La nueva guía establecida por la Administración del presidente Donald Trump para denegar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del estado y puedan convertirse en una carga pública entra en vigor este viernes, una política que en su anterior gobierno (2017-2021) incluso afectó a ciudadanos estadounidenses.
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La instrucción ahora considera más tipos de beneficio público, como asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.
Además, se tendrá en cuenta los beneficios públicos utilizados por familiares (hijos, padres, cónyuges), si el solicitante es responsable de mantener a esos familiares y el beneficio depende de sus ingresos.
También, se evaluarán factores del solicitante, como la edad, el tamaño del hogar, su estado de salud y su historial crediticio.
Incluso si el solicitante de la residencia tiene un patrocinador este no sería, por sí solo, suficiente para demostrar que el inmigrante no será una carga pública y USCIS puede determinar que es una carga pública.
La nueva directriz de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre de 2026, lo que significa que todas las solicitudes de residencia permanente en las categorías familiar y de empleo serán revisadas bajo el nuevo parámetro.
Cualquier solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con sello del correo del o antes del 17 de septiembre del 2026 se evaluará conforme a la regla del 2022, impuesta por el Gobierno del expresidente Joe Bidem (2021-2025), que revirtió los cambios hechos por el republicano en 2019 y relajó la veda.
Aunque las directrices de USCIS no se aplican a las solicitudes que se definen a través de un proceso consular en el extranjero, se espera que los consulados sigan políticas similares.
El abogado de inmigración Fernando Romo aconseja a los nuevos solicitantes someter evidencia de que tienen un trabajo que les permite sostenerse sin pedir ayuda pública, tienen seguro médico privado, y bienes, entre los que se cuentan ahorros, inversiones, o propiedades.
Donald Trump confirma operación para deportar migrantes prevista para este fin de semana. Foto: AFP
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“Todo esos bienes son evidencia de que hay recursos si sucede una emergencia pueden afrontarla sin recurrir a beneficios públicos”, ahondó.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez recomienda a los solicitantes estar pendientes de las acciones legales entabladas contra la nueva guía para detener su implementación.
Esta semana varias ciudades y condados, liderados por Nueva York, presentaron una querella legal para bloquear la nueva norma.
“Los tribunales han detenido una gran cantidad de órdenes ejecutivas de Trump al determinar que son arbitrarias, caprichosas y discriminatorias, opinó que nuevamente se podrá detener este intento”, añadió.