La DP (Defensoría del Pueblo) está que arde justo cuando festeja sus tres décadas. En el 1996 la fundó Alberto Fujimori, por un compromiso de política exterior, sin saber que estaba lanzando un bumerán, pues el defensor Jorge Santisteban, que en paz descanse, se le prendió como si fuera su más furibundo opositor. Desde entonces, la DF agarró ese prestigio de ente metomentodo que se compra pleitos de ciudadanos que acusan al Estado por acción u omisión.
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Días atrás, en “Cuarto Poder”, un reportaje nos contó que Josué había coincidido en viajes oficiales al extranjero con su esposa Gladys Ancahuasi. No se acusó que sus pasajes fuesen pagados por el Estado, pero se habría registrado un trasiego irregular de viáticos. Un defensor debe ser más celoso que otros funcionarios en estos asuntos.
Gutiérrez ya estaba en la mira de la Contraloría por casos en los que se reunió con gente que luego recibió órdenes de servicio (en sí mismo esto no es prueba de algo ilícito, pero prende las alertas de control) y el Ministerio Público lo ha comprendido en la investigación contra José Antonio Flores, un funcionario de la DF que contrató indebidamente, pues no cumplía el perfil, a Betbiary Díaz Coral. Gutiérrez firmó la resolución de nombramiento.
En el frente parlamentario, Josúe afronta una reciente denuncia constitucional de Analy Márquez, de Juntos Por el Perú (JP), por haber dicho, suelto de huesos, en Exitosa: “Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”.
En mayo del 2023, el pleno del Congreso eligió a Josué Gutiérrez, excongresista nacionalista y exdefensor legal de Vladimir Cerrón, como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Su candidatura recibió 88 votos a favor.
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El análisis no es descabellado, pero la mención sí fue muy imprudente viniendo de un obligado defensor de la institucionalidad. Es cierto que en la misma entrevista aclaró que él no incitaba a la disolución; pero que dibujara retóricamente la figura delató cierta antipatía ante el Congreso actual. Esta es mutua cuando hablamos de la izquierda.
De allí viene la última denuncia constitucional contra él y la moción de remoción de su cargo presentada el jueves, en parte porque esta lo considera traidor a su pasado colorado. La Procuraduría se ha sumado pidiéndole explicaciones.
Entró al parlamento del 2011 en la bancada humalista y volvió en el 2021 como asesor de Perú Libre. Más allá de eso, quienes hemos conversado con él, encontramos a un hombre hábil, palabrero y desideologizado como sus circunstancias mandan.
Todo un caso
Josué merece un capítulo especialísimo en la historia defensorial. Se hizo defensor hilando fino en el 2023. Convenció a sus nuevos amigos de la derecha de que sus viejos amigos de la izquierda se sumarían a consensos, como por ejemplo, votar por los integrantes del TC aunque no tuvieran candidatos propios.
Josué Gutiérrez fue cercano a Nadine Heredia y Ollanta Humala durante el gobierno nacionalista.
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En alguna medida, fue promotor del ‘fujicerronismo’. Ya convertido en defensor, le tocó organizar el concurso para nombrar a los nuevos integrantes de la JNJ (Junta Nacional de Justicia) y el resultado fue un grupo ‘anti caviar’ que, si lo hubiera premeditado, no lo hubiera conseguido tan furibundo.
La derecha lo estima tanto que le perdona ciertas extravagancias en pro de causas de la izquierda, como abogar por Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo o interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra el Decreto de Urgencia 010-2025 que establece la reorganización de Petroperú. En el 2024, el defensor era tan querido por la mayoría congresal que esta aprobó una ley que corrige un desajuste normativo de la DF.
Lo explico: cuando se vence el mandato de un defensor, como sucedió con Jorge Santisteban en el 2000, con Beatriz Merino en el 2010 y con Walter Gutiérrez en el 2022; este no puede continuar en el cargo y debe ser reemplazado por su adjunto hasta que el Congreso elija al sucesor. Eso puede tomar años, como pasó con Walter Albán, adjunto de Santisteban y con Eduardo Vega, adjunto de Merino; que estuvieron de interinos 4 largos años hasta que nombraron al reemplazo. En mayo del 2028, cuando venza su mandato, Josué no tendrá que dar un inmediato paso al costado de la Defensoría. Gracias a la Ley 32028, de mayo del 2024, podrá quedarse el tiempo que sea necesario hasta que el Congreso nombre a su sucesor.