El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, plantea que el Perú aproveche el actual contexto político regional para promover una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). A su juicio, el actual escenario representa “una oportunidad de oro” para impulsar cambios en el sistema, una propuesta que será planteada a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Lejos de apostar por el retiro del Perú del sistema, su postura apunta a que se promueva una reforma.
En entrevista con El Comercio, Álvarez también hace un diagnóstico del Ministerio de Justicia que ahora le toca dirigir, explica la reforma del sistema penitenciario que se promoverá y detalla el camino que seguirá el pedido de facultades legislativas que se alista a presentar ante el Congreso. Asimismo, señala que se evaluará incluir en estas últimas una modificación a la norma que, según sostiene, está siendo mal utilizada para permitir visitas nocturnas al penal de Barbadillo, reveladas por la prensa.
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— Varios de sus colegas ministros han denunciado públicamente irregularidades detectadas durante el proceso de transferencia. Su caso es particular porque usted fue parte de uno de los gobiernos anteriores. ¿Ha identificado alguna irregularidad en el Ministerio de Justicia que considere necesario denunciar o esclarecer públicamente?
Los conductos legales ya están siendo articulados. Pero se puede mencionar, por ejemplo, que el anterior gobierno no nos ha dejado dinero ni para limpieza ni para seguridad. Y el dinero que se había presupuestado se acabó el 30 de junio. Por tanto, ahora tenemos personal de limpieza que prácticamente nos está prestando sus servicios, literalmente, porque aspiran a que puedan reengancharse y continuar ejerciendo su labor. Algo similar pasa con la vigilancia. Como ustedes habrán visto, prácticamente no hay vigilancia. Es una situación absolutamente anómala que, obviamente, se refiere a una exacerbación de la provisionalidad. Porque una cosa era tener una vicepresidenta como Dina Boluarte; otra cosa era tener un presidente del Congreso como José Jerí. Pero ya el tema de que caiga por una censura y no por una vacancia y que, por poco tiempo, asuma otra persona, y ahora sí vinculada a la extrema izquierda, prácticamente ha permitido que personas extrañas al Estado y, claro, absolutamente divorciadas de los principios que rigen el sector público, como el de austeridad o como el de un sentido del deber, puedan haber manejado ministerios y sectores que son de mucha importancia. Si a Justicia le pasa esto, no sé qué más habrá podido encontrar Interior y Defensa, por ejemplo, que son sectores sumamente delicados.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, aborda los principales retos que enfrenta su sector. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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— ¿La crisis política de los últimos años, y que todos los peruanos hemos visto, ha afectado incluso operativamente a los ministerios?
Y no solamente a los ministerios. Al INPE, por ejemplo. El INPE tiene graves problemas de financiamiento y de sentido del deber, muchas veces, porque han cambiado directores y autoridades dentro de los penales prácticamente a discreción, muchas veces, de bandas criminales. Entonces, la situación es absolutamente irregular. No es que haya malos funcionarios en algunos lugares, sino que son parte del otro bando. Felizmente, tenemos algunos funcionarios que hasta la fecha siguen manteniendo sus puestos y son los primeros que nos han ido informando y señalando algunas posibles soluciones.
— ¿Cuál es su diagnóstico entonces del estado en el que ha encontrado el Ministerio de Justicia?
Igual que [lo dijo] la presidenta: es un Estado catastrófico. No tenemos dinero, por ejemplo, para cosas elementales. No hay para los baños, para la limpieza de baños, jabón, etcétera. Y eso habla de mal manejo. O sea, si la gente que estaba ha hecho desaparecer el dinero de limpieza, no quiero pensar qué ha sucedido con la cooperación internacional o con los fondos de otros subsectores y otras entidades, donde posiblemente alguien que no tiene experiencia en el manejo del Estado, o que no tiene prejuicios para aventurarse, pudo haber pensado que no se iba a notar. Todas estas cosas van a ir saliendo, pero de a poco. Porque paralelamente estamos urgidos del tema de la delegación de facultades, estamos urgidos de controlar penales, de conseguir los cuadros directivos, y eso demanda un esfuerzo considerable.
