Países latinoamericanos como Perú, Chile y Brasil atraviesan un panorama electoral complejo durante este año en un clima de marcada polarización, pero también en medio de una percepción cada vez más negativa del sistema político y un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
Países latinoamericanos como Perú, Chile y Brasil atraviesan un panorama electoral complejo durante este año en un clima de marcada polarización, pero también en medio de una percepción cada vez más negativa del sistema político y un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
Antonio Moreira Maués, catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal de Pará, visitó recientemente Lima para abordar esta última problemática en el Encuentro de Derechos Humanos organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En diálogo con este Diario, el constitucionalista brasileño analizó cómo han afrontado los sistemas democráticos de la región los discursos autoritarios, y también tuvo tiempo para repasar la actualidad política de su país, en el que recientemente se aprobó un discutido proyecto de ley que reduciría sustancialmente las sentencias de Jair Bolsonaro y decenas de seguidores suyos tras un presunto intento de golpe de Estado en enero del 2023.
Antonio Moreira Maúes es especialista en derecho constitucional y derechos humanos. (Foto: PUCP)
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—¿Cómo ve el estado actual de los derechos humanos y los derechos en general en Latinoamérica?
Tuvimos un momento de ascenso del desarrollo de los derechos humanos que acompañó las transiciones democráticas de la década de los 80 y hay muchos indicadores de ese avance en las últimas décadas del siglo pasado.
Desarrollamos nuevos instrumentos de garantía en las constituciones adoptadas por muchos países, hubo un refuerzo de las instituciones del estado de derecho. El mismo sistema interamericano de protección de los derechos se vio fortalecido en temas como la libertad o la propiedad, algo que también sucedió respecto a los derechos políticos y sociales hasta la primera década del siglo XX.
Esos avances no han sido continuos y lamentablemente durante los últimos 15 años empezamos a ver retrocesos. En todos los campos de DD.HH. podemos decir que la situación no es tan favorable como hace 10 o 15 años y creo que, así como el avance de los derechos humanos de fines del siglo XX estuvo relacionado al avance de la democracia, el retroceso en los años recientes también se asocia al debilitamiento que muchos de los sistemas democráticos sufrieron en nuestra región.
Esto significa algo muy importante: nuestra región necesita seguir avanzando en la democracia para fortalecer los derechos humanos y la protección de estos en todos los campos que eso involucra.
—¿Este debilitamiento de las instituciones democráticas de la región puede deberse a cambios de regímenes y de orientación política? ¿Tiene características propias o se enmarca en una tendencia global?
La crisis de la democracia es global y así lo reconocen hace años la ciencia política y el derecho internacional. Es importante recordar que tuvimos una crisis económica muy grave en el 2009 que provocó muchos problemas en la calidad de vida de la población y ausencia de expectativas de mejora de vida, lo que a su vez generó inestabilidad en los regímenes políticos.
La democracia está basada en el principio de la igualdad política y por lo tanto en los sistemas democráticos la gente quiere que la política también signifique igualdad de oportunidades a nivel social y económico.
Cuando esas promesas no son cumplidas la gente empieza a desasociarse de la democracia e incluso empiezan a votar a candidatos que se declaran contrarios a ella, ’outsiders’ y personas al margen del sistema político. Ellos prometen a la sociedad algo que en realidad no pueden cumplir y sin organizaciones sociales que promuevan reformas para favorecer la sociedad.
En América Latina todos los países y gobiernos siguen enfrentando dificultades para atender las demandas sociales y eso alimenta las acciones autoritarias y las propuestas de los actores autoritarios de debilitar la democracia.
Sin embargo, lo bueno que hay en la región —a pesar de que estas tendencias son mundiales— es que el apoyo a la democracia sigue siendo ampliamente mayoritario.
Tenemos una encuesta muy conocida llamada Latinobarómetro y su último informe indicó en la mayoría de países de América Latina más del 50% de la población sigue apoyando la democracia y solo el 17% el autoritarismo.
Hay un grupo alrededor del 20% y 25% que no se manifiesta, que declara que es lo mismo la democracia que la dictadura, pero lo que es importante es que pese a todas las crisis que hemos pasado la población latinoamericana sigue anclada a la democracia y prefiriéndola a cualquier otro régimen político. Esto es una base para reconstruir nuestros sistemas democráticos y atender las demandas legítimas de la sociedad.
—¿En este viraje peligroso hacia la pérdida de derechos hay un tinte ideológico particular o es un tema más general?
