El censurado exministro del Interior y actual candidato al Senado por Alianza Por el Progreso (APP), Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial (PJ) que ordene a la Fiscalía de la Nación concluir con la investigación que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.
El caso se vincula al contenido de las grabaciones de audios entregados por el capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como el agente ‘Culebra’, que formaba parte de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), y a quien Santiváñez habría ordenado que se le procese disciplinariamente como amedrentamiento.
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En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exfuncionario ha consignado no tener condena por delito doloso y tampoco sentencias vinculadas a temas familiares, alimentarios, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar.
MIRA: Delia Espinoza: Los detalles de la decisión del PJ de aprobar la formalización de la investigación preparatoria en su contra
La Ley de Organizaciones Políticas no lo obliga a consignar que fue censurado y removido de su cargo como ministro del Interior, por su “manifiesta incapacidad” en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector.

Hoy, el exministro busca un cargo por elección popular a través del partido APP, de César Acuña, quien postula a la presidencia de la República.
Santiváñez, además, es investigado por presunto delito de corrupción en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
La tesis fiscal señala que habría buscado ejercer influencias ante magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional (TC) para lograr la excarcelación o cambio de penal del sentenciado Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.


El exministro también fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales doloso, en un caso vinculado a la fuga de Vladimir Cerrón. Por este expediente, fue denunciado junto a la vacada expresidenta, Dina Boluarte.
Además, el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder-Eficcop lo incluyó en una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y otros, por hechos vinculados al caso “Los Waikys en la Sombra” donde es investigado Nicanor Boluarte.
El Comercio solicitó la versión de Santivañez, quien brevemente señaló que el tema judicial estaba a cargo de sus abogados, puesto que él estaba dedicado a su campaña política.
“Eso deben estar solicitándolo mis abogados. Agradecería poder contactarse con ellos porque yo estoy dedicado a mi campaña y estos temas legales están delegados a ellos”, indicó.
Este Diario buscó el pronunciamiento del abogado Junior Mendoza, acreditado como su defensa legal en este caso, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
El caso vinculado a los audios y presunto abuso de autoridad
Según las pesquisas seguidas en la Fiscalía de la Nación, el 16 de julio de 2024, se emitió la Resolución N°. 042-2024-IGPNP/DIRINV/OD.N°07 por el cual se inició un proceso administrativo disciplinario Izquierdo Yarlequé. Este último dio cuenta al Ministerio Público del hecho, al manifestar que dicho procesamiento se habría originado por coordinaciones entre el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez con la Inspectoría General de la Policía.

Esto, con la finalidad de atemorizarlo y evitar que ponga en conocimiento de las autoridades pertinentes su interés, en la investigación penal contra Nicanor Boluarte Zegarra.
De acuerdo a algunos audios difundidos, se le atribuye a Santiváñez Antúnez haber solicitado información a Izquierdo sobre la situación de la investigación que se le seguía -y se le sigue actualmente- al hermano de la expresidenta.
“Lo que pasa es que necesito definir justamente como se dice mis puntos finales. Entonces, lo que quiero saber, más que todo, es que si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info.”
El caso también tiene como elementos de investigación mensajes de Whatsapp enviados por Santiváñez a ‘Culebra’ donde le pediría que controle a periodistas del programa La Encerrona.
Santiváñez, asimismo, le habría pedido información sobre operativos que realizaría la Diviac.
Durante la investigación, de acuerdo a la fiscalía, Santiváñez no acudió a las diligencias programadas para la toma de muestra de voz a fin de realizar un peritaje sobre la misma y los audios investigados.
Además, postergó en diversas oportunidades la la entrega de su equipo celular a través de pedidos de reprogramación. Finalmente, cuando entregó un equipo celular, se determinó que era un teléfono nuevo; y cuando se le pidió su clave para ingresar a sus archivos, no lo hizo.
Sin embargo, de acuerdo a su abogado, el teléfono no necesitaba clave para ingresar.

En una de esas oportunidades, su defensa legal se negó a participar de las diligencias alegando que el plazo se encontraba vencido.
Sin embargo, el juzgado señaló que el plazo para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones alcanzaba hasta setiembre del 2025.
En ese momento, la Oficina de Peritajes-Área de Fonética y Acústica Forense del Ministerio Público emitió el Informe Pericial Fonético-Acústico Forense N.° 259-2025 que concluía que la voz de los audios sí tenían coincidencia con la del exministro del Interior.

La muestra de voz comparada fue tomada de las presentaciones que realizó Santiváñez ante las comisiones del Congreso.
El pasado 10 de diciembre, a través de su defensa legal, Santiváñez Antúnez solicitó el control de plazo de la investigación requiriendo que la Fiscalía de la Nación concluya la investigación y se pronuncie si archiva su caso o presenta la acusación constitucional respectiva.

De acuerdo al escrito, el exministro dio cuenta que por Providencia N.°175 del 27 de noviembre del 2025 la Fiscalía de la Nación le señaló que se emitirá la resolución que corresponda en el plazo de ley, pero a la fecha no ha emitido pronunciamiento.
Ante ello, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, programó la audiencia de control de plazo solicitada por Santiváñez Antúnez, para el próximo jueves 8 de enero a las 11:30 am.















