Pese a los cuestionamientos, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), tiene previsto debatir este martes el predictamen de reforma constitucional que desaparece la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea, en su lugar, la “Escuela Nacional de la Magistratura”. Esto sobre la base de un proyecto impulsado por Gladys Echaíz (Renovación Popular).
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el actual presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, se mostraron en contra de la iniciativa. En tanto, la Academia de la Magistratura remitió su opinión institucional calificando como “inviable” el proyecto.
“Consideramos que, por lo menos en este momento, no sería factible implementar”, advirtió ante la propia comisión el titular del Ministerio Público. “Yo no desearía calificar si es constitucional o no. Para mí, lo más apropiado sería que el Poder Judicial antes que se apruebe esa modificación a la legislación se pronuncie sobre dos miembros de la Junta Nacional de Justicia porque tienen derecho al pronunciamiento”, afirmó, por su parte, De la Haza en Canal N.
Como se trata de una reforma a 14 artículos de la Constitución, para su aprobación se requiere, en el pleno, de votación calificada (87) en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura y ratificada vía referéndum. Busca modificar específicamente los artículos 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 182, referidos en su mayoría a la Junta Nacional de Justicia.
“La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley”, precisa el predictamen.
Añade que este nuevo organismo se encargará de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público.