Durante la campaña electoral se ha sostenido que un presidente sin mayoría en el Congreso tiene un margen limitado para influir sobre el rumbo del país. Sin embargo, esto es falso: el Ejecutivo conserva amplias facultades para incidir en la economía y el bienestar de la población. Lo ocurrido en el último quinquenio del gobierno de Perú Libre es evidencia de ello. Los cambios del nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú son otra prueba de que las prioridades de un Ejecutivo se pueden improvisar ampliamente en función de los incentivos políticos que enfrenta.
Una función clave del Ejecutivo es priorizar el presupuesto público y asegurar su ejecución eficiente. Así, propone los presupuestos de aspectos clave para el desarrollo como salud, de educación y seguridad. Pese a ello, en el último quinquenio, el país evidenció un uso ineficiente del Tesoro. Un claro ejemplo fueron los continuos rescates a Petro-Perú sin condicionarlos a su reestructuración integral. Así, de los S/ 32.100 millones en rescates financieros desde 2013, más del 80% se otorgaron durante los últimos 5 años.
Otro ejemplo de este manejo inadecuado es que, entre 2023 y 2025, el país incumplió al menos 1 de sus 4 reglas fiscales cada año. Ello demuestra que mantener la sostenibilidad fiscal dejó de ser una prioridad para un Ejecutivo complaciente con la aprobación de normas con alto costo fiscal del Congreso.
El Ejecutivo también está a cargo de la política social para enfrentar a la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad. O lo hace bien o improvisa. En 2021, en medio de la pandemia, el Ejecutivo decretó la entrega del bono Yanapay a más de 13,5 millones de personas. Sin embargo, según el FMI, esto se realizó sin un criterio de focalización adecuado y 3,5 millones de personas que no eran pobres o vulnerables fueron beneficiadas. El costo de esta ineficiencia pudo financiar el equivalente al presupuesto anual de programas como Juntos o Pensión 65.
A ello, se sumó una deficiente gestión de los programas sociales: Qali Warma, el programa de alimentación que atendía a más de 4 millones de escolares, fue reemplazado por Wasi Mikuna en 2024 tras irregularidades. Poco después, en 2025, el Ejecutivo anunció la extinción del programa. Esto representó la reestructuración del 36% del presupuesto del Midis, sin un reporte de la situación de la alimentación de los estudiantes.
El Ejecutivo lidera la respuesta frente a la inseguridad y durante las emergencias, pero no lo hizo adecuadamente. En seguridad ciudadana, la alta rotación de autoridades impidió la implementación de una estrategia sostenida, en un contexto en que las denuncias por extorsión se multiplicaron casi por siete desde 2019. Así, solo durante la gestión de Castillo
se nombraron 7 ministros del Interior, con una permanencia promedio de 2,3 meses. A ello se sumó el uso recurrente de estados de emergencia como principal herramienta para enfrentar la inseguridad, pese a la escasa evidencia a favor cuando no están acompañados de acciones de inteligencia, investigación criminal y patrullaje focalizado.
Las respuestas poco oportunas también se evidenciaron durante la crisis de fertilizantes en 2022. Aunque el Gobierno declaró en emergencia al sector agrario en marzo de ese año, la compra internacional de urea fracasó reiteradamente y fue cancelada. Recién seis meses después de la declaratoria de emergencia, cuando el impacto ya se había materializado, los productores recibieron un subsidio para la compra de fertilizantes. Como resultado, la superficie agrícola sembrada entre marzo y julio fue 5% menor que el promedio de las cinco campañas previas, según el Midagri.
La experiencia reciente muestra que es equivocado pensar que la ausencia de una mayoría parlamentaria limita el impacto de un Ejecutivo que improvisa. Tampoco evita que debilite a las instituciones desde adentro con malos nombramientos, lo que afecta negativamente la calidad de los servicios públicos. Es importante elegir entonces un gobierno que priorice el bienestar y fomente la inversión privada. Es la única forma de generar empleo y reducir la pobreza, así como de incrementar la recaudación necesaria para financiar el resto de las promesas electorales.