Hay autoritarismos de izquierda y de derecha que han sido responsables del debilitamiento de la democracia en los últimos años. Por eso es que algunas instituciones democráticas necesitan el absoluto respeto de todos los actores y cuadrantes políticos.
Defender la democracia significa, por ejemplo, defender la libertad de ejercicio de los derechos políticos, defender elecciones justas y libres, defender la división de poderes. Ningún político ni partido representa la totalidad de una sociedad, que se caracteriza por ser plural y tiene sectores minoritarios que también requieren la protección de sus intereses. La democracia necesita tratar con igual respeto y consideración a todas las personas, esos son principios básicos más allá de la ideología.
—¿El cuestionamiento constante y el ataque a las instituciones democráticas es el principal peligro para el estado de derecho o hay riesgos más grandes?
Los actores autoritarios utilizan prácticas similares, estrategias similares para debilitar la democracia. Uno de los mejores ejemplos es lo que pasó en Washington en enero del 2021 o lo que pasó en Brasilia en enero del 2023. Se puede entender sin mucha dificultad que las acciones de Trump para cuestionar la elección de Joe Biden fueron el modelo para que Bolsonaro hiciera lo mismo con la elección de Lula da Silva en Brasil.
Sabemos que en muchos otros países hay acciones políticas similares. Esto significa que los actores autoritarios —en este caso los de derecha— trabajan de una manera articulada.
Sin embargo, conocemos también cuáles son las formas de resistir adecuadamente ante esas acciones autoritarias. Si hay sectores importantes de la población que defienden la democracia significa que podemos tener liderazgos y partidos políticos que también la defiendan y que por tanto se pongan en contra de esos discursos, al mismo tiempo que sostienen la independencia de los órganos judiciales y el respeto del sistema electoral.
Hay algunos países donde esos controles han funcionado mientras que en otros seguimos con las amenazas autoritarias. En muchos países de Latinoamérica el proceso democrático está muy erosionado, pero creo que tenemos más para seguir defendiéndolo porque es el único sistema político que garantiza los derechos humanos de la población.
—Mencionaba a Jair Bolsonaro. Teniendo en cuenta el debate que hay alrededor de la posible reducción de la pena que viene purgando por golpe de Estado, ¿esto último es viable judicialmente?
Desde el punto de vista político es importante destacar que el 30% del electorado brasileño es bolsonarista. Si un movimiento político tiene ese tipo de apoyo social se puede prever que su agenda tendrá impacto sobre el Congreso Nacional.
Hay pruebas de que el golpe de Estado [pretendido por Bolsonaro] habría sido cruento y sangriento. Según los documentos que se encontraron en las investigaciones se preveía incluso el asesinato del juez Alexandre de Moraes de ser necesario. Pese a todas estas pruebas, una parte importante del electorado brasileño no cree en ello porque está ‘contaminado’ por las campañas de desinformación y, lo que es peor, defiende un golpe, un gobierno autoritario y una dictadura militar para Brasil.
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
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Con respecto a la sentencia, hay que destacar que lo que querían y siguen queriendo los bolsonaristas era distinto. Buscaban una amnistía que se debía aprobar en el Congreso mediante una ley de perdón para todas las personas que participaron del intento de golpe de Estado.
Esto beneficiaba directamente al mismo Bolsonaro permitiéndole salir de prisión, que actualmente es domiciliaria por condiciones de salud. Con esto lo siguiente podría ser incluso presentar su candidatura presidencial otra vez al quedar amnistiado.
No obstante, hay una resistencia de la sociedad. Si hay un 30% que apoya a Bolsonaro, creo que hay un 40% que entiende que sí hubo un golpe de Estado y que el proceso judicial está sancionando correctamente a sus responsables.
Lo que el Congreso terminó aprobando no ha sido de ninguna manera una amnistía, pero sí un cambio en el cálculo de las penas porque Bolsonaro y los miembros de su organización han sido condenados por dos crímenes: golpe de Estado y abolición violenta del estado de derecho, que son distintos según la legislación brasileña.
Ambos tienen castigos duros y por cómo se cometieron esos dos crímenes la suma de las penas significó para Bolsonaro una sanción de más de 20 años en la cárcel. El Congreso no sumó las dos penas y los involucrados son sancionados solo por uno de los delitos, aunque hayan cometido los dos. Eso redujo la pena en algunos años, pero no fueron tantos en el caso del expresidente porque seguirá cerca de 20 años recluido.
Pese a ello, sí hay un tema adicional importante y que finalmente deberá ser decidido por el Supremo Tribunal Federal. Es algo muy técnico, pero en líneas generales se puede decir que ese proyecto [para recalcular las penas] fue vetado por el presidente Lula da Silva y la semana pasada el Congreso mantuvo ese veto para algunos artículos y lo ignoró para otros.
