Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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El informe consultivo de la Comisión de Modernización, que dirige la diputada Paola Martínez (Renovación Popular), concluyó otorgar en parte la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar por 120 días.
El informe consultivo de la Comisión de Modernización, que dirige la diputada Paola Martínez (Renovación Popular), concluyó otorgar en parte la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar por 120 días.
El grupo analizó 14 submaterias sobre simplificación administrativa y reforma estructural del Estado.
En el documento, al que accedió El Comercio, la mesa de trabajo declaró que cuatro submaterias eran viables, cuatro inviables y una parcialmente viable.
Paralelamente, indicó que cinco no correspondían al ámbito de competencia del grupo de trabajo.
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—Puntos viables—
El grupo de trabajo determinó que la submateria que busca modificar el marco normativo sobre procedimientos administrativos, así como dictar medidas de simplificación y mejorar la prestación de servicios de las entidades públicas, debe ser declarada viable.
“La propuesta planteada es viable, toda vez que se alinea sustancialmente con el mandato de simplificación administrativa instituido en el TUO de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG), la política de Estado en materia de transformación digital y el Sistema de Único de Trámites (SUT) regulado por el Decreto Supremo N.º 031-2018-PCM”, reza el documento.
El grupo de trabajo también opinó a favor de legislar sobre transformación digital, seguridad digital en el sector público y privado, así como en la digitalización de las actividades y servicios del Estado.
En el mismo sentido, consideró viable modificar la definición de “barreras burocráticas”.
También determinó la viabilidad de fortalecer el régimen aplicable a los derechos de tramitación de las entidades públicas.
—Inviabilidad—
Posteriormente, la comisión de trabajo concluyó que no resulta viable modificar el régimen de las medidas cautelares con el propósito de otorgarles mayor efectividad.
La misma posición adoptó frente a la propuesta para modificar el régimen de los mandatos contenidos en las resoluciones que ponen fin a los procedimientos.
Tampoco encontró viabilidad en modificar el marco normativo sobre mejora de la calidad regulatoria para consolidar la aplicación de estos instrumentos en el Poder Judicial.
Finalmente, se pronunció en contra de legislar sobre la reforma estructural del Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo.
