El Gobierno de Bolivia aseguró que hará todo “esfuerzo” para evitar un “derramamiento de sangre”, en medio de la operación policial y militar que se realiza este sábado para desbloquear las carreteras cerradas desde hace 11 días en La Paz y que derivó en enfrentamientos en algunos sitios de ese departamento.
“Vamos a hacer hasta el último esfuerzo para evitar que haya derramamiento de sangre por el uso de la violencia de cualquiera de las partes”, declaró el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa en el Ministerio de Gobierno (Interior), en La Paz.
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La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron esta madrugada una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz y su vecina El Alto con el resto del país.
La operación, llamada ‘Corredor humanitario’, movilizó a 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, según informaron por separado ambas instituciones.
La acción se concentró en una de las carreteras que une a El Alto con Perú, en la vía hacia la región andina de Oruro que también conecta con el centro y oriente del país y en una ruta en el sur de la ciudad de La Paz, aunque en este último lugar, el avance fue frenado por manifestantes que utilizaron explosivos, piedras y armaron barricadas.
Los agentes intentaron avanzar lanzando gases lacrimógenos, pero finalmente se les instruyó replegarse para evitar que se desborde la violencia en el lugar.
Mientras policías y militares avanzaban en el desbloqueo en las carreteras del altiplano, centenares de personas retomaron los cortes de rutas en las salidas hacia esas vías desde las zonas de Senkata y Río Seco en El Alto.
En Río Seco, los manifestantes atacaron a pedradas una estación del teleférico, lo que obligó a suspender el servicio en uno de sus tramos, mientras que kilómetros más allá, chocaron con agentes de la Policía y la Policía Militar que intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos.
Gálvez remarcó que la acción buscó habilitar un “corredor humanitario” para permitir el tránsito de oxígeno medicinal, alimentos, medicamentos y combustibles hasta La Paz, aunque también admitió que tras la operación, los sectores movilizados “radicalizaron” sus protestas.
El portavoz presidencial recalcó que la operación de desbloqueo se enmarcó en las leyes, que en ningún momento se utilizaron “armas letales” y que la intervención de las fuerzas militares y policiales fue solamente “disuasiva”.
“Se les ha instruido bajar la tensión, tratar de que se calmen las aguas porque lo que menos queremos es la pérdida de vidas, no es el propósito usar la fuerza de manera indiscriminada”, apuntó Gálvez.
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La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Además, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se acerca por el altiplano a la sede de Gobierno, adonde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.
El Gobierno ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.
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