El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el nombramiento de Never Miranda Aburto como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mediante la Resolución Suprema N° 141-2026-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales.
El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el nombramiento de Never Miranda Aburto como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mediante la Resolución Suprema N° 141-2026-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales.
El cambio en la titularidad de la institución se produce tras la aceptación de la renuncia de Manuel Augusto Montes Boza, quien se desempeñaba como el máximo directivo de la Sunarp desde su designación en el año 2025. La carta de dimisión fue aceptada por el Gobierno expresando el agradecimiento por los servicios prestados.
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El proceso de designación de la nueva autoridad responde a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 26366 que regula el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Según este marco legal, el superintendente nacional es nombrado por el presidente de la República a propuesta directa del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asegurando la continuidad administrativa de la entidad.
Sunarp cuenta con nuevo jefe nombrado por el Ministerio de Justicia.
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Las resoluciones que oficializan estos cambios llevan la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra.
Antecedentes del nuevo titular de Sunarp
Miranda Aburto llega al cargo en el marco de la Ley N° 31419, la cual establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública. Esta norma exige que los funcionarios de libre designación y remoción cumplan con perfiles específicos y criterios de capacidad profesional para liderar instituciones del Estado.
La Sunarp, bajo la nueva dirección, tiene el encargo de mantener la eficiencia en los servicios registrales a nivel nacional. Como organismo descentralizado y autónomo del sector justicia, la entidad debe continuar con sus funciones de inscripción y publicidad de actos, contratos y derechos, garantizando la seguridad jurídica dentro del territorio peruano según los reglamentos vigentes.