— Básicamente, entonces encontró un ministerio en crisis…
Sí, pero tampoco esperábamos un ministerio en bonanza. Y eso habla de una conclusión que los electores deben conocer. La inestabilidad política genera no solamente una pésima gestión pública, sino que termina perjudicando a los propios ciudadanos.
“Estamos en la oportunidad de oro para poder negociar […] la reforma profunda del Sistema Interamericano”.
— Su olfato político, su olfato como especialista en derecho, ¿qué le indica? ¿Corrupción, malos manejos o ineficiencia en el Estado?
Son las tres cosas. Por ejemplo, hay casos de investigación interna, casos de corrupción, casos en los que evidentemente no pudo haber sido simplemente negligencia. Pero tenemos que efectuar las denuncias penales de una manera inmediata. Claro, entregando los medios de prueba, pero al mismo tiempo denota una severa crisis de gestión.
— ¿Ya se han formulado denuncias penales por esto que me está comentando?
Eso está siendo trabajado.
— Muchas de las iniciativas, lamentablemente, quedan en el tintero por la constante salida de ministros y la inestabilidad que ha marcado los últimos gobiernos. ¿Cuál será la principal prioridad de su gestión y qué espera dejar para el ministerio y para el país?
Lo primero es un ministerio eficiente que sirva de verdadero asesor jurídico del Gobierno. Lo segundo es cumplir con cada uno de los objetivos que tienen las dos ramas, el Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos. Tenemos pendiente el posicionamiento del Perú pro reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos pendiente la reforma del INPE y de todo el sistema penitenciario, con todo lo que eso significa. […] Luego, en lo inmediato, establecer una especie de concordia, de conciliación entre la Policía y el Ministerio Público, para que exista un solo protocolo para el inicio y desarrollo de la investigación preliminar. Porque ambos, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, todavía siguen con algunas observaciones, con alguna disonancia entre ellos, y esa labor es vital. Luego viene el tema de la flagrancia. El subsistema de flagrancia es defendido por el Poder Judicial, pero lamentablemente ese optimismo no es compartido por el Ministerio Público y tiene que ser reformado. […] Y el otro problema que viene a continuación de la flagrancia es el problema del subsistema de bandas criminales, donde se va a incorporar extorsión, sicariato y secuestro, a pedido del Ministerio Público. Entonces, va a haber un subsistema dedicado exclusivamente a lo que está agobiando en este momento al bodeguero, a los transportistas y a muchos otros ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos. Pero este fenómeno delictivo no encaja en flagrancia y, si se lleva al sistema regular, va a pasar muchos años, porque el Código Procesal Penal consagra audiencias para cada una de las diversas etapas o de las diversas incidencias. Incluso si el fiscal encontrara una prueba, un celular o transcribiera las conversaciones de un chat, después de haber actuado, tiene que diligenciarse una nueva audiencia, con todas las garantías, como si esto fuese Suiza o si no hubiese ningún apuro en encontrar la solución jurídica. Curiosamente, hemos ratificado una visión que teníamos ya desde la academia, que el sistema penal se ha pervertido de tal forma que el garantismo es entendido como que el delincuente y sus derechos y sus garantías son mucho más importantes que la necesidad de la sociedad de encontrar una verdad jurídica y de llevar al delincuente, sobre todo al delincuente violento, al que pone en peligro la vida de las personas, a la cárcel.
“El problema muchas veces no está en los comisionados y en los jueces, sino está en los funcionarios que responden a intereses y a las agendas financiadas por ONG determinadas de carácter internacional”.
— Cuando usted menciona lo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿el Gobierno va a pedir la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Entendemos que esa no ha sido una decisión ni una promesa de campaña ni una decisión del actual Gobierno. No se ha discutido todavía en el Gabinete Ministerial. Pero, personalmente, entendemos que lo que se tiene que hacer es, ante una administración de justicia como la nuestra, que es incierta, que es impredecible —en realidad, todo depende de la calidad o de la ideología del juez que a uno le toque—, necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos, pero que, obviamente, en el contexto político hemisférico, estamos en la oportunidad de oro para poder negociar con los otros representantes ante la OEA de los países que ahora son democráticos, que ahora creen en la democracia y creen en los derechos, pero también en la libertad, negociar la reforma profunda del Sistema Interamericano, incluyendo el cambio de funcionarios, que son los más ideologizados. El problema muchas veces no está en los comisionados y en los jueces, sino está en los funcionarios que responden a intereses y a las agendas financiadas por ONG determinadas de carácter internacional.
