El Poder Ejecutivo oficializó hoy el “Plan Multisectorial ante Sismos y peligros asociados 2026-2028” mediante el Decreto Supremo Nº 082-2026-PCM. Esta norma legal apareció en el boletín del diario oficial El Peruano este sábado 30 de mayo.
El Poder Ejecutivo oficializó hoy el “Plan Multisectorial ante Sismos y peligros asociados 2026-2028” mediante el Decreto Supremo Nº 082-2026-PCM. Esta norma legal apareció en el boletín del diario oficial El Peruano este sábado 30 de mayo.
El documento establece los lineamientos para la coordinación de intervenciones entre diversos ministerios y organismos públicos.
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La estrategia busca mitigar la vulnerabilidad de la población frente a la actividad sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico. El plan incluye también peligros derivados tales como tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas de origen glaciar. Estos eventos amenazan la vida y los medios de subsistencia de los ciudadanos en zonas críticas del país.
Un diagnóstico técnico identifica 668 distritos expuestos a sismos, donde 182 presentan un nivel de riesgo muy alto. Asimismo, el registro muestra 55 jurisdicciones vulnerables ante tsunamis y 869 ante movimientos en masa. Cada entidad pública define los distritos de intervención según sus competencias y funciones específicas.
Ejecución y financiamiento estatal
Los ministerios y sus organismos públicos ejecutarán las medidas necesarias para implementar este instrumento de gestión. La norma indica que cada sector asume la responsabilidad de las metas físicas y financieras en sus territorios. La articulación multisectorial previene la duplicidad de acciones entre los niveles de gobierno.
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) supervisa el cumplimiento del plan. Los sectores remiten sus cronogramas de actividades en un plazo de quince días calendario. Además, el Viceministerio de Gobernanza Territorial reporta semestralmente los avances al Consejo de Ministros.
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El financiamiento de las tareas proviene de la disponibilidad presupuestal de cada pliego institucional involucrado. El dispositivo legal prohíbe la demanda de recursos adicionales al Tesoro Público para estos fines. Esta disposición exige a los sectores optimizar sus presupuestos actuales en favor de la prevención de desastres.
El decreto supremo contiene las firmas del presidente José María Balcázar y el primer ministro Luis Enrique Arroyo. También firman el documento los titulares de quince carteras ministeriales, entre ellas Defensa, Salud, Vivienda y Educación. La norma rige desde hoy tras su publicación en la plataforma digital del Estado.
