Empresas cuestionadas tienen contratos en Provías Nacional por S/1.396 millones desde el 2018

El 31 de enero de este año, luego de tres meses de idas y vueltas administrativas y un fallo judicial, se suscribió el contrato entre Provías Nacional (PVN), la gran unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y el Consorcio Calemar por un servicio de gestión y conservación vial en la sierra de La Libertad, valorizado en S/213′026.933,51.

El contrato sería uno más de los que PVN firma cada año de no ser porque un día antes se realizó el operativo del Caso Los Intocables de la Corrupción –relacionado con obras de Provías Descentralizado (PVD), la otra unidad ejecutora del MTC–, el cual hizo sonar las alarmas de PVN, como lo evidencia el informe 047-2024-MTC/20.7, del 16 de febrero.

En el documento de PVN, que El Comercio revisó, se mencionan los siete contratos que la empresa española Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) –parte del Consorcio Calemar–, tiene a la fecha en PVN en asociación con otras firmas. En seis de esos proyectos se consorció con Termirex S.A.C., empresa peruana ligada a Luis Pasapera Adrianzén y sus hermanos, también mencionada en el informe.

Esto porque Tapusa y Termirex se consorciaron en Tintay y Pampas, dos obras de PVD que el Equipo Especial de la Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga por presunta entrega de sobornos por Los Intocables de la Corrupción.

El informe de PVN también señala a Corporación Imaginación (otra compañía ligada a los hermanos Pasapera) y China Gezhouba Group Company Limited Sucursal del Perú, que en PVD ganaron Samegua, la tercera obra investigada por el Eficcop por supuesta entrega de coimas.

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En Provías Nacional, China Gezhouba tiene un contrato por S/444′229.695,84 en sociedad con otra firma.

En total, Tapusa, Termirex y China Gezhouba obtuvieron, a través de consorcios, ocho contratos en PVN, por S/1.396′592.083 en total. Todos esos proyectos se adjudicaron luego de agosto del 2018, época en que Martín Vizcarra era presidente.

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De acuerdo con la investigación del Eficcop, el exmandatario sería el líder de Los Intocables de la Corrupción, la presunta organización criminal que habría operado en el MTC durante su gobierno.

En la tesis fiscal, Los Moqueguanos, el grupo cercano a Vizcarra, ocuparon altos cargos en el MTC desde el 2018. Carlos Lozada, señalado como parte de ese grupo, fue jefe de PVN desde abril de ese año.

En febrero último, además, este Diario informó que Los Moqueguanos controlaron la elección de los comités de selección de las licitaciones de PVN.

Relación contractual

Como se indicó, la información sobre los ocho proyectos ganados en PVN por las empresas vinculadas al Caso Los Intocables de la Corrupción aparece en el informe del 16 de febrero. Este documento fue remitido por la Secretaría Técnica de PVN al director ejecutivo de la entidad, Alexis Carranza, con el asunto “Aplicación de medidas preventivas contra las personas jurídicas vinculadas a presuntos actos de corrupción de funcionarios”.

Como antecedente, el informe menciona la indagación del Eficcop a Carlos Revilla, exjefe de PVD y otros exfuncionarios de la entidad. Luego indica que China Gezhouba, Corporación Imaginación, Tapusa y Termirex son “las empresas involucradas en los presuntos actos de corrupción de los tres procesos de selección cuestionados”. Esto en referencia a Samegua, Pampas y Tintay, las obras que el Eficcop investiga. Sobre estas firmas, el documento dice que “a la fecha la entidad [PVN] viene sosteniendo una relación contractual con las empresas vinculadas a presuntos actos de corrupción”.

Según fuentes de El Comercio, los ocho proyectos siguen en ejecución.

Además de esos casos, hay un noveno: la licitación para construir el puente Carrasquillo (Piura), en la que hay una disputa jurídica entre un consorcio integrado por Tapusa y otro formado por China Gezhouba. El valor de esta obra supera los S/400 millones.

Precisamente, en el informe de Provías Nacional se señala que hay una problemática “de permitir que empresas investigadas por prácticas corruptas continúen contratando con el Estado”.

Si bien las cuatro compañías que lograron las tres obras en Provías Descentralizado no son investigadas por el Eficcop, el documento de PVN dice que “resulta necesario analizar qué mecanismos se pueden implementar a fin [de] que, en tanto se defina la situación jurídica” de esas firmas “en el proceso penal, el Estado pueda no suscribir contratos con empresas imputadas de emplear prácticas corruptas”.

Actualmente, solo Termirex está inhabilitada para contratar con el Estado. Fue a raíz del Caso Puente Tarata, del 2021, el primer escándalo de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. En este proyecto, Termirex se consorció con Tapusa para construir el puente, que fue licitado por Provías Descentralizado.

Solicitud

El informe de PVN del 16 de febrero recomienda a su jefe trasladar el documento a la procuraduría anticorrupción, con la intención de plantearle un pedido para que las cuatro compañías cuestionadas sean incorporadas al proceso del Caso Los Intocables de la Corrupción, así como la imposición de medidas preventivas contra estas personas jurídicas.

Ese mismo día, Alexis Carranza envió el oficio 126-2024-MTC/20 a la procuradora anticorrupción Yudith Villegas. En el documento, el jefe de PVN traslada la recomendación del informe 047-2024: pide a la procuraduría que evalúe si puede requerir que las firmas cuestionadas sean incorporadas en el “proceso seguido por el Eficcop, toda vez que a la fecha Provías Nacional viene sosteniendo una relación contractual con las empresas vinculadas a presuntos actos de corrupción en Provías Descentralizado”.

El Comercio pudo conocer que la procuraduría anticorrupción está analizando la información remitida por Provías Nacional.

Para Cecilia Ruiz Morales, abogada especialista en contrataciones con el Estado, los proyectos de PVN pueden ser fiscalizados. “Las OCI [Oficina de Control Interno] de cada entidad podrían fiscalizar estos procesos que están en ejecución contractual y eso es muy importante que se realice”.

Al ser consultada por los entes que deberían actuar en una situación como la descrita, Ruiz afirmó: “El sistema de abastecimiento de nuestro país está liderado por el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]”. Además, se preguntó “qué está supervisando” el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE).

Además de la procuraduría anticorrupción, PVN envió al MEF, el 19 de febrero, el oficio 128-2024-MTC/20, en el que solicita que se les informe sobre “las medidas que estarían adoptando para impedir que proveedores inmersos en prácticas corruptas continúen participando y contratando en los procesos de selección”.

Descargo

Este Diario buscó los descargos de las firmas mencionadas. Solo Tapusa contestó.

A través de un correo electrónico, sostuvo que “no forma parte de ninguna investigación fiscal relacionada con prácticas corruptas”, y que no está impedida para contratar con el Estado. Luego indicó que los contratos adjudicados como integrante del Consorcio Tintay y del Consorcio Puente del Sur (Pampas) fueron mediante sorteo. Finalmente, señaló que mantienen “una máxima colaboración con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos”, y que se rigen por un estricto código de ética y buenas prácticas anticorrupción.