El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional 2026 (Incore), y el mensaje detrás de las cifras es tan claro como incómodo: Lima Metropolitana y Callao recuperaron el primer lugar del ranking tras cuatro años, pero ese primer puesto convive con una realidad en la que uno de cada cuatro limeños mayores de 15 años fue víctima de un delito y en la que cerca de uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja. En el otro extremo, Loreto, Ucayali y Huánuco continúan ancladas en el último lugar del país, con brechas en educación y agua potable que llevan una década sin cerrarse. Ese es el Perú que Keiko Fujimori recibirá el 28 de julio.
Durante la campaña, la narrativa fujimorista insistió en que su candidatura contaba con “el mejor equipo” para gobernar. El Incore 2026 es, en ese sentido, la primera prueba objetiva de esa promesa: no un discurso, sino un diagnóstico con 42 indicadores agrupados en seis pilares —entorno económico, mercado laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones— que señalan exactamente dónde debe actuar el nuevo gobierno si quiere que ese “mejor equipo” se traduzca en resultados y no solo en anuncios.
El primer reto es la seguridad. El propio IPE advierte que la criminalidad en Lima se ubicó 28% por encima del promedio nacional, y que solo el 34% de las comisarías está en buen estado, frente al 60% de 2019. Ninguna reforma tributaria ni ningún plan de infraestructura rendirá frutos si la extorsión sigue elevando los costos de operar un negocio formal en el país.
El segundo reto es la enorme desigualdad territorial: mientras Lima, Moquegua, Arequipa, Tacna e Ica concentran la competitividad, la sierra norte y la Amazonía siguen rezagadas en agua, conectividad y calidad educativa. Gobernar Lima y Loreto con las mismas herramientas y estándares no ha funcionado en una década, y no funcionará en cinco años más.
El tercer reto, quizá el más político, es la gestión pública. El IPE Arequipa lo dijo con claridad: el problema no es la falta de recursos, sino la capacidad de ejecutarlos. El Banco Mundial ha señalado que el 45% de la obra pública está paralizada. Solo en Arequipa hay cerca de S/7 mil millones en obras paralizadas. Multiplicado a escala nacional, ese es el verdadero costo de la descentralización a medias que el Perú arrastra desde hace veinte años.
Hay, sin embargo, una noticia auspiciosa en el índice: la heterogeneidad entre regiones se ha reducido. Apurímac y Pasco, que hace una década estaban entre las últimas del ranking, hoy escalan posiciones gracias a la minería y a mejoras sostenidas en salud y educación. Es la prueba de que las brechas sí se cierran cuando hay estabilidad política e inversión sostenida, no promesas de campaña.
El nuevo gobierno tendrá apenas meses antes de que el país empiece a medir si el “mejor equipo” existe de verdad. El Incore no es una lista de deseos: es la hoja de ruta con la que la propia evidencia técnica evaluará, indicador por indicador, si el discurso electoral se convierte en gestión. La pregunta ya no es si Keiko Fujimori tiene el mejor equipo. Es si ese equipo sabe leer un índice como este y actuar en consecuencia, antes de que la ciudadanía —vigilante, como ya lo demostró en las urnas— le pase su propia factura.
