El 17 de agosto, Bolivia celebrará nuevas elecciones generales en medio de una grave crisis económica y social. La experiencia boliviana evidencia que las políticas económicas de un Estado intervencionista –que nacionaliza empresas, controla precios y es desmedido en el gasto público– son insostenibles. El Perú ya lo vivió antes.
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Auge de la crisis
La nacionalización del sector hidrocarburos de Bolivia en el 2006 coincidió con un período de precios internacionales altos, que permitió un crecimiento promedio del PBI de 5,0% durante 2005-2014 y acumular varios años de superávits fiscales. Sin embargo, con la caída del precio del gas desde el 2015 y la ausencia de inversiones en el sector, la producción de hidrocarburos viene cayendo 6,0% anual en promedio entre el 2015 y el 2024. En consecuencia, el crecimiento promedio de su PBI durante la última década se redujo a la mitad y Bolivia pasó de exportar hidrocarburos a importarlos desde el 2022.
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La agudización de la crisis afectó la percepción sobre la economía en la población con miras a las próximas elecciones: según Ipsos Ciesmori, en los últimos dos años la participación de bolivianos que perciben la economía como débil subió de 54% a 84%. Asimismo, la corrupción (52%), el desempleo (50%) y la inflación (46%) se posicionaron como los tres principales problemas del país. En particular, hace dos años, solo el 18% identificaba a la inflación como motivo de preocupación.
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Consecuencias económicas y sociales
La aplicación de múltiples subsidios y un régimen de tipo de cambio fijo generaron distorsiones fiscales y monetarias en Bolivia. Solo el subsidio a los combustibles costó 5,0% del PBI (más de US$2 mil millones) en el 2024, en un contexto en el que se importa 90% del diésel y el 50% de la gasolina. Como resultado, el país cuenta con el espacio fiscal más bajo en la región. Por un lado, una deuda pública de 95% del PBI, su nivel más alto desde el 2003. Por otro, déficits fiscales ininterrumpidos durante diez años, alcanzando en promedio 8,8% del PBI cada año.
Además, mantener el régimen de tipo de cambio fijo consumió las reservas internacionales netas (RIN). Estas se redujeron a solo 4% del PBI, lo cual resulta apenas un séptimo de su tamaño en el 2015. Además, el 95% de las RIN bolivianas son oro, un activo menos líquido que depósitos o valores. En este contexto, desde el 2023, surgió un mercado cambiario paralelo que cotiza el dólar en 14,4 bolivianos (Bs), más del doble que el valor oficial de Bs 6,9.
La escasez de combustibles, la depreciación del tipo de cambio y una posición fiscal cada vez más débil generaron un incremento de los precios. A julio, la inflación total llegó a 25% y la de alimentos a 37,2%, niveles récord al menos desde 1993, sin perspectivas de una corrección en el corto plazo. La mayor inflación incrementará la pobreza, que se mantuvo estable en torno a 40% entre el 2013 y el 2023, incluso durante la pandemia, debido a los altos subsidios de la canasta básica y un esquema de precios controlados. Cabe notar que no se publican aún cifras de pobreza oficiales para el 2024.
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Urgentes reformas
La gravedad de la crisis requerirá cambios sustanciales. Según el FMI, el ajuste del gasto público –eliminación gradual de subsidios y un menor gasto corriente– y la liberalización del tipo de cambio permitirían una recuperación económica hacia el 2030. De manera gradual, la economía retomaría la senda de crecimiento (2,4%) y la inflación se moderaría hasta retornar a un dígito (5,5%). Estas reformas también sentarían las bases para impulsar la inversión privada, que pasó de ser 60% del total durante 2000-2006 a solo el 42% durante 2007-2024.
En un escenario preelectoral en el Perú, los candidatos y la ciudadanía están advertidos sobre los costos y el desenlace de esta experiencia boliviana.