El ministro de Justicia plantea cambios en el sistema penal para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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— ¿Va a proponerle a la presidenta Keiko Fujimori la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el Perú tome la posta?
Sí. Esa es una de las banderas no solamente del Ministerio de Justicia, sino, en realidad, de toda la mayor parte de la comunidad jurídica peruana. Que no ignoramos los grandes problemas y contradicciones que existen hoy en día en el sistema, pero que entendemos que no podemos quedarnos simplemente con la administración de justicia que hoy tenemos.
— ¿[Pero] se va a impulsar la salida del Perú del Pacto de San José?
No, imposible. Es una carta fundacional democrática, donde se garantiza un estándar mínimo de derechos y de libertades para los ciudadanos del hemisferio.
“El sistema penal se ha pervertido de tal forma que el garantismo es entendido como que el delincuente y sus derechos y sus garantías son mucho más importantes”.
— Entiendo que el camino entonces es más por una reforma del sistema.
Sí, una reforma profunda para que el sistema cumpla la finalidad por la cual se estableció, incorporando no solamente una correcta y sana interpretación de la Convención Americana, restando ese poder omnímodo que hoy en día se ha adjudicado la propia Corte para reinterpretar los contenidos de la Convención Americana, y tratar de incorporar los mejores instrumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por ejemplo, han normativizado y reconocido la autonomía de los Estados y la heterogeneidad de las sociedades, para evitar mandatos imperativos que puedan estar fuera de los alcances, de los valores y de los principios que rigen determinadas sociedades y naciones.
— Para quienes quizás no conocen mucho de los aspectos técnicos, ¿podría brindar algún ejemplo de decisiones o medidas puntuales en las cuales se hayan excedido desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en sus atribuciones hacia el Perú?
La jurisprudencia considera que lo resuelto en un proceso entre el Estado y una persona es válido para todos los demás Estados. Ese es un tema de falta de protección y falta de incorporación en el proceso. Si Ecuador tiene un problema con uno de sus ciudadanos y la Corte falla, los alcances del fallo no pueden alcanzar al Perú, porque el Perú no ha sido parte del proceso.
— ¿Y en qué casos puntuales recientes ha ocurrido eso?
No quisiera entrar en el debate ya puntual de los casos. Algo similar ocurre con las opiniones consultivas. La opinión consultiva que lograron los médicos de Costa Rica que se dedican a la gestación artificial, a la gestación in vitro, no puede ser obligatoria para todos los demás países, porque no hemos participado ni directa ni indirectamente en la toma de decisión. Y eso ya lo ha recogido Europa. Una cosa es el aborto libre hasta el noveno mes en Inglaterra y otra cosa es tratar de imponerlo en Polonia, Rumanía o Bulgaria. Esos países tienen otra connotación, otro sistema de valores diferente, por motivos de la religión ortodoxa y por diversos factores, por lo que un grupito de jueces, por más autoridad jurídica que puedan tener, no pueden superponerse a la voluntad no solo de los representantes elegidos, sino incluso imponer su pequeña voluntad, su pequeña visión del mundo, a sociedades y naciones enteras. Eso es un despropósito; eso no se puede hacer. Y esa pretensión la tienen tanto en Costa Rica, en la Corte, como en la Comisión, en Washington.
— Otro de los temas que mencionó es el de la investigación preliminar a cargo de la Policía. Se generó en su momento toda una controversia respecto a esto…
Continúa, además…
— Sí. Y por eso quería consultarle. ¿El Gobierno va a insistir en que la investigación preliminar debe estar o va a estar a cargo de la Policía Nacional, en lugar del Ministerio Público? ¿Cuál es la postura del Gobierno?
Básicamente, es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, que ya ha zanjado el tema en una sentencia. Ahora, lo que se está discutiendo es la interpretación de la sentencia. Entonces, sí, hay casos en que la investigación preliminar corresponde a la Policía, porque aspirar a que el fiscal llegue para recién comenzar la investigación preliminar es un sinsentido, no es lógico. Pero también hay casos, como, por ejemplo, la investigación a un aforado, a un diputado o a un exministro, donde debe comenzar la investigación preliminar por el Ministerio Público, porque le corresponde al fiscal de la Nación comenzar las investigaciones, citar a las personas, etcétera.
