El Gobierno oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028” con el objetivo principal revertir la situación de sobrepoblación que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.
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Entre las metas prioritarias se encuentran la reducción del hacinamiento y la mejora de las condiciones de vida para las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como ente competente, dirigirá la ejecución de estas políticas orientadas a la reinserción social y a evitar la reincidencia delictiva.
Implementación y mecanismos de control
La ejecución de las acciones se realizará de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales. Estas instituciones coordinarán los esfuerzos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la resolución ministerial.
El seguimiento y monitoreo de la implementación estará a cargo de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia. Se ha dispuesto un plazo de 15 días hábiles para que se diseñen y presenten los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte que permitirán evaluar los avances del plan de forma permanente.
Finalmente, la normativa faculta al INPE para promover alianzas estratégicas que fortalezcan su capacidad operativa y amplíen la cobertura de asistencia legal gratuita para los internos. El documento completo del plan ha sido publicado en las sedes digitales del Ministerio de Justicia y del INPE para el libre acceso de la ciudadanía.
