Cuatro bancadas de oposición presentaron una solicitud formal ante la Presidencia del Senado para la remoción del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
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Este último aspecto se refiere a un informe de la Contraloría que cuestionó la contratación de cuatro mujeres en diversos puestos sin cumplir los requisitos necesarios. Específicamente se mencionaron los casos de Betbiary Mariel Díaz Coral, Lucía Yalán Cano, Nicole Marjhory Mingos Medrano y Margarita Yahuana Correa.
“Los cuatro casos comparten un patrón: contacto previo con el despacho del titular de la entidad, sucesión de órdenes de servicio y posterior incorporación a la planilla, con validación de requisitos que no se hallaban acreditados. La reiteración descarta el carácter aislado o fortuito de cada episodio y compromete el deber de dirección y de vigilancia que corresponde al titular del pliego”, advierte el pedido de la oposición.
El procedimiento de evaluación corresponde de forma exclusiva al Senado mediante la Comisión de Procedimientos Especiales. El grupo de trabajo dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para requerir descargos antes de la votación del Pleno.
La remoción del titular de la Defensoría del Pueblo requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de senadores. El acuerdo exige la aprobación de 40 votos de 60 en el Senado para declarar la vacancia inmediata del puesto.
Las declaraciones de Josué Gutiérrez sobre disolución del Congreso
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue cuestionado tras brindar diversas entrevistas sobre la coyuntura política. En ellas, afirmó que si la presidenta Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso obtendría más de 80% de respaldo popular.
“Si la señora Keiko Fujimori decide cerrar el Congreso yo le digo con toda sinceridad no tendría el respaldo de los 60 % que dice según las encuestas tiene respaldo, sino tendría mínimo más de 80 % como lo tuvo su padre en su momento”, señaló en Canal N el 27 de agosto.
El alto funcionario sostuvo además que la disolución del Parlamento representaría un ahorro económico anual de S/3,000 millones para el Estado. Con estos argumentos, consideró que la oposición no debería actuar de manera obstruccionista con el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.