Aunque la presidenta de la República, Keiko Fujimori, abordó en su discurso ante el Congreso diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla y Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidieron en que una de las principales omisiones del mensaje por Fiestas Patrias fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal.
“No se habló de minería ilegal. En el IPE calculamos que van a ser US$12 mil millones de exportaciones y, sin un combate serio, va a ser difícil avanzar siquiera un poco. Ahí no se ha dicho nada y eso preocupa”, comentó Fuentes.
Esta ausencia, es crucial tomando en cuenta que en el 2024, actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal. Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado, según información de IPE.
Pero no solo quedó fuera del discurso la lucha contra la minería ilegal. Según Castilla, la mandataria tampoco explicó cómo impulsará la minería formal ni anunció nuevos proyectos para el sector.
“No se ha dicho nada de minería. No hay ningún megaproyecto que traiga divisas, no se ha hablado de turismo y hay muchos sectores que han sido obviados. Entonces, el detalle vendrá cuando se presente el plan”, mencionó.
Tomemos en cuenta que la minería formal no solo enfrenta una elevada carga burocrática, que puede hacer que un proyecto minero inicie su producción después de 40 años —y hasta 62 años si se trata de un yacimiento de cobre—, sino también los efectos de la inseguridad.
De acuerdo con el Instituto Fraser, al 2025, el 64% de las empresas vinculadas al sector minero consideró que la inseguridad desincentiva la inversión en el Perú, más del doble que en Chile (27%). Este escenario coincide con el avance de la minería ilegal: las denuncias por este delito registradas por el Ministerio Público se duplicaron, al pasar de 1.200 en el 2021 a más de 2.600 en el 2025.
Asimismo, el IPE consideró que afectar la seguridad jurídica de las concesiones, especialmente en un contexto en el que la inversión en exploración minera viene recuperándose debilita las operaciones formales y facilita la ocupación de áreas por parte de la minería ilegal. En ese sentido, proyectos como Michiquillay, Conga, Los Chancas y Haquira, que representan inversiones por US$12 mil millones, tienen sus áreas concesionadas invadidas.
La presidenta tampoco hizo mención a las medidas que impulsará su gobierno, junto con la bancada fujimorista, para derogar las leyes con iniciativa de gasto que vienen debilitando las cuentas fiscales y fueron aprobadas por el congreso saliente.
Para Castilla, ello responde a que Fujimori optó por centrar su mensaje en anuncios “políticamente correctos”. “Sería poco educado decirles, incluyendo a su propia bancada, ‘ustedes han aprobado estas leyes, ahora vamos a derogarlas’. Es como ir a tu casa e insultarte”, precisó.
No obstante, el exministro sostuvo que el nuevo gobierno merece un voto de confianza por parte de los peruanos y consideró importante evaluar su desempeño, especialmente durante sus primeros 100 días de gestión.
