¿Éxito rotundo o atropello humanitario? La guerra contra las pandillas cumple dos años en El Salvador

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Luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron casi 90 asesinatos, el 27 de marzo del 2022 la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una solicitud enviada por la Administración Bukele en la que pedía declarar al país en estado de excepción. Días más tarde, el gobierno también pediría reformar el código penal para endurecer las condenas hacia los pandilleros.

Bukele les había declarado la guerra a las infames Mara Salvatrucha y Barrio 18, las principales pandillas que controlaban el crimen organizado en el pequeño país centroamericano.

Las ‘maras’, como se conoce a las pandillas en El Salvador, tenían presencia en un 80% del territorio nacional dedicándose principalmente al robo, extorsión y tráfico de drogas. Entre sus filas, además, operaban menores de edad a los que utilizaban amparados en que recibirían condenas menos severas.

Por ello, una de las reformas que se planteó al código penal fue la de considerar y juzgar como adultos a los pandilleros a partir de los 12 años.

Pero el gobierno no solo buscó combatir a las pandillas en las calles sino también en las cárceles, donde operaban sus principales cabecillas. Desde la primera semana bajo estado de excepción, los entonces 16.000 mareros que estaban presos vieron limitadas sus raciones de alimentación, se redujeron sus salidas diarias al patio y algunos denunciaron que incluso se les llegó a retirar las colchonetas que usaban para dormir.

De esta forma, Bukele enarbolaba una de las banderas que lo llevó a la presidencia en el 2019 luego de haber prometido combatir la delincuencia que desde hace décadas aquejaba a El Salvador, y que había convertido a El Salvador en el 2015 en el país más violento e inseguro de la región.

Casi de inmediato, el gobierno lanzó también una megacampaña de comunicaciones en la que se encargó de difundir cada logro obtenido en su cruzada contra el crimen organizado. A los cinco días, por ejemplo, el propio mandatario anunciaba que más de 3.000 mareros ya habían sido arrestados.

– Grietas en el plan –

Esta semana, cuando se cumplen dos años de dictada la medida, el gobierno informó que se ha detenido a más de 78.000 pandilleros, además de haberse decomisado 3.939 armas, 21 mil celulares y 8 mil vehículos, entre otros bienes.

Un informe de Amnistía Internacional calculaba el año pasado que en El Salvador 1,7% de la población mayor de 18 años estaba detenida, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.

El método que ha seguido el gobierno durante el estado de excepción ha sido el de desplegar megaoperativos conjuntos entre la policía y el ejército -los cuales han superado los más de 10 mil efectivos en muchas ocasiones- en torno a ciudades y comenzar a cazar a los pandilleros que ahí operan.

Durante los operativos, las fuerzas del orden realizan exhaustivos controles de identidad en las calles y también responden a denuncias vecinales. Esto, sin embargo, ha llevado a que miles de inocentes caigan presos de forma irregular.

La anulación al derecho de comparecer ante un tribunal dentro de las 72 horas después de una detención, además, hace que muchos de estos inocentes vean alargar sus estadías en las cárceles.

El propio vicepresidente, Félix Ulloa, ha reconocido que entre 6 mil y 7 mil inocentes fueron detenidos sin haberse probado que guarden relación con grupos criminales y tuvieron que ser liberados meses más tarde. El funcionario justificó, sin embargo, en que se trataba de un “margen de error”.

El ministro de Defensa, René Francis Merino, aseguró este martes 26 que “el daño colateral en El Salvador ha sido mínimo (…) y por esa razón es algo atractivo para otros países”.

Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos civiles, sin embargo, aseguran que el problema es mucho más profundo.

La organización Socorro Jurídico Humanitario, por ejemplo, alertaba en agosto del 2023 que hay alrededor de 14.000 inocentes presos en cárceles salvadoreñas. Un mes antes, el mismo organismo alertó que 300 personas habían muerto al interior de una prisión desde el inicio del estado de excepción y que el 92% de ellas no tenía relación con las pandillas.

Amnistía Internacional, por su parte, denunció en un informe presentado esta semana que hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal” desde marzo del 2022.

Muchos de estos reos, además, han sido enviados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele que es capaz de recluir a más de 40.000 reos y es considerada la más grande de Latinoamérica.

“Indudablemente, hay tortura de las peores en los centros penitenciarios. Estos son crímenes de lesa humanidad, delitos internacionales que están cometiendo los agentes del Estado”, alertó en junio del 2023 la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, al medio argentino Infobae.

Estos presuntos atropellos durante el estado de excepción, además, también han afectado otros derechos como al de libertad de expresión y prensa, con cada vez más periodistas y analistas amenazados, exiliados o autocensurados por temor a represalias del gobierno.

Como parte de este artículo, un salvadoreño contactado por El Comercio aseguró no poder participar debido a “amenazas y/o advertencias del gobierno”. En el pasado, otros personajes vinculados a la sociedad civil también le han asegurado a este Diario preferir no ser citados o hacerlo bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias de las autoridades.

Esto parece haber vuelto invulnerable a un gobierno que ha mantenido una misma respuesta durante los últimos dos años: el pueblo salvadoreño nunca ha vivido más tranquilo. Y el abrumador 82,66% de votos con los que fue reelegido Bukele en febrero parece así demostrarlo.

El país no solo ha visto caer la tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 2,4 en el 2023, sino que además ha tenido un claro impacto en la economía con la reapertura de negocios luego de librarse de los cupos impuestos por las pandillas y con el turismo creciendo en un 48% del 2022 al 2023.

De momento, el estado de excepción fue ampliado el último 9 de marzo hasta el 10 de abril. “Dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad”, se justifica en la solicitud de ampliación.

“Se ha cometido una barbaridad de ilegalidades que rayan en la criminalidad por parte de las autoridades”