El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó que el Estado peruano mantiene la facultad legal de requerir el retorno de Betssy Chávez desde México a través de una extradición, pero saludó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México.
Álvarez enfatizó que la salida de la sentenciada no implica impunidad y declaró de forma taxativa: “El Perú tiene toda la todo el derecho de pedir extradición y allí comprometería a México para que jurídicamente respondan”, comentó en el programa “Esta noche” este 7 de agosto.
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Según el titular de Justicia, esta herramienta jurídica obligará a que las autoridades mexicanas respondan a los fundamentos peruanos para asegurar que la exfuncionaria cumpla su condena ante la justicia ordinaria.
El salvoconducto de Betssy Chávez se otorga tras unos nueve meses de ruptura de relaciones con México en el 2025. La exfuncionaria permaneció refugiada en la sede mexicana en Lima para evadir una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión por el golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
El ministro calificó la entrega del salvoconducto como la decisión jurídicamente correcta para un gobierno institucional. Argumentó que el Ejecutivo actuó en cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954, priorizando el respeto a los tratados internacionales para no perjudicar la presencia del Perú en foros regionales como la Alianza del Pacífico. “Era lo correcto jurídicamente y el gobierno peruano ya no tenía otra opción”.
“Se podría decir que ha predominado el principismo porque el principio jurídico es de que ante la solicitud de un país debe conceder, debe permitir a la persona tomar el avión e ir al país”, explicó
Ernesto Álvarez sobre Pedro Castillo y Alejandro Toledo
Sobre el caso de Pedro Castillo, el ministro Ernesto Álvarez descartó otorgar un indulto, calificando dicha medida como “imposible jurídicamente”. “En este escenario es imposible jurídicamente, el Estado peruano tiene ya una solución jurídica y esto ya es público (…) Políticamente tampoco es necesario porque el presidente Castillo no representa a la izquierda”.
Respecto a Alejandro Toledo, Álvarez precisó que las gracias presidenciales no serán utilizadas como un sinónimo de impunidad. Indicó que cualquier beneficio por razones de salud debe ser corroborado por informes médicos rigurosos, rechazando que la edad sea un motivo automático para eludir responsabilidades por la apropiación de fondos públicos. “Si se corrobora que el cáncer ya es terminal, no se puede pensar que una persona muera en la cárcel”, comentó.
Finalmente, el titular del sector abogó por reformas en el Código Procesal Penal para eliminar el exceso de burocracia en las audiencias. Álvarez criticó que el sistema actual no priorice debidamente al usuario de justicia, prometiendo cambios legislativos que fortalezcan el imperio de la ley y la efectividad de las sanciones penales.
“Es un código fracasado, es un código que no sirve al propósito de la justicia (…) Todo el sistema ha fallado porque se enfoca en privilegiar, en proteger no al consumidor, al usuario, sino al delincuente al que ha delinquido”.
