Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones determinara la inviabilidad de las elecciones complementarias en una decisión unánime, alegando que la afectación por la instalación tardía de las mesas fue leve y que el cronograma electoral es inamovible por ley, uno creería que esto sería el fin de una controversia, pero parece que esto está lejos de ser así.
Por un lado, tenemos al candidato Rafael López Aliaga reclamando fraude y que la ONPE provocó el caos del domingo 12 de abril con el fin de afectar a los votantes limeños que le hubieran sido favorables si no hubiera ocurrido el desastre que manchó el proceso electoral, y por otro, está Roberto Sánchez, quien llama “al sur andino” a defender el voto.
Lo cierto es que, más allá de flagrantes errores, por decir lo menos, el exjefe de la ONPE Piero Corvetto demostró un pésimo manejo de la situación y una clamorosa incapacidad para el despliegue de material que claramente perjudicó a los votantes limeños y a sus candidatos.
Tal fue la mancha de los comicios del domingo 12 de abril que el procurador del Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal por los delitos de atentado contra el derecho de sufragio (obstaculización), omisión de funciones y colusión agravada.
La pregunta que la justicia deberá responder es: ¿fue un acto intencional demorar el sufragio en Lima o fue solo incapacidad?
Lejos de despejar las dudas, la actuación de la izquierda frente a la renuncia de Corvetto y al allanamiento a su vivienda solo alimenta la sospecha de que ese sector ha perdido un aliado en el ente electoral; ¿si no cómo se explica que el exjefe de la ONPE haya elegido como abogado defensor a Julio Arbizu, militante activo de Juntos por el Perú y excandidato al Congreso por la misma agrupación?
¿Cómo se explica que la congresista Silvana Robles, de Juntos por el Perú, haya enviado un oficio al director general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, solicitando un informe que detalle a los funcionarios responsables de la difusión de imágenes en la diligencia realizada al exjefe de la ONPE Piero Corvetto? Es decir, la difusión de las imágenes de personas en sus domicilios y en pijama solo es válida si el sujeto en cuestión es considerado un enemigo político, si es parte de su argolla, es nocivo y buscan venganza.
No es poca cosa que la señora Robles haya sido ministra de Cultura durante la gestión de Pedro Castillo. El golpe de Estado del 7 de diciembre frustró su permanencia en el Ejecutivo.
Si bien el JNE estima que dará los resultados de la primera vuelta a más tardar el 15 de mayo, la espera por saber oficialmente quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta se ve sazonada por una serie de hechos que solo ratifican las sospechas sobre la gestión de Corvetto.
Faltan 14 largos días para el veredicto del JNE, y eso en el Perú puede ser una eternidad.
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