Davy explicó que la consolidación de estándares surge de la necesidad de reducir la complejidad creada por la proliferación de marcos de certificación en los últimos 20 años. “Si tenemos demasiados estándares que compiten entre sí para decir que son responsables, la confianza de los inversionistas, de la sociedad civil y de las comunidades se erosiona. Este esfuerzo busca simplicidad y legitimidad, pero sin ir a un mínimo común denominador: debemos llegar al ‘factor común’ que asegure las mejores prácticas”, sostuvo. Agregó que el proceso ha incluido a más de 50 actores de la industria, ONG, academia y gobiernos, y que uno de los desafíos principales es lograr la participación activa de los Estados.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Por su parte, Gratton destacó que el estándar tendrá un modelo de gobernanza multisectorial, con una junta de 17 miembros que incluirá empresas mineras, representantes de la cadena de valor y un presidente independiente. “No queremos un estándar dirigido solo por la industria. Es necesario que el proceso tenga legitimidad y que las decisiones se tomen por consenso. Además, la verificación será independiente y con consulta a comunidades, lo que asegurará que los compromisos no se queden en el papel”, remarcó.
Polo y La Borda detalló los avances de The Copper Mark, considerado la antesala del estándar global, que ya cuenta con 119 unidades operativas en el mundo —40% de la producción mundial de cobre— y que en Perú incluye a Cerro Verde, Coajone, Toquepala, Condestable, Fundición de Ilo y Mina Justa. “Esto demuestra que los estándares no son exclusivos de las grandes mineras: 20% de las operaciones certificadas son medianas. Además de reforzar el manejo de riesgos, estos marcos ayudan a ordenar procesos, atraer talento y adelantarse a las exigencias regulatorias”, afirmó. Sobre el impacto para el país, recalcó que el nuevo modelo de gobernanza abrirá espacio para una mayor participación de actores peruanos en la discusión internacional.
Muga, en representación de BHP, resaltó que la certificación no debe verse solo como un ranking de cumplimiento, sino como una herramienta de gestión. Explicó el concepto de “valor social” desarrollado por la compañía, que guía todas sus decisiones de negocio. “Hemos reducido 36% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año fiscal 2020 y cada proyecto de inversión considera impactos no cuantificables económicamente, como la generación de empleo local o la inclusión de proveedores de la zona”, señaló. Agregó que el desafío para la industria está en comunicar de forma proactiva estos avances. “No basta con hacer las cosas bien, hay que salir a contarlo y reconocer errores para construir relaciones de largo plazo con las comunidades”, comentó.
El panel coincidió en que el estándar consolidado será una herramienta clave para que la minería gane legitimidad social y ofrezca garantías de desempeño homogéneo sin importar el país donde opere. “Si pasa el estándar, significa que está operando como en cualquier parte del mundo, incluso en contextos donde el Estado de derecho no se cumple a cabalidad”, enfatizó Gratton. Asimismo, se destacó que la próxima versión del documento será publicada el 8 de octubre para recibir comentarios en una segunda ronda de consulta global de 40 días.
La sesión cerró con un llamado a los actores peruanos a involucrarse en el proceso. “Estamos definiendo qué tipo de minería queremos: una que cumpla estándares y aporte al desarrollo o una que se acerque a la informalidad y economías ilegales. Este estándar nos da la oportunidad de demostrarlo con hechos y certificarlo ante el mundo”, concluyó Quijandría.
