El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) demandó este jueves al estado de Maryland para impugnar las políticas de santuario de inmigrantes de ese estado, bajo el argumento que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración y que son ilegales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) demandó este jueves al estado de Maryland para impugnar las políticas de santuario de inmigrantes de ese estado, bajo el argumento que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración y que son ilegales.
La demanda, la número 21 contra leyes santuario de inmigrantes, alega que la negativa de Maryland a cooperar con las autoridades federales de inmigración ya ha tenido consecuencias “negativas” sobre la aplicación de las leyes migratorias.
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La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), en Maryland, que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.
El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.
“Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.
El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.
La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.
La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ contra políticas santuario, incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.
Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.
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