El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, dijo que esta medida no es un rescate como los registrados en años previos, pues el financiamiento provendrá de la banca privada internacional.
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“Se habilita una línea de financiamiento de hasta US$2.000 millones. Para eso creamos una sociedad de fondo que será subsidiaria de Petro-Perú, la cual a su vez incluye la constitución de un fideicomiso con una gobernanza técnica a cargo de ProInversión”, explicó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, durante una conferencia de prensa.
Esta línea de crédito se materializará con una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y se utilizará para la compra de petróleo y el abastecimiento de combustible en el país.
Una primera habilitación, que ascenderá a US$500 millones, se contempla en los próximos 15 días, indicó Del Carpio, y dentro de las próximas ocho a 10 semanas se habilitará el monto total.
ProInversión precisó a este Diario que la garantía no financiera es un respaldo de viabilidad operativa para asegurar la cadena de suministros y la confianza de los proveedores estratégicos.
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Asimismo, la entidad agregó que “el compromiso para cumplir con el pago es de un mandato de autosostenibilidad y eficiencia operativa de Petro-Perú”. Es decir, reducir costos y establecer una gobernanza profesional, además de identificar y determinar los bloques patrimoniales de Petro-Perú para concesionarlos.
El plazo para pagar esta nueva deuda será de siete años, detalló Del Carpio.
El funcionario señaló a RPP que entre este año y el siguiente, la estatal petrolera lograría generar los flujos suficientes para asegurar su operación, atender la deuda de la compañía pública y otras obligaciones, como el crédito en cuestión.
“No vamos a esperar siete años para devolverlo. […] Petro-Perú, como Petro-Perú, podrá repagar el capital de trabajo o refinanciarlo directamente”, apuntó.
La creación de una “sociedad o vehículo con propósito especial” contará con la participación de la banca internacional. Asimismo, se establecerá un fideicomiso cuyo protocolo de uso se establecerá en los próximos días, señaló Del Carpio.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y ex director de Petro-Perú, sostuvo que se trata de una medida negativa, pues la estatal no ha mostrado mejoras en término de eficiencia.
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“Lo más grave es que el propio decreto reconoce que Petro-Perú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado. Es decir, el Estado está asumiendo riesgos enormes sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, indicó.
Coincidió con el ex director de la estatal Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). “No hay certeza de que vaya a solucionarse el negocio [de Petro-Perú]. Le están prendiendo todas las velas a que la Refinería de Talara opere al 100% y eso todavía no se está dando. Necesitas combustible, necesitas petróleo que no tienes”, expresó.
Asimismo, resaltó que, si Petro-Perú tiene problemas para pagar este financiamiento, el Estado terminaría pagando la deuda.
Y es que, el Minem, según Tuesta, es el garante en última instancia. Si el ministerio se ve en la obligación de pagar el préstamo, se solicitarían los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Utilizan fideicomisos y vehículos especiales para intentar presentar esto como algo ‘no soberano’, cuando cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado. Todo esto ocurre en un contexto de deterioro fiscal, aumento de deuda y múltiples leyes de gasto aprobadas recientemente. Seguimos socializando pérdidas y trasladando riesgos corporativos al balance fiscal del país”, agregó.
Además…
Electrificación rural
Según el Decreto de Urgencia, los compromisos asumidos para Petro-Perú no afectarán los fondos orientados a electrificación rural del Minem.
Tuesta explica que buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético peruano se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados por los propios ciudadanos en sus recibos de luz. Es decir, hogares y empresas contribuyen vía tarifas a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas. “Mientras millones de peruanos financian subsidios y electrificación para poblaciones vulnerables, el Estado está dispuesto a asumir hasta US$ 2.000 millones adicionales de riesgo contingente para sostener a Petro-Perú”, sentencia Tuesta.
Si el Estado asume más riesgos, más deuda o mayores obligaciones potenciales, se reduce espacio fiscal para otras prioridades.
“En un país donde todavía hay enormes brechas de electrificación, agua, salud y educación rural, el Estado termina priorizando la estabilización financiera de una empresa pública con pérdidas estructurales y patrimonio erosionado”, expresó el también ex ministro de Economía.
Por su parte, aunque Carlos Paredes Lanatta, expresidente de la estatal, resaltó que el dinero no será administrado por Petro-Perú, sino que irá a un fideicomiso administrado por Proinversión, precisó que se necesitará de una gerencia eficiente y transparente con operadores privados que gestionen la empresa, especialistas y personal técnico, y no con personas opuestas al proceso de reestructuración y reorganización.
Este no es el primer salvavidas que se lanza a la petrolera. Según ComexPerú, desde el 2022 se han otorgado más de US$4.700 millones en distintos instrumentos, como apoyos financieros, emisión de documentos cancelatorios, aportes de capital, ampliación de garantías, entre otros. Esta cifra no incluye la reciente medida. Con el monto total de este nuevo rescate, se podrían construir más de 300 colegios de última generación, como las Escuelas Bicentenario, según el gremio.
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Desde el 2013 hasta este decreto, se han destinado a Petro-Perú S/32.000 millones, precisó Tuesta.
Añadió que esta última línea de financiamiento hasta por US$2.000 millones -alrededor de S/8.000 millones-, representa cerca del 40% de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, lo que significaría, por ejemplo, un avance de entre 10 y 11 kilómetros de esta infraestructura ferroviaria.
Con ese monto de financiamiento también se tendrían recursos para construir entre 15 y 20 hospitales de alta complejidad. Además, la cifra representa más de dos veces el presupuesto anual de Pensión 65 y cerca de tres veces el del Programa Juntos.