“Es como si estuviésemos en Suiza y existiera un juez por cada 200 habitantes”.
— ¿Y cuál es la postura del Gobierno frente a esto?
Estamos justamente auspiciando. Ya ha habido tres reuniones. Primero, a nivel de los titulares, con la presidenta de la República, con el fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el que habla y el titular de la Policía, para tratar de alcanzar un solo protocolo, que es un mandato del Tribunal en su sentencia. Un solo protocolo común que establezca cuándo investiga uno y cuándo corresponde, como excepción, al Ministerio Público. Y luego tenemos que también consolidar esos acuerdos con la actuación de los jueces. Porque los jueces, al parecer, en este vacío político, han ido cobrando mucha fuerza y, por ejemplo, ha llegado a un extremo, que es inconstitucional, obviamente, de tener acuerdos plenarios donde hacen control concentrado de las leyes, como si fuesen Tribunal Constitucional. Cuando la Constitución lo único que les otorga es la posibilidad de que el juez, al estudiar y resolver su expediente, un caso incidental, pueda inaplicar una determinada ley, explicando y argumentando por qué es que inaplica. Y esto va en control a la Corte Suprema. Pero no significa que la Corte Suprema pueda hacer control concentrado, estableciendo para todos sus jueces a nivel nacional que una determinada ley no se aplica. Eso no es control incidental.
Ernesto Álvarez Miranda aborda la crisis penitenciaria y las medidas que prepara el Gobierno para enfrentarla. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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— Y este protocolo que usted menciona que se está trabajando ya a alto nivel, ¿podría darnos un estimado de cuándo podría llegar a buen puerto?
Depende de los actores, no depende de nosotros. Nosotros brindamos el espacio, ponemos el tema en la mesa, argumentamos no en favor de ninguno, sino en favor de la sociedad, que es lo que nos corresponde. Pero, obviamente, el tiempo puede ser dos horas o en dos meses.
— Según el Ministerio Público, en el primer semestre del año se han registrado alrededor de 70 denuncias por extorsión y chantaje por día, sin contar, evidentemente, los casos que no llegan a ser denunciados. Emprender, a buena cuenta, se ha convertido en el Perú en una actividad de alto riesgo. ¿Qué mensaje le daría usted a esos ciudadanos y qué hará el nuevo Gobierno frente a esta situación?
Lo primero es denunciar. Haciendo el seguimiento de las cifras, hace cinco años existía la misma cantidad de resoluciones judiciales condenatorias, la misma cantidad que actualmente. Antiguamente, hace cinco años, no había más de 400 denuncias, ahora hay más de 40.000. Pero la cantidad de sentencias condenatorias es la misma, gira entre 200 y 300. Esa es una situación que dice que, o los jueces están actuando de manera incorrecta, tienen mucha carga procesal, o es que simplemente las reglas jurídicas con las cuales tienen que trabajar no son las más adecuadas. Nosotros apuntamos a la tercera posibilidad. Por eso queremos fortalecer el subsistema, para que tenga un procedimiento singular, especialísimo, en el que se pueda alcanzar una sentencia condenatoria antes de los dos meses, y que esta persona no pueda regresar a la calle porque prescribió la acción penal o porque se pasó el tiempo para solicitar la renovación de la prisión preventiva, que son los artilugios normalmente con los que operan los jueces corruptos o los jueces honestos, pero que tienen una sobrecarga procesal. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos. Hay más de 40 tipos de audiencia en el Código Procesal Penal. Es como si estuviésemos en Suiza y existiera un juez por cada 200 habitantes. En nuestro país es absolutamente distinto. El proceso tiene que ser lo más rápido posible, manteniendo y conservando las reglas del debido proceso. Pero no puede haber, por cada incidente pequeño, otras audiencias y con la posibilidad de apelar la decisión a la que llegue ese juez, y con lo que otra vez tiene que ir a una sala, esperar fecha, meses, para que los jueces ya en un pleno resuelvan y regrese el expediente para un pequeño incidente. Es una locura.
“La magia es la que prevalece a la realidad jurídica, a la realidad social y a la realidad económica”.
