Bolivia pasó en los últimos años de ostentar récords en su producción y exportación de gas natural a un declive progresivo de esa actividad y a una dependencia de la importación de combustibles líquidos, con problemas de abastecimiento que se han vuelto recurrentes y que el Gobierno no ha logrado solucionar.
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Las autoridades sostienen que la nacionalización de los hidrocarburos decretada en 2006 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) no dio los resultados prometidos y desincentivó