El martes 28 de julio llega a su fin un período marcado no solo por la inestabilidad de haber tenido cuatro presidentes de la República en cinco años, sino por el desprestigio en el que se hundió la institución presidencial y con ello el Poder Ejecutivo que desde el 2021 no levanta cabeza.
El 7 de diciembre del 2022 marcó el punto final del gobierno de Pedro Castillo, quien en su intento de convertirse en un autócrata anunciando el cierre del Congreso y la intervención de organismos constitucionales autónomos, forjó su propio destino, el mismo que lo mantiene preso con una sentencia de 11 años.
Por primera vez en la historia, un golpe de Estado pudo ser conjurado, porque instituciones como las Fuerzas Armadas y el Congreso estuvieron a la altura de las circunstancias que pusieron a prueba la democracia. Si algo podemos rescatar de estos últimos cinco años es el desacato de las Fuerzas Armadas y policiales a las órdenes de un aspirante a dictador y la respuesta del Parlamento, que de inmediato procedió a declarar la vacancia de Castillo Terrones.
Durante el régimen de Castillo conocimos denuncias de pagos para ostentar ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones; de los negociados que se cocinaban en la casa de Sarratea; las irregularidades en los ascensos militares; y hasta se encontró dinero en efectivo en un baño de Palacio de Gobierno. Si tuviéramos que contar las tropelías de los 17 meses de gestión de Pedro Castillo, tendríamos que dedicarle la columna entera.
Librados del golpe, vino la sucesión democrática con Dina Boluarte. Las torpezas y frivolidad que caracterizaron su administración se quedan cortas frente al daño que ocasionó haber tranzado con determinados grupos políticos para mantener el efímero poder que ostentaba. Haber cuoteado el poder con Alianza para el Progreso, entregándole el ministerio de Salud y Essalud, es imperdonable. Al final, ninguna de las concesiones que hizo le sirvió al momento de la vacancia; ningún canje ministerial fue suficiente para salvarla. El daño estaba hecho.
José Jerí, que asumió la presidencia del Congreso cargando una denuncia por presunta violación, reemplazó a Boluarte, y aunque quiso imprimirle un nuevo estilo al gobierno, no le alcanzó para superar una censura que lo dejó fuera de Palacio de Gobierno. El chifa con intereses de por medio y algunas veladas de trabajo nocturnas fueron su Waterloo. Se fue con la aprobación intacta.
Y cuando pensamos que no se podía caer más bajo, otra vez un grupo de congresistas, impulsados por mantener parcelas de poder, pusieron a José María Balcázar en la casa de Pizarro. El congresista de Perú Libre llegó con la única promesa y consigna de liberar al golpista Pedro Castillo.
¿Y las instituciones? ¿Y la gestión de gobierno? Nada. Por eso, no es de extrañar que la presidenta electa Keiko Fujimori diga: “Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste”.
La señora Fujimori tiene por delante atender sin demora la emergencia del fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana que el miércoles acabó con una familia entera, entre ellos cinco niños, y sobre todo el inmenso reto de devolverle al Estado y al Ejecutivo un mínimo de la dignidad perdida.
