Todas las piruetas democráticas que Roberto Sánchez ha hecho para mostrarse hasta hoy como alternativa de gobierno encerrarían en el fondo, con más cinismo que hipocresía, un proyecto personal oscuro de manejo del poder presidencial, ni siquiera compartido con sus más íntimos entornos políticos e ideológicos.
Con una agenda oculta así, la más típicamente parecida a la que Pedro Castillo llevó a su elección y a su asunción al poder, a Sánchez no le interesa hacer gobierno sino en apariencia. Le importaría más buscar lo que buscaba Castillo: generar desde la presidencia una ausencia fáctica de gobierno estructural democrático para instalar en su lugar un mecanismo de dominación, presión, control e influencia, directa o indirecta, abierta o subrepticia, sobre los órganos de poder constituidos: Congreso, Poder Judicial, ministerios, Fuerzas Armadas y policiales, BCR, Sunat y SBS.
Se trataría del ensayo tenebroso de un nuevo tipo de vacancia: una gradual y en las sombras de la estructura de gobierno para su reemplazo por la captura autoritaria igualmente gradual del poder en su conjunto, a cuyos nuevos fines y medios podríamos despertar un día demasiado tarde, como casi despertamos demasiado tarde al fallido golpe de Estado de Castillo, por pintoresco que parezca.
Esto que ya pasó con Castillo y que podría reeditarse con Sánchez; es decir, el plan encubierto para poner a la democracia en jaque mate o para destruirla desde adentro, ya tuvo un precedente frustrado a tiempo, en el 2011, cuando Mario Vargas Llosa obligó a Ollanta Humala a jurar por el sostenimiento del sistema democrático ante el peligro de que su inminente gobierno, bajo la ruta socialista de “la gran transformación”, nos llevara a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro o a la Bolivia de Evo Morales.
No estaríamos llegando reiteradamente, desde hace 25 años, a este horroroso abismo político de los planes y poderes ocultos si no fuera por el nefasto sistema electoral que tenemos, incluidas sus leyes y normas, sus jerarquías y administraciones de turno, dedicadas, siempre, a que partidos y candidatos se organicen y compitan solo para ganar las elecciones y no para gobernar. De ese escaso o nulo rigor del sistema electoral en sus filtros, vallas, evaluaciones, calificaciones, controles y supervisiones, provienen los aventurismos políticos de toda clase, como los que hemos visto en la espantosa fragmentación política del actual proceso electoral.
Cuán distinta sería la democracia peruana, menos propensa a desplomarse en sus propios falsos pilares, si tuviésemos un idóneo sistema electoral que hiciera posible, en lo que le toca, un sistema representativo de partidos y a su vez un sistema de gobierno confiable.
En verdad no podemos seguir construyendo democracia en un país a mitad de camino y destino, entre los máximos estándares macroeconómicos y constitucionales y los mínimos indispensables de paz, seguridad, estabilidad y bienestar. Es más: privado, como un castigo fatal, de la predictibilidad que tanta falta le hace, mientras un candidato presidencial como Sánchez juega con la agenda oculta de un eventual mandato suyo.
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