En lo que va del 2026, la Policía y la Fiscalía han desarticulado, allanado y capturado a integrantes de organizaciones criminales involucradas en extorsiones, presunto favorecimiento en licitaciones públicas, cobro de cupos y el robo de oro. Sin embargo, estos megaoperativos ratifican algo que la Unidad de Investigación de El Comercio había alertado desde 2025: el crimen organizado tiene entre sus filas a personas infiltradas en diferentes partidos políticos e incluso consigue colocarlos como candidatos.
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En lo que va del presente año, suman 12 de los implicados en organizaciones criminales que figuran con afiliación vigente en partidos políticos. Dos de estos afiliados con carnet político incluso figuran como candidatos para las elecciones distritales de octubre próximo: Jhuliana Carbonel de Juntos por el Perú, y Juan Roncagliolo de Fe en el Perú, ambos inscritos en las listas de regidores para La Victoria.
En 2026, van 12 integrantes de organizaciones criminales que figuran como afiliados en partidos políticos.
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La lista de investigados alcanza a organizaciones políticas de todo tipo. Jhuliana Carbonel postulaba con el partido de Roberto Sánchez mientras presuntamente operaba las cuentas de una red de extorsión.
Mientras que Rosa Paredes Castro, quien está afiliada a Fuerza Moderna y es hermana de la congresista Francis Paredes Castro, es investigada como presunta captadora de la red Los operadores del Oriente. A ellas se suman el investigado Manuel López Barrantes, sindicado como brazo operativo de Los Injertos del Callao y Ventanilla, quien está afiliado a Perú Acción, así como otros investigados con carnet partidario en Somos Perú, Acción Popular, Primero La Gente o el PRIN.
El problema no es nuevo y los filtros siguen fallando. Varios de los implicados en las redes de el ‘Monstruo’ y ‘Los Occidentales D.E.S.A.’, que fueron desarticuladas a finales del 2025, todavía figuran como afiliados, a pesar de que los partidos políticos anunciaron sus expulsiones, tras la revelación de El Comercio.
Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel detenida por estra involucrada en la organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’. Foto: PNP / Composición El Comercio
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—Sin acciones concretas—
Tal como sucedió en 2025, los partidos políticos implicados se dieron por desentendidos de la problemática de tener entre sus filas a implicados en organizaciones criminales. Desde Fe en el Perú, el dirigente Boris Paz de la Barra señaló que desconocía del tema. “Si está involucrado que le caiga todo el peso de la ley. El partido deberá proceder mediante un debido proceso”.
De igual manera, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, indicó que la postulación de Jhuliana Carbonel quedó sin efecto tras ser “suspendida” de su militancia. Mientras que, Paul Jaimes, excandidato presidencial y líder de Progresemos, aseguró que, “con más de 52 mil militantes, es difícil controlar las incorporaciones, aunque se procederá con la expulsión”.
En esa misma línea, Manuel Ato, vocero de Primero La Gente, señaló que no conocían la situación legal de Luz Santa Cruz ya que, según alegó, muchos omiten declarar sus antecedentes penales.
Finalmente, Walter Chirinos, del PRIN condenó la situación y remarcó que, al haber sido él mismo víctima de extorsión, el partido tramitará la separación inmediata de su afiliado vinculado al cobro de cupos y la extorsión. En 2025, el mismo Chirinos anunció la expulsión de Evelyn Acosta, vinculada a la red de Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, pero hasta la fecha continúa inscrita, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones.
Martina Hernández, madre de alias el ‘Monstruo’, continúa figurando como afiliada al partido RUNA, liderado por Ciro Gálvez, quien fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.
Martina Hernández, mamá del ‘Monstruo’. (Redes sociales)
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Este Diario intentó comunicarse con los representantes de las demás agrupaciones políticas mencionadas, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
En tanto, el Ministerio Público viene procesando toda la documentación y los celulares incautados en los últimos allanamientos para determinar el alcance real de estas redes, mientras se cumple el plazo de la detención preliminar de los investigados antes de que la fiscalía evalúe los requerimientos de prisión preventiva.
