El Poder Judicial desestimó el recurso de apelación presentado por el exministro Juan Silva Villegas contra la resolución que declaró improcedente su pedido de cese de prisión preventiva por el caso denominado Puente Tarata.
Esta decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ratificando así la disposición de primera instancia, que denegó tal solicitud.
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De este modo, la resolución mantiene vigente el mandato de prisión preventiva por 36 meses dictado contra Silva Villegas, en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.
En su resolución, la sala remarcó que existe la “ausencia de una pretensión impugnatoria concreta” y una “falta de aptitud de los elementos de convicción” ofrecidos para revertir la medida restrictiva.
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Asimismo, recalcó que la defensa del exministro no expuso “argumentos novedosos” para debilitar los “graves y fundados elementos” de convicción, además de que persiste el peligro de fuga y que la prognosis de pena respecto de los delitos de organización criminal y colusión se mantiene.
“Por consiguiente, la decisión de declarar improcedente la medida coercitiva de prisión preventiva, debe confirmarse porque los fundamentos en que se erige la recurrida están acordes a la norma aplicable y a la verificación de que los presupuestos que la justifican se mantienen, frente a lo cual los argumentos del recurso de apelación, en modo alguno desvirtúa la decisión ni los fundamentos en que se sustenta; el recurso deviene en infundado y la apelada se confirma”, acotó.
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La defensa de Juan Silva había solicitado que se varíe la prisión preventiva por 36 meses y se dicte en su lugar una comparecencia con restricciones con impedimento para salir del país.
Entre sus argumentos, aseguraba que existían elementos probatorios que disminuían la responsabilidad penal del exministro del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Silva Villegas está en la clandestinidad desde el 2022.
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En marzo del 2023 el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Juan Silva por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias, y ordenó que se oficie a la Interpol para su captura nacional e internacional.
El exministro es procesado judicialmente por haber intervenido en presuntos actos de corrupción en la licitación de la obra Puente Tarata (región San Martín), así como otras obras de su sector cuyos beneficios habrían sido para empresas chinas.
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Según la tesis fiscal, el expresidente y Silva Villegas serían los líderes de la presunta organización criminal, mientras que el brazo operativo estaría integrado por Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo Gómez.
