El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2026 ha sido el más ajustado de nuestra historia. En ese sentido, la primera tarea que tiene el nuevo gobierno es leer correctamente los votos. La polarización política geográfica entre Lima y las provincias pone de manifiesto que existen brechas persistentes y que no ha sido suficiente crecer al 4,1% anual durante el primer cuarto del presente siglo. El desafío ya no es únicamente crecer más, sino hacerlo de manera que genere más oportunidades para quienes han quedado rezagados. Para ello, el nuevo gobierno necesita una estrategia económica coherente. En tiempos de mundial, una forma de entenderla es como un equipo de fútbol: una defensa sólida, un ataque eficaz y un mediocampo que conecte ambos frentes.
La línea defensiva debe proteger uno de los activos más valiosos del país: la estabilidad macroeconómica. Durante los primeros 100 días, el gobierno debe enviar señales claras de responsabilidad fiscal y monetaria. Ello implica preservar la autonomía del Banco Central, nombrar autoridades técnicas y presentar un marco fiscal creíble para el período 2026-2029, consistente con un retorno gradual al cumplimiento de las reglas fiscales. También es necesario poner un candado a las iniciativas de gasto del Congreso y reevaluar la conveniencia y constitucionalidad de las denominadas leyes con impacto fiscal adverso, a fin de modificarlas o derogarlas según corresponda. En esa línea, es clave fortalecer al Consejo Fiscal, dotándolo de mayores recursos e independencia para evaluar la sostenibilidad de las políticas públicas. Asimismo, el gobierno debería presentar un plan concreto para la reestructuración de Petro-Perú, con objetivos claros de sostenibilidad financiera, gobernanza y eficiencia operativa. La credibilidad económica del país depende, en buena medida, de la capacidad de enfrentar estos desafíos de manera transparente y técnica.
Pero ningún equipo gana únicamente defendiendo. El Perú necesita recuperar una senda de crecimiento sostenido y para ello requiere una ofensiva capaz de generar inversión, productividad y empleo. La minería, la agroindustria y el turismo siguen siendo sectores con enorme potencial. Sin embargo, aprovechar plenamente esas oportunidades exige reducir trabas regulatorias, acelerar permisos y mejorar la infraestructura. En particular, una de las prioridades inmediatas debería ser destrabar los principales proyectos mineros que permanecen paralizados o retrasados por problemas administrativos, regulatorios o de coordinación institucional. La inversión minera continúa siendo uno de los motores más importantes para el crecimiento, las exportaciones y la recaudación fiscal.
No obstante, el principal desafío económico del país es la creación de empleo productivo. Y ello depende, fundamentalmente, de la capacidad de las empresas para crecer. Las economías que generan empleos formales y mejor remunerados son aquellas donde las empresas pueden expandirse, innovar e invertir. En cambio, cuando enfrentan regulaciones excesivas, costos elevados o incertidumbre permanente, permanecen pequeñas y la informalidad se convierte en la alternativa dominante.
Por ello, una prioridad de los primeros 100 días debería ser una agenda agresiva de crecimiento empresarial. Esto implica simplificar regulaciones, reducir costos de cumplimiento, facilitar la contratación laboral, mejorar el acceso al financiamiento y agilizar los procesos para abrir, transferir o cerrar empresas. También requiere fortalecer la capacitación técnica y la adopción tecnológica para elevar la productividad. El objetivo no debe ser proteger empresas pequeñas, sino crear las condiciones para que se conviertan en empresas medianas y grandes capaces de generar empleo de calidad.
Entre la defensa y el ataque se encuentra el mediocampo: el Estado. Su tarea es conectar la estabilidad con el desarrollo. Ello exige una descentralización más responsable y una profunda mejora de la inversión pública. Una medida prioritaria sería identificar las principales obras paralizadas del país y establecer metas concretas para su reactivación. Asimismo, resulta indispensable reformar los incentivos del sistema de inversión pública, de modo que premie la culminación de proyectos de calidad y no simplemente la multiplicación de pequeñas obras. Priorizar bien es clave. Complementariamente, la profesionalización de la administración pública mediante la expansión de Servir y una gestión basada en el mérito permitiría mejorar la calidad de las decisiones del Estado.
Las urnas ya hablaron. Ahora corresponde transformar un resultado electoral ajustado en una agenda capaz de unir al país alrededor del crecimiento y la creación de oportunidades. La estabilidad macroeconómica sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente. El Perú necesita un Estado más eficaz, empresas que puedan crecer y generar empleo productivo, y políticas que permitan que los beneficios del desarrollo lleguen a más regiones y ciudadanos. Esa debería ser la hoja de ruta de los primeros 100 días del nuevo gobierno y, probablemente, de todo su mandato. ¡Que ruede la pelota!
