El Gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles su megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, con el fin de que se convierta en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, un fenómeno en auge en este país centroamericano reconocido históricamente por su estabilidad y seguridad.
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En los años recientes, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico y el crimen organizado, y han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.
Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Sudamérica.
El pasado 16 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 con respecto a los principales países en el tránsito de drogas ilícitas, en la cual cita a 23 países, entre ellos todos los centroamericanos.
En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.
En mayo de 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales.
Hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de Rata, y el colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.
Este tipo de perfiles son los que el Gobierno de Fernández pretende enviar al Cacco, al igual que los vinculados a este tipo de organizaciones narcotraficantes en labores de venta y distribución de droga, logística y sicarios.
Paralelo a la nueva cárcel, el Gobierno de Fernández también ha implementado programas para que los presos realicen trabajos como limpieza de maleza en carreteras; ha reducido las visitas conyugales, restringido la cantidad de recipientes de comida y ropa que los familiares pueden llevarle a los presos, retirado enchufes y cables eléctricos en las celdas y cerrado establecimientos dentro de los centros penales donde los recluidos podían comprar artículos.
La presidenta Fernández, quien ha prometido mano dura contra el crimen, insistió este miércoles al Congreso para que avance en la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad, entre las que sobresale una para permitir el trabajo remunerado de los presos en empresas, y que el dinero que generen se dirija a cubrir su manutención, a apoyar a sus familias, a la reparación de las víctimas y a un ahorro personal.
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