Hablar del Fenómeno El Niño en el Perú es hablar, ante todo, de personas. De familias expuestas a lluvias e inundaciones, de comunidades que pueden quedar temporalmente aisladas, de trabajadores que necesitan llegar de manera segura a sus centros de labores y de hogares que dependen de que servicios esenciales y productos de primera necesidad continúen disponibles aún en circunstancias adversas.
Pero también es hablar de economía. Cuando una carretera queda interrumpida, una zona agrícola resulta afectada o una ciudad enfrenta problemas de acceso al agua y la energía, las consecuencias no terminan en la infraestructura dañada. Se trasladan rápidamente al empleo, al abastecimiento, a los precios y a la capacidad de recuperación de miles de familias. Por eso, la prevención frente a un fenómeno climático de esta magnitud no puede entenderse únicamente como una tarea del Estado ni como un asunto de continuidad empresarial. Es una responsabilidad compartida.
La información disponible nos obliga a actuar bajo esa lógica. En un reciente conversatorio organizado por ABRESA, el ingeniero meteorólogo Patricio Valderrama explicó que a inicios de septiembre se registró una anomalía térmica de +4,6 °C, acompañada por una masa de agua cálida que alcanzaba los 180 metros de profundidad, frente a los 23 metros observados durante el evento 2023–2024. Más allá de cómo evolucione finalmente el fenómeno, estos indicadores muestran por qué anticiparnos resulta indispensable.
Valderrama también recordó que los eventos de 1997–1998 y 2017 generaron pérdidas estimadas en US$3.500 millones y US$3.100 millones, respectivamente. Durante el mismo conversatorio señaló que, considerando la mayor interconexión de la economía peruana actual, un escenario fuerte podría generar pérdidas desde US$15.000 millones, mientras que uno extraordinario podría superar los US$45.000 millones. Son estimaciones que dependerán de la intensidad y evolución del fenómeno, pero permiten dimensionar cuánto está en juego.
Detrás de esas cifras hay impactos mucho más concretos. Una vía interrumpida puede significar que alimentos, agua y otros productos no lleguen a tiempo a determinadas localidades. Una afectación agrícola puede comprometer ingresos familiares y elevar costos a lo largo de distintas cadenas productivas. Y una empresa que no logra sostener sus operaciones puede enfrentar dificultades para mantener puestos de trabajo precisamente cuando las familias necesitan mayor estabilidad.
Allí el sector privado tiene una responsabilidad que va más allá de proteger sus propias instalaciones. Prepararse significa identificar anticipadamente dónde están los puntos vulnerables, asegurar rutas alternativas y proveedores, proteger a los trabajadores y fortalecer la capacidad de mantener el abastecimiento. Pero también significa estar preparados para colaborar cuando una emergencia exija sumar capacidades logísticas, información o recursos a los esfuerzos de respuesta.
La articulación debe comenzar antes de la emergencia. Empresas, gremios, autoridades nacionales, gobiernos regionales y locales necesitan compartir información, identificar zonas y cadenas críticas y definir mecanismos de coordinación que permitan reaccionar con rapidez. Esperar a que las lluvias produzcan daños para empezar a coordinar significa llegar tarde.
El Niño nos recuerda una lección que el Perú ya ha aprendido más de una vez: prevenir cuesta menos que reconstruir, pero, sobre todo, permite proteger mejor a las personas. La información técnica nos permite anticiparnos; la responsabilidad está en convertirla en decisiones concretas. Desde el sector empresarial, hacerlo significa proteger operaciones y empleo, sí, pero también asumir que la resiliencia de una empresa tiene verdadero valor cuando contribuye a la resiliencia de la sociedad de la que forma parte.
