Sin tener definido el resultado de la Cámara de Diputados sobre el pedido de delegación de facultades, el debate principal ha empezado a centrarse en el rol del Senado al tener la palabra final en el flujo legislativo. La polémica se centra en los alcances de modificación que la Cámara Alta tendrá respecto al texto que reciba de sus pares de la Cámara Baja.
Por un lado tenemos a Fuerza Popular alegando que, bajo la facultad de modificación, el Senado podría rescatar puntos del proyecto original del Ejecutivo que no hayan sido tomados en cuenta por los diputados. Para la oposición –principalmente Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación–, lo planteado por el fujimorismo excede lo dispuesto en el reglamento.
Cada bloque toma su interpretación con base en distintos artículos, tanto en el reglamento como en la Constitución. La oposición izquierdista, por ejemplo, se ampara en el artículo donde se establece que “a través de dichas modificaciones no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados”. Para el oficialismo, rescatar puntos del proyecto original no constituye una materia distinta. Diversos senadores fujimoristas han cuestionado que la interpretación opositora implicaría que la Cámara Alta se constituya como una “mesa de partes” que solo pueda ajustar la redacción de los textos recibidos.
La disputa se definirá a través de una opinión consultiva en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el fujimorista Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional. En dicho grupo de trabajo, la correlación de votos entre el bloque de derecha e izquierda da un empate, donde podría dirimir la presidencia.
Fuera del debate procedimental, esta polémica plantea una discusión de forma y fondo. En la forma, nos muestra los problemas del diseño bicameral establecido por el anterior período unicameral. Me temo que esta será la primera de varias fallas que se irán detectando en los próximos meses, y nos lleva a pensar en la necesidad de una revisión integral para realizar los ajustes necesarios en los reglamentos con el fin de tener claridad en las decisiones parlamentarias.
En el debate de fondo, la resolución de esta polémica tiene un ángulo político que definirá la relación entre ambas cámaras, y entre el gobierno y la oposición. En el terreno político, también tocará ver la correlación de votos en el pleno del Senado, donde el fujimorismo y Renovación Popular tienen solo 30 votos (29, si tomamos en cuenta que el senador César Astudillo es ministro del Interior), y se necesitan 31 adhesiones como mínimo para aprobar modificaciones al texto enviado por la Cámara de Diputados. Al bloque oficialista ya no le servirá la ausencia de un miembro izquierdista –como en la elección de la Mesa Directiva– sino que requiere de ganar un voto de dicho grupo, mirando posibles alianzas con el Partido del Buen Gobierno y Obras. Por lo visto hasta ahora, lo más probable es que los votos claves saldrían desde el grupo político de Ricardo Belmont, tanto para el pleno y para la definición de la opinión consultiva en la Comisión de Constitución.
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