlos Caro señaló que, antes de la modificación, la legítima defensa estaba condicionada a que la persona utilizara un medio racional para impedir o repeler una agresión ilegítima.
“Antes la regla era la proporcionalidad; es decir, tenía que haber una relación de proporcionalidad en la defensa. Quien ejecutaba la legítima defensa tenía que usar un medio proporcional, no cualquier medio a disposición. Ahora se invierte la regla, se presume que la defensa es adecuada, y quien tiene que probar lo contrario es el fiscal”, dijo.
No obstante, precisó que en materia penal no caben las presunciones legales ni la inversión de la carga de la prueba. Por ello, estimó que la discusión sobre esta ley se trasladará a los juzgados, donde los magistrados evaluarán, mediante un control difuso, si es constitucional.
“La Constitución prevé una serie de principios, entre ellos el de proporcionalidad, que es un principio general de todo el sistema jurídico. Entonces, la proporcionalidad no se presume. La proporcional ya se tiene que acreditar, se tiene que probar, argumentar”, dijo.
Sobre el decreto que equipara penas para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores, Caro consideró que “es un norma, en cierto modo, necesaria, porque hay que disuadir del uso de las billeteras digitales para fines delictivos”.
Añadió que se trata de una “ley pedagógica”. “No es que antes no procesaban a quien presta la billetera digital, pero ahora la norma es clara. Quien lo hace tiene que presumir que podía ser usada con fines delictivos. El sistema está dando un mensaje: prestar tu billetera digital es como prestar un arma”.