— Pero estamos ante una problemática palpable. En el día a día hay atentados, extorsiones, todos los días. No es un problema que únicamente compete al Poder Judicial.
Es que el análisis económico del derecho nos habla de que, si el costo es menor que el beneficio, va a haber más delincuentes. Si el peligro de quedar preso y de ser condenado tiene una proporción mucho menor al beneficio del delito, entonces cada vez va a haber más gente proclive a ingresar a las bandas criminales.
— ¿Pero la situación a la que hemos llegado es responsabilidad únicamente del Poder Judicial?
No, en ninguna manera. Es de los legisladores, no de ahora ni de hace cinco años, es de los legisladores que vienen copiando de Costa Rica, Chile —mal copiando, dicho sea de paso—, códigos procesales extremadamente garantistas. Es culpa de los académicos de la especialidad penal o de la especialidad procesal, que privilegian el procedimiento a la solución jurídica. Dicho sea de paso, en Estados Unidos la especialidad procesal casi no existe. En nuestro país, el que gana más es el procesalista, es el mago que hace que un proceso penal o civil dure seis a ocho años, o que prescriba, o que el delincuente, con un hábeas corpus, logre su libertad y, cuando alguien reacciona, ya se fue. La magia es la que prevalece a la realidad jurídica, a la realidad social y a la realidad económica. Entonces, tenemos que cortar eso.
— Pero insisto con la pregunta… hay, por ejemplo, malos elementos en la Policía que se han visto involucrados en bandas criminales…
La mala noticia es que siempre va a haber. Agentes penitenciarios corruptos hay en Estados Unidos, agentes policiales corruptos hay en Inglaterra. Siempre van a haber malos elementos. El tema es que las reglas jurídicas no los ayuden, no estén a favor de ellos, sino que estén a favor de la solución, de los ciudadanos. Pues ya, que haya corruptos, va a haberlos siempre. Pero que primero el delincuente tenga más posibilidades, un alto costo, y el beneficio no compense. Ahí vamos a ver reducido el tema. Y, por otra parte, que el policía encuentre que puede ser detectado por el fuero policial-militar, que lo va a investigar y lo va a meter preso, y va a informar al fuero común. Entonces, mientras más costo pueda existir para el delito, va a haber menos delito. Esa es una regla ya de los teóricos del análisis económico del Derecho. Y lo que sucede hoy en día es al revés.
“La mala noticia es que siempre va a haber [malos elementos]. El tema es de que las reglas jurídicas no los ayuden, no estén a favor de ellos, sino que estén a favor de la solución, de los ciudadanos”.
— La presidenta anunció en su mensaje a la nación, entre otras medidas, una reforma penitenciaria. ¿Cómo se va a implementar esta propuesta, sobre todo la de incorporar a las Fuerzas Armadas en el resguardo de los establecimientos penitenciarios?
Con la vía de decretos legislativos. Porque si bien es cierto la Fuerza Armada interviene en los estados de emergencia, no está previsto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pueda intervenir sin estado de emergencia. Por tanto, ya hemos procedido a declarar estado de emergencia al sistema penitenciario y, vía legislativa, vamos a propiciar que la Fuerza Armada haga control perimétrico de los penales, por lo menos para evitar el ingreso de artefactos indebidos y la presencia de antenas en los alrededores, antenas que sirven para la organización criminal.
— ¿Cuándo los ciudadanos van a poder ver el inicio, la ejecución de esta iniciativa?
El proyecto de ley autorizativa de legislación delegada debe ser entregado a fin de esta semana o, en el peor de los casos, a mediados de la próxima semana, con un cálculo pesimista. El Congreso va a tener que aprobarlo, pero eso también tiene su procedimiento. Posiblemente haya algunos diputados que quieran mantener la confianza de sus representados obstaculizando el tema, pero nosotros confiamos en que la inmensa mayoría va a ser consciente de que, cualquiera sea la representación ideológica, política o social que tenga un diputado o una bancada, por encima de todo, está el deseo de su seguridad. No creemos que una bancada, algunos diputados o muchos diputados, actúen en contra de las necesidades de sus propios electores. Por eso estamos hablando de no más de dos meses, en que podamos tener ya aprobados los decretos legislativos pertinentes en materia de seguridad y podamos comenzar a ordenar el tema penitenciario.