El problema es que el Congreso no puede hacerlo de acuerdo con el derecho brasileño. El Poder Ejecutivo puede vetar un proyecto de ley íntegra o parcialmente, pero si hay un veto total por parte del presidente el Legislativo solo puede omitirlo también totalmente y mantenerlo tal como lo aprobó.
El Congreso Nacional actuó de una manera que no respeta ese límite, convirtiendo el veto integral del presidente en uno parcial y desechó solo una parte de los artículos del proyecto de ley. Esto seguramente será debatido en el Supremo Tribunal Federal y, aunque esa ley sea promulgada el próximo mes, la discusión seguirá abierta.
“Bolsonaro ha sido un modelo para Latinoamerica como Trump fue un modelo para él”
—Mostraba a Bolsonaro como un líder popular pese a los cuestionamientos, como sucede con personalidades similares en la región. ¿El sistema democrático actual ya no tiene respuesta y encuentra limitaciones para encarar la aparición de estas figuras?
Aquí hay un equilibrio que no es fácil de alcanzar. Todas las democracias tienen mecanismos de protección y en Brasil tenemos muchos basados en nuestra misma Constitución.
La democracia en Brasil es lo que algunos autores llaman “democracia militante”. Hay libre expresión, libertad de organización política y un sistema electoral muy abierto, pero la Constitución limita lo que los actores políticos puedan hacer. En mi país, como en otros, la democracia tiene instrumentos para defenderse del autoritarismo, no solamente cuando grupos políticos recurren al uso de la violencia para llegar al poder, sino también cuando violan constantemente las reglas electorales.
La primera condena de Bolsonaro no ha sido por el intento de golpe de Estado, fue por abuso de poder político. El Tribunal Superior Electoral, respetando el debido proceso, lo inhabilitó por ocho años porque utilizó ilegalmente el poder de la presidencia durante su campaña a la reelección. Es legítimo que la democracia tenga esos instrumentos y los accione cuando sea necesario.
Sin embargo, para eso hay que respetar muchísimo el debido proceso legal. La legitimidad de la condena de un liderazgo político solo existe si las cortes comunican a la sociedad de manera muy clara y evidente cuáles han sido las razones para esta. Seguramente nunca se podrá convencer a toda la gente, sobre todo cuando siguen a figuras populistas, pero es importante activar estos instrumentos de defensa de la democracia cuando esta es sometida a un ataque coordinado.
Bolsonaro ha sido un modelo para Latinoamérica como Trump fue un modelo para él. Cuando Bolsonaro surge entre los años 2016 y 2017 como candidato fuerte a la presidencia es llamado el ‘Trump de los trópicos’ y él mismo buscó para esa exitosa campaña el apoyo financiero y las estrategias mediáticas —sobre todo en las redes sociales— que Donald Trump había utilizado.
Luego de ganar las elecciones en el 2018 empiezan a aparecer sus clones en Chile, Centroamérica, Colombia e incluso en Perú, pero eso viene en realidad de la elección de Trump.
Esos actores autoritarios de derecha populista trabajan de una manera muy articulada. Por eso es interesante conocer distintas experiencias para saber lo que ha funcionado más o menos en distintos países de cara a defender el sistema democrático.
—Esta articulación y acuerdos parecen no verse demasiado en actores democráticos y de posturas aparentemente más dialogantes. ¿Realmente estas figuras no tienen ese mismo nivel de coordinación?
En este momento es necesaria una coalición democrática de sectores de centro, de derecha e izquierda, liberales y socialistas. Esa coalición democrática es la que finalmente, con respaldo social, puede hacer que la democracia resista los intentos de erosión.
Cuando no existe esa coalición la primera tarea de los demócratas es formarla. Se trata de buscar los actores —insisto— de centro, derecha e izquierda que aceptan sobreponer sus grandes diferencias para defender la demócrata, ese es el antídoto más importante.
Además de eso, cuando ya existe alguna coalición democrática, se debe cuidar de las instituciones, impedir que los poderes del Estado sean controlados por los actores autoritarios.
Las historias de nuestros países son muy distintas, pero creo que sí hay razones para para tener esperanza. En ningún país de Latinoamérica la erosión democrática ha generado la imposibilidad para la continuidad de democracia. Seguimos teniendo un apoyo social mayoritario a ella, actores democráticos y lo que hace falta es que estos se encuentren y busquen respaldo electoral para defender ese sistema que finalmente puede proporcionar avances más sostenibles para nuestras sociedades.
