Cada inicio de gobierno se habla de encontrar victorias rápidas que le presten oxígeno adicional a la nueva administración. En teoría, estos logros tempraneros deben servir para dos cuestiones. La primera es construir una base de apoyo que permita aguantar en los meses siguientes los desgastes naturales de gobernar. La segunda es preparar el terreno para las reformas más difíciles y con costo político más alto. Es a estas últimas –las pesadas, las complicadas, las innombrables– a las que se hará referencia aquí.
A lo largo de los años, en el Perú se ha ido acumulando una suerte de silenciosa conciencia colectiva –compartida en simultáneo entre analistas, técnicos y políticos– sobre cuáles reformas son, simplemente, muy difíciles de hacer. Para algunos, posiblemente el último momento en que hubo algún optimismo respecto de lo que se podía lograr en este campo minado de la política peruana fue durante los primeros días de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hace ya casi diez años. De ahí en adelante, con la excepción del vicepresidente que reemplazó a Kuczynski, los gobernantes han estado en modo de supervivencia más que de gestión empoderada. La mayoría, para ser sinceros, tampoco es que haya tenido ni la intención inicial de emprender gesta compleja alguna.
Simplificando, se puede dividir cualquier gestión –pública o privada– en dos frecuencias. La primera es la referida a la administración regular –del día a día– de cualquier entidad. Llenar los puestos de trabajo, hacer los desembolsos necesarios, recaudar lo que corresponda, mantener un orden mínimo a partir de lo heredado, flotar. Esto es, presumiblemente, lo que tenían en mente tanto Alejandro Toledo como José María Balcázar cuando ambos, con un cuarto de siglo de diferencia, señalaron que gobernar no era difícil. La segunda frecuencia de la gestión tiene que ver con la visión, la dirección y la iniciativa. Levantar la cabeza por encima de la rutina para pensar qué se puede estar haciendo mejor y dedicar esfuerzo al cambio. Lógicamente, esto es bastante más complicado. Pero al mismo tiempo, uno podría legítimamente preguntarse para qué se está en el gobierno si no es para ensayar aunque sea algún cambio interesante sobre la inercia de siempre.
Entre las reformas importantes de las que ya nadie quiere hablar por su alta carga de riesgo político está, por ejemplo, la laboral. Es caro, difícil y poco atractivo contratar formalmente. El compendio de normas laborales del régimen privado tiene 1.811 páginas –es decir, regula todo–, y son aplicadas por juzgados que no siempre son imparciales. La Sunafil tiene enorme discrecionalidad. La informalidad laboral es prevalente en parte, precisamente, porque se ahoga al formal a punta de sobrecostos y regulación. Todo esto se sabe de sobra desde hace décadas. Pero luego del chasco de la llamada ‘Ley Pulpín’ en el 2014, el apetito político por cualquier reforma que tenga apariencia de flexibilidad laboral se perdió del todo. Ahora es un tema tóxico que, convenientemente, se ignora del debate regular. No vaya a ser que algunos grupos de presión organizados –que realmente representan a pocos– se molesten. El costo es una de las informalidades laborales más altas de la región.
Otro ejemplo de reforma que todos mencionan pero nadie se atreve a aterrizar políticamente es la descentralización. ¿Quién podría, con la mano al pecho, argüir que la descentralización funcionó como se quería cuando se planteó hace 25 años? Este asunto es terriblemente complejo, además de políticamente cargado, pero quizá no haya otro más importante si se trata de ordenar el Estado para cerrar brechas y llevar servicios. Se parceló el Perú en pequeños feudos –algunos de ellos inoperantes o corruptos– que hoy luchan por conservar su independencia. ¿Alguien se atreve a proponer una revisión del sistema? Parafraseando la expresión atribuida a Charles de Gaulle sobre Brasil, la mejora de la descentralización es la reforma del futuro, y siempre lo será.
En tercer lugar, la reforma del sistema de justicia es otra iniciativa que podría sonar quijotesca si no fuera porque realmente es urgente. Este sistema sí ha sufrido varias reformas a lo largo de los años, pero de resultados se ha visto poco. La desconfianza ciudadana en el sistema de justicia es enorme. Los expedientes se acumulan más rápido de lo que los juzgados pueden responder –al año pasado, existían casi 4 millones pendientes en ejecución y 1,2 millones en trámite–. El nombramiento de jueces titulares se hace esperar. En un contexto de creciente delincuencia, tener esta pieza clave del estado de Derecho tan descuidada pone la cancha cuesta arriba. Si eventualmente se quiere avanzar en soluciones desde el Ejecutivo o el Congreso, aquí el tacto político es fundamental para no caer en acusaciones de interferencia con órganos independientes. Nuevamente, aquí los intereses creados en no remover mucho la situación actual son fuertes.
Finalmente, la reforma ignorada más cercana a la población posiblemente sea la del sistema de salud. Aquí la ruta también es conocida: mucho más énfasis en atención primaria y preventiva; separación de funciones en Essalud de aseguramiento, por un lado, y la prestación de servicios de salud, por el otro (como se menciona en su propio libro blanco); avance de telemedicina; gestión profesional de compras de medicamentos y equipos; empuje a las APP para hospitales y convenios con el sector privado para acceso a otros centros de atención, entre varios otros. Si todo esto ha tomado tiempo en implementarse –a pesar de encontrarse en planes de hace décadas– es porque los enemigos que se puede ganar uno aquí están organizados y tienen poder. Es una reforma que también se conoce ampliamente, pero que nadie ha podido aplicar. Mientras tanto, los hospitales se mantienen cada uno como otro feudo con ecosistema propio que no responde necesariamente a los intereses de los pacientes. Y así nos malacostumbramos a recibir, o no, atención.
Evidentemente, no se puede aspirar a cumplir con todo esto en un plazo corto. Reformas de este tipo pueden tomar más de un periodo presidencial, y el capital político se agota. Se requiere cabeza, priorización, encontrar coalición política con otros actores, y percibir oportunidades. Con esa mira, la futura presidenta Keiko Fujimori y su equipo sí deberían elegir algunas de estas u otras grandes gestas que se ven lejanas y en las que casi se ha perdido la fe. Las victorias rápidas son importantes y deben buscarse los primeros meses, pero su punto es precisamente abrir la cancha para las reformas más de fondo. Si no es ahora que vamos a intentarlo, ¿cuándo?
