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La decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de intervenir Ueno bank, una de las entidades financieras privadas más importantes del país ha desatado una crisis económica y política en la nación latinoamericana, al dejar congelados los ahorros de millones de paraguayos, incluidos recursos del sistema estatal de pensiones. También ha creado una de las mayores crisis políticas para el presidente Santiago Peña desde que asumió la presidencia en agosto del 2023, con opositores cuestionando sus vínculos – y los de algunos funcionarios del gobierno- con la entidad bancaria, a punto de anunciar un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente.
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La causa de la intervención del BCP radica en que se constató que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación.
“Uno de los indicadores fundamentales para evaluar la salud de un banco es el índice de solvencia o capitalización, un indicador que relaciona el patrimonio ponderados por riesgo y permite evaluar si tiene suficiente respaldo para afrontar posibles pérdidas”, señala Elmer Sánchez, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, en conversación con El Comercio. Básicamente, si una entidad, en este caso un banco, tiene los suficientes activos a corto plazo para enfrentar sus compromisos financieros inmediatos. “En Paraguay, la exigencia legal es del 12%, pero en el caso de Ueno Bank este había caído al 6%, la mitad de lo exigido”, anota.
El experto señaló que intervenciones como las realizadas por el Banco Central paraguayo son muy infrecuentes, incluso internacionalmente, y menos aún en tiempos modernos. En el Perú ocurrió el caso del Banco Nuevo Mundo a inicios del milenio, mientras que en Argentina ocurrió el ‘corralito’, en el que el gobierno restringió los retiros bancarios a solo US$250 semanales.
“En esos casos, las autoridades tuvieron que tomar medidas frente a entidades que no cumplían con las exigencias financieras. Se procedió a cerrar bancos y a devolver los depósitos cubiertos por el fondo de garantía, que en aquella época tenía una cobertura bastante menor a la actual”, añade.
El economista recordó que estos problemas fueron parte de un contexto regional de desequilibrios económicos y financieros durante los años ochenta y noventa, en los que varios países latinoamericanos atravesaron crisis económicas importantes causadas en parte por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que otorgaba una participación muy importante al Estado y generó distorsiones macroeconómicas, pero actualmente hay más medidas para evitar que ocurran incidentes similares.
“Hay una lectura positiva de la crisis de Ueno Bank, y es que el Banco Central tiene la capacidad de identificar que una entidad no está cumpliendo con los requisitos mínimos de solvencia e intervenir para proteger a los ahorristas. En ese sentido, el mecanismo de supervisión está funcionando”, destacó Sánchez.
En este caso, investigadores del Banco Central determinaron préstamos irregulares concedidos a empresas vinculadas con el grupo propietario del banco, los cuales contribuyeron al deterioro financiero de la institución.
La gravedad del caso llevó a la detención de varios directivos de la entidad. Según los reportes difundidos en Paraguay, ocho integrantes de su cúpula fueron capturados, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, así como el alto ejecutivo Miguel Almada, de acuerdo con la información de agencias.
“Estamos ante un problema de un banco en particular, no de todo el sistema financiero paraguayo”, explica Sánchez. “Según la información oficial, el resto del sistema funciona con normalidad”.
La crisis financiera adquirió una dimensión política por los vínculos que existieron entre Ueno Bank y figuras centrales del gobierno paraguayo. Y es que el propio presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado propietario de la entidad, hasta abril del 2025, según la información publicada por medios paraguayos.
Su participación empresarial ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, especialmente porque durante su gobierno el Instituto de Previsión Social realizó inversiones en el banco que ahora está en riesgo.
Para Chávez Mazuelos, internacionalista y docente en la Academia Diplomática del Perú, la coexistencia de intereses empresariales y responsabilidades públicas constituye uno de los aspectos más delicados del caso.
“Cuando una persona ocupa un cargo político y al mismo tiempo tiene intereses empresariales se genera un conflicto de intereses”, explica el experto, que sin embargo señala que por el momento no hay indicios de que el Peña haya abusado en el caso o favorecido de manera directa o indirecta a la empresa.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, corre riesgos políticos por el cierre de Ueno Bank. Foto: EFE/ Sebastián Blanco Salazar
/ Sebastian Blanco Salazar
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Al aura de suspicacia se suma la relación entre Ueno y Carlos Carvallo, quien presidió Ueno Holdings – empresa que luego se convirtió en Ueno Bank – y quien desde el 2023 presidía el Banco Central de Paraguay, una coincidencia que generó más de un cuestionamiento sobre la independencia del organismo fiscalizador incluso tres años antes. Carvallo anunció su renuncia el martes 3 y el gobierno anunció su reemplazo un día después, designando al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del emisor, puesto que ya ocupó entre el 2001 y el 2002.
