Electricidad: ¿Nuevo cálculo tarifario de Osinergmin ahoga a las distribuidoras estatales?

Una de las tareas pendientes del sector eléctrico consiste en mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de las distribuidoras estatales, las cuales distribuyen la energía eléctrica a la mayoría de hogares peruanos, exceptuando a los de Lima e Ica (que son atendidos por privados).

Se trata de una labor urgente, pues “hay muchos incendios y largas horas donde los equipos se están sobrecargando”, refiere César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES).

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Lamentablemente, la solución a esta problemática se retrasaría hasta más allá del 2027.

Esto, debido a la fijación, por parte de Osinergmin, de una nueva tarifa eléctrica para los hogares de provincias, la cual “baja muchísimo el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la base de los ingresos de las empresas estatales de distribución”, indica Juan Miguel Cayo, presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la SNMPE.

En efecto, el nuevo VAD que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, y que regirá hasta el 31 de octubre del 2027, impactará en un 4,5% los ingresos tarifarios de las empresas de distribución estatales, estima Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens y exviceministro de Energía.

“Esto significa que las distribuidoras se quedarán sin gasolina para poder financiar sus planes de inversión, operación y mantenimiento y las ampliaciones de redes para generar mayor cobertura”, explica el especialista.

La SNMPE ha calculado que el nuevo VAD recortará los ingresos del Grupo Distriluz en S/143 millones anuales, mientras que Electro Oriente, Electro Ucayali y SEAL (Arequipa) perderán S/50 millones, S/18 millones y S/20 millones anuales, respectivamente.

Todo esto, alerta Vásquez, por un “populismo tarifario de Osinergmin” que tendría por objetivo ganar votos y simpatías en las provincias a través de la reducción de las tarifas de luz, uno de cuyos componentes principales es el VAD.

Prueba de ello, relata, es que Osinergmin ha utilizado en sus cálculos “el mismo coeficiente para las redes rurales”, lo cual ha tenido el efecto de reducir el valor de las redes urbanas que tienen un mayor costo de operación.

A ello se añade que habría utilizado dos criterios técnicos diferentes para evaluar los costos laborales de las empresas de distribución estatales y privadas, lo cual ha distorsionado el cálculo del VAD para las primeras.

Lo que esto demuestra, advierte Cayo, es que el modelo de tarificación de distribución en el Perú es muy discrecional, pues genera demasiada incertidumbre y muy poca predictibilidad.

En ese sentido, aconseja abandonarlo para irnos hacia un modelo más flexible, como los que tienen Colombia y Brasil, que son más contables.

El regulador responde

Inquirido por Día1 el regulador negó que el nuevo cálculo del VAD impactará negativamente en las inversiones de las distribuidoras estatales.

“Osinergmin garantiza que dichas tarifas cubren los costos de inversión y los gastos de operación y mantenimiento eficientes, por lo que las empresas obtienen la remuneración necesaria y suficiente para cubrir dichos costos y recibir la rentabilidad que la ley le concede”, indicó.

En tal sentido, aseguró que las empresas de distribución estatales cuentan con “los recursos que les permiten invertir y modernizar sus redes”.

Añadió que el cálculo tarifario para el periodo 2023-2027 ha seguido un proceso transparente el cual ha significado una disminución promedio de la tarifa al cliente final de -2,52%.

Esto, tomando en cuenta los costos de generación, transmisión y el VAD de distribución regulado.

Finalmente, el regulador negó que haya empleado dos estándares diferentes para el cálculo de los costos laborales del VAD. El único criterio que ha utilizado, dijo, es la encuesta del Ministerio de Trabajo, la cual viene siendo empleada desde la regulación del 2018.

“Es decir, se viene aplicando un mismo criterio y metodología tanto para las empresas privadas, como para las empresas públicas, en cumplimiento del principio de equidad y no discriminación”, señaló.