El pedido de facultades del Poder Ejecutivo registra un pequeño avance en la Cámara de Diputados. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de dicha instancia parlamentaria aprobó, con el voto dirimente de su presidente, Arturo Alegría (Fuerza Popular), el informe de opinión que respalda parcialmente la iniciativa del Gobierno de Keiko Fujimori.
El pedido de facultades del Poder Ejecutivo registra un pequeño avance en la Cámara de Diputados. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de dicha instancia parlamentaria aprobó, con el voto dirimente de su presidente, Arturo Alegría (Fuerza Popular), el informe de opinión que respalda parcialmente la iniciativa del Gobierno de Keiko Fujimori.
La opinión favorable comprende las materias vinculadas con el fortalecimiento de la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global, la remediación de pasivos ambientales, la transición energética, la diversificación de la matriz energética y la promoción de las energías renovables y del hidrógeno verde.
Se trata de una opinión consultiva solicitada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), a 12 comisiones parlamentarias.
Además de Medio Ambiente y Sostenibilidad; la consulta fue remitida a Defensa; Energía y Minas; Economía; Justicia; Desarrollo Agrario; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; Ciencia; Defensa del Consumidor; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.
Tras la sustentación de Alegría se produjo un debate del informe en el que algunos parlamentarios, como María Llaque (Buen Gobierno), señalaron que no tuvieron tiempo de revisar el documento de 10 páginas, debido a que fue presentado de cara al fin de semana.
La votación terminó empatada 9-9, por lo que Alegría tuvo que hacer uso de su voto dirimente como presidente de la comisión.
Los votos en contra provinieron de congresistas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Entre ellos estuvo el de la presidenta de la Comisión de Constitución, que había solicitado la opinión consultiva.
Así votaron
Comisión de Medio Ambiente
A favor
Luis Arturo Alegría García — Fuerza Popular (Voto dirimente)
Geanmarco Antonio Quezada Castro — Fuerza Popular
Pierangeli Daniela Dodero Jovich — Fuerza Popular
María Luisa Silupu Inga — Fuerza Popular
Segundo Senovio Ticlla Rafael — Fuerza Popular
Nary Pinasco Montenegro— Fuerza Popular
Carlos Alberto Yalta Sotelo — Renovación Popular
Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil — Partido Cívico Obras
Javier Jose Maria Cipriani Thorne — Renovación Popular
En contra
Jesús Pérez Alccahuaman — Juntos por el Perú
Giannina Iris Avendaño Vilca — Juntos por el Perú
Jessica Roxana Guevara Ramírez — Juntos por el Perú
Haydee Celinda Poma Huamani — Juntos por el Perú
Pilar Sulca Castillo — Juntos por el Perú
Nora María Llaque Linares — Partido del Buen Gobierno
Nathaly Milagros Molina Soto — Partido del Buen Gobierno
Segundo Juan Castrejon Fernandez — Partido del Buen Gobierno
Harvey Julio Colchado Huamani — Ahora Nación
Abstención
Andrea Medina Stein — Partido Cívico Obras
En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi señalaron que las opiniones consultivas no son vinculantes para la elaboración y evaluación del predictamen por parte de la Comisión de Constitución.
Durante la sustentación del informe, Alegría recordó que la Comisión de Constitución dio como plazo hasta el 9 de septiembre para emitir una opinión. Precisó que la simplificación administrativa y la aplicación del enfoque de riesgo no deberán implicar el debilitamiento de los estándares ambientales.
Además, planteó que el Ejecutivo realice un análisis exhaustivo del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y establezca mecanismos financieros e institucionales que garanticen la remediación suficiente y oportuna de los pasivos ambientales.
Durante el debate, el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación), propuso que la iniciativa se apruebe de manera parcial y expresó sus reparos sobre aplicación de la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales.
“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó el diputado de Ahora Nación.
A su turno, Avendaño sostuvo que cualquier modificación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) requiere un análisis más profundo, debido a que este sistema no solo facilita inversiones, sino que protege derechos relacionados con la vida, el ambiente y las áreas naturales protegidas.
También solicitó recoger las opiniones técnicas del Indecopi, del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y del Ministerio de Energía y Minas ante posibles modificaciones en el sector eléctrico.

Giannina Avendaño, de JP, preside la Comisión de Constitución, pero votó en contra de un informe que llegará a su grupo. (Foto: Congreso)
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La diputada Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú) remarcó, a su turno, que la delegación de facultades no constituye un “cheque en blanco” y que las medidas deberán estar acompañadas de fiscalización, supervisión y monitoreo.
En tanto, Alegría y su colega de bancada Gean Marco Quezada, vicepresidente del grupo parlamentario, cuestionaron que integrantes del grupo parlamentario hayan buscado dilatar la aprobación bajo el argumento de que no pudieron revisar el documento o al solicitar un cuarto intermedio.
“No podemos excusarnos en que fue fin de semana y nuestra gente de despacho no nos alcanzó un resumen y no nos preparó un cuadro”, expresó Quezada.
El informe aprobado, al que tuvo acceso El Comercio, señala que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad opina favorablemente respecto de la solicitud de facultades delegadas formulada por el Ejecutivo para legislar en la materia específica de “fortalecer la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la Certificación Ambiental Global y la remediación ambiental”, contenida en el numeral 11 del literal e) del artículo 2 de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD.
Además, señala que opina favorablemente respecto de la solicitud de facultades delegadas para legislar en la materia específica de “transición energética, diversificación de la matriz y promoción de energías renovables e hidrógeno verde”, contenida en el numeral 8 del literal e) del artículo 2 de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, considerando lo desarrollado en los numerales 1.2 y 1.3 del presente informe.
Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad recomienda la evaluación permanente y el seguimiento de los decretos legislativos que promulgue el Poder Ejecutivo respecto de las materias bajo las cuales ha solicitado facultades, asegurando el cumplimiento de los principios de no regresión ambiental y sostenibilidad en el plazo que determine la ley autoritativa.
En diálogo con El Comercio, Alegría remarcó que promovió la aprobación del documento, debido a que la Comisión de Constitución puso como fecha límite el 9 de septiembre.
Además, precisó que los informes de opinión “no son vinculantes” para la elaboración de un predictamen sobre el pedido de facultades.
Sin avance en Comisión de Constitución
Por otro lado, la Comisión de Constitución finalizó su sesión de este lunes 7 de septiembre sin abordar el tema. Su presidenta, Giannina Avendaño, solo se limitó a informar que invitó para este viernes 11 de septiembre, desde las 2 pm, a los ministros del Interior y Defensa, César Astudillo y Rafael Belaunde Llosa.
Para este miércoles por la tarde ha sido convocado el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
La comisión aprobó por unanimidad, entre otras cosas, incluir el pedido de delegación de facultades como parte de su plan de trabajo. Inicialmente, el proyecto no había sido contemplado dentro de dicho documento.
Avendaño también dio a conocer a los integrantes del consejo consultivo de la comisión. Se trata de Silvia Sánchez Gómez, Carolina Garcés, César Landa, Samuel Abad, Olcha Gavancho León, Miguel Lobatón, Ernesto Aguinaga, Diana Resurrección, Julia Romero y Juan Carlos Díaz Colchado.
Sin embargo, parlamentarios de Renovación Popular y Fuerza Popular se mostraron en contra y pidieron que se añada a especialistas que representen “mayor pluralidad”.