“La cuestión es determinar si existió o no negligencia en la supervisión de esta entidad”, sostiene Chávez Mazuelos. “No se trata solamente de lo que ocurrió dentro del banco. Hay que preguntarse en qué medida las autoridades estaban cumpliendo adecuadamente con su función de supervisión”.
La crisis también ha generado tensiones dentro del propio oficialismo. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual líder del Partido Colorado, pidió públicamente a Peña que actúe con urgencia, garantice la protección de los ahorristas y evite que los responsables queden impunes.
“Los ahorristas, especialmente las personas que, con el fruto de su trabajo diario y actuando de buena fe, confiaron sus ahorros al sistema financiero, deben recibir una respuesta concreta y urgente”, escribió Cartes en una carta abierta al mandatario.
No fue la única figura del partido de gobierno que reaccionó ante la crisis, mientras que el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció que ponía en pausa su precandidatura presidencial por el Partido Colorado para concentrarse en la crisis.
Mientras tanto, senadores de oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Santiago Peña y su vicepresidente además de denunciar a integrantes del directorio del Banco Central por su actuación en la crisis.
“Lo que ocurrió es muy grave. Saquearon el país, saquearon la plata de los jubilados y esto no puede quedar así. No puede haber impunidad”, manifestó Ricardo Estigarribia, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal de oposición en Paraguay.
La iniciativa también ha encontrado respaldo entre sectores de la ciudadanía que reclaman responsabilidades por los fondos comprometidos. Este miércoles, representantes de distintas agrupaciones opositoras anunciaron que buscarán convocar una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar las acusaciones contra ambos integrantes del Ejecutivo.
Para Chávez Mazuelos, el impacto del escándalo podría ir más allá de una eventual acusación parlamentaria. El problema para Peña es que la crisis afecta directamente a una proporción considerable de la población, en particular sectores vulnerables como los jubilados, lo que puede traducirse en un desgaste prematuro del gobernante y su partido en las próximas contiendas electorales, a pesar de la posición dominante del Partido Colorado en la política Paraguaya.
“Puede afectar de manera importante la legitimidad y la popularidad del gobierno. También puede comprometer a Santiago Peña como figura política de cara a futuros procesos electorales y, por añadidura, perjudicar al Partido Colorado, al abrir mayores oportunidades para las agrupaciones de oposición”, advierte Chávez Mazuelos. “Y al margen de las responsabilidades que finalmente se determinen, estamos ante un varapalo político importante”, afirma.
Más allá de las consecuencias inmediatas para los clientes de Ueno y el gobierno paraguayo, existe otra preocupación adicional: que la intervención termine afectando la confianza en las demás entidades financieras del país.
La gente hace fila frente a una sucursal del Banco Familiar con la esperanza de poder retirar sus ahorros o fondos, un día después de que el Banco Central de Paraguay interviniera el banco Ueno en Asunción, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
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En este caso, Elmer Sánchez explicó que las crisis financieras pueden desencadenarse por las llamadas “profecías autocumplidas”, donde el temor de que una entidad bancaria tenga problemas lleva a sus clientes a retirar sus depósitos y puede terminar provocando precisamente la crisis que inicialmente temían.
“Si muchas personas reaccionan de la misma manera, se produce un comportamiento de manada. Todos empiezan a retirar sus depósitos, incluso de bancos que tienen buenos indicadores financieros y que no presentan problemas de solvencia”, explica.
Por el momento, tanto el Banco Central paraguayo como representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay han manejado la crisis insistiendo en que se trata de un problema particular y que el resto del sistema mantiene condiciones de solvencia y liquidez.
Pero para mantener la calma, Sánchez considera fundamentales dos medidas para evitar un desenlace catastrófico: que las entidades financieras puedan responder oportunamente a los retiros de sus clientes y que el Banco Central pueda transmitir tranquilidad y mantenga una comunicación clara sobre la situación del resto del sistema.
“La combinación de ambas medidas puede ayudar a contener el temor y evitar que un problema individual termine convirtiéndose en una crisis sistémica”, destaca.