La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el último lunes 31 de agosto, por unanimidad, investigar al legislador Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Entre otros aspectos, las pesquisas buscan determinar si el parlamentario utilizó su poder político para presionarla a retirar la denuncia.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el último lunes 31 de agosto, por unanimidad, investigar al legislador Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Entre otros aspectos, las pesquisas buscan determinar si el parlamentario utilizó su poder político para presionarla a retirar la denuncia.
El informe de calificación elaborado por el equipo técnico de la comisión, al que accedió El Comercio, señala que los hechos implicarían “intentos directos de coaccionar a su víctima” para que dé marcha atrás con la acusación.
El documento fue aprobado por los seis miembros de la comisión: los diputados Henry Albañil (presidente), del Partido Cívico Obras; Jessica Pérez, de Juntos por el Perú; Mery Infantes, de Fuerza Popular; Harvey Colchado, de Ahora Nación; Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno; y Javier Cipriani, de Renovación Popular.
Informe de calificación de la Comisión de Ética
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De acuerdo con el informe, Pérez Mallqui le habría asegurado a su expareja: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer”. Para la comisión, “esto denotaría su intención de hacer uso de su poder político a fin de evadir las acciones de la justicia en su contra”.
El documento aprobado por unanimidad destaca que el diputado fue detenido y trasladado a la comisaría de San Miguel, en Lima, el pasado 30 de julio, tras presuntamente agredir de manera verbal a su expareja e ingresar a su domicilio sin autorización. Añade que dentro de la comisaría, y mientras la denunciante tramitaba la acusación por violencia psicológica, el diputado la agredió físicamente.
Los golpes “según ha referido la agredida, habrían consistido en manotazos, un fuerte jalón de brazos y una zancadilla, amenazándola con la frase ‘te vas a arrepentir de lo que estás haciendo’”.
El informe también señala que Pérez Mallqui se negó a firmar el acta policial aludiendo a supuestas irregularidades. Además, da cuenta que el caso también es investigado por el fiscal supremo de familia, Luis Arce Córdova, por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.
El Comercio reveló recientemente que el diputado ha presentado un escrito ante el Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando una “tutela de derecho” en contra de la fiscalía, al cuestionar y sostener que el informe médico legista practicado a su expareja el 30 de julio pasado era “ilícito”.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará el pedido el próximo 10 de septiembre en una audiencia virtual.
El Comercio también ha informado que Pérez llegó al Congreso pese a registrar tres sentencias por violencia familiar, lesiones culposas y falsa declaración, antecedentes que no impidieron que Juntos por el Perú, del excandidato presidencial Roberto Sánchez, lo incluyera en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados.
La denuncia ante Ética fue presentada por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular.
En la fase de calificación de la denuncia, la comisión determinó que esta cumplió los requisitos, que los hechos podrían constituir una infracción ética y que existen indicios o pruebas que justifiquen una investigación.
El informe de calificación precisa que “los hechos no se refieren simplemente a un conflicto de naturaleza privada”. Agrega que se necesita evaluar, mediante una investigación, qué infracciones al Código de Ética Parlamentario habría cometido.
El documento agrega que la comisión debe “determinar durante la investigación si los hechos atribuidos tienen entidad suficiente para afectar la dignidad de la investidura parlamentaria, la confianza ciudadana y el prestigio institucional del Congreso”.
Pérez tendrá cinco días para presentar sus descargos y será citado a una audiencia para ser interrogado.
Si la comisión determina que el diputado infringió el Código de Ética Parlamentario, puede proponer al pleno de la Cámara de Diputados su suspensión por hasta 120 días. No obstante, entre otras sanciones menos severas se encuentran la recomendación pública, la amonestación escrita pública y la amonestación escrita pública con multa.
El pasado 14 de agosto, Pérez Mallqui calificó el caso como “un accidente confuso”. “Me hubiera gustado que el país me conozca no por este accidente confuso, sino por legislar a favor de la población”, dijo en diálogo con RPP.
El diputado rechazó las imputaciones por presunta violencia psicológica y física. No obstante, dijo que colaborará con las investigaciones.
“A la Comisión de Ética del Parlamento me voy a allanar y voy a colaborar con todas las investigaciones porque soy el primer interesado en que se esclarezca esto”, señaló.
