El Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en más de US$64.000 millones y 84 iniciativas de exploración por alrededor de US$1.039 millones. Sin embargo, el país no logra despegar como potencia minera debido a trabas políticas, normativas y sociales, advirtió Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.
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“Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, afirmó durante su participación del webinar “Road to Perumin 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”.
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Torreblanca explicó que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble de lo que establecen los plazos normativos.
Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos en la fase de inversión y 7.400 en la etapa de producción.
La ejecutiva también alertó sobre el impacto de la conflictividad social. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones provocaron pérdidas de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).
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Torreblanca señaló que el Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador y garante del diálogo, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas de influencia minera y manteniendo una estrategia firme contra la minería ilegal.
“Necesitamos empleos formales y seguros, pero para eso se requiere que las autoridades faciliten canales efectivos de comunicación y resuelvan los conflictos de manera oportuna”, puntualizó.