Ernesto Álvarez Miranda, ministro de Justicia, plantea una reforma profunda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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— Durante la campaña, la ahora presidenta Keiko Fujimori prometió crear una comisión de alto nivel para evaluar las denominadas leyes procrimen. ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? ¿La presidenta le ha pedido a usted que el Ministerio de Justicia analice el tema?
Ya estamos analizando. Es más, ya estamos tratando de consensuar nombres para esta comisión, que debe evaluar no solamente las leyes mal llamadas “procrimen”, pero que sí hay algunas que deben ser perfeccionadas o sus términos deben ser más detallados para evitar que puedan servir a la corrupción o a malos funcionarios de justicia. Es más, en realidad todas las leyes están sujetas a evaluación, aun el Código Penal y el Código Procesal Penal, que fueron aprobados con bombos y platillos. En el sector Justicia tenemos una unidad o un sector que está dedicado, con cooperación internacional, para implementar el Código Procesal Penal, que fue una esperanza, pero que en realidad ha sido un fracaso. Hay más delito, es más difícil condenar a un delincuente y no es que sea difícil llevar a la cárcel a un inocente.
— ¿El Gobierno contempla indultar a algún expresidente, sea Pedro Castillo, Alejandro Toledo o incluso Martín Vizcarra?
No. El premier ha dicho que no está en agenda y el ministro de Justicia ha dicho que los indultos y las gracias constituyen, salvo circunstancias excepcionales, instrumentos de impunidad. Son instrumentos de impunidad, y eso está prohibido por la jurisprudencia de la Corte y señalado por la jurisprudencia del Tribunal.
— Se ha conocido una serie de visitas nocturnas al penal de Barbadillo para el expresidente Pedro Castillo y la sensación es que el penal de Barbadillo se ha convertido prácticamente en un centro de operaciones políticas. ¿Qué opinión le merece esto y si es que tomará alguna acción?
Hay una norma legal que faculta a los parlamentarios, al Defensor del Pueblo y a una serie de funcionarios que señala, a visitar día o de noche los penales. Obviamente, eso fue diseñado pensando en la supervisión permanente, en las visitas inopinadas, etcétera. Pero que, lamentablemente, por las deficiencias de un sector de la clase política, esto ha sido muy mal interpretado y mal usado.
Por supuesto. Eso está hecho para la supervisión permanente. Para que la visita al penal por parte de las autoridades no sea un saludo a la bandera, sino que realmente pueda efectivizarse a las cuatro de la mañana, de manera sorpresiva. Pero, claro, eso no se refiere a que un local penitenciario, un centro de reclusión, sea un local partidario.
Vamos a proponer, seguramente dentro de los decretos legislativos, que esa norma sea afinada, sea más detallada y tenga un sentido mucho más restringido.
— Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el Gobierno inicia con un 60% de aprobación. ¿Cómo interpreta el Gobierno esta cifra y qué hará para que no quede simplemente como una fotografía de inicio de gestión? Porque, ciertamente, la ciudadanía está pidiendo resultados inmediatos al Gobierno.
Pide resultados inmediatos que, obviamente, por sentido común, no se van a dar. Se puede empezar a combatir el crimen, pero, así como Ecuador, no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo de El Salvador demoró mucho tiempo, y ellos comenzaron también creando el subsistema. Es una tarea de mediano aliento. Pero eso hay que interpretarlo como la confianza y la esperanza de un pueblo que ha abandonado una etapa muy importante de nuestro país, pero una etapa marcada por la corrupción, por la impolítica —o sea, falta de espacios de entendimiento—, que básicamente fue presidida por el antifujimorismo. Del 2000 hasta el 2026, la historia del Perú habla de antifujimorismo militante como forma de gobernar al país. Todos los gobernantes que han ganado las elecciones llevaban por bandera el antifujimorismo. Y se le dijo en esta candidatura a la presidenta de que hasta… ¿qué cosa era?
[Que] un panetón le iba a ganar. Pues bien, ganó la presidenta y hoy empieza una nueva etapa en el Perú. El antifujimorismo ya no tiene sentido. Ahora, hay que ver los resultados y hay que someterse al juzgamiento del propio electorado.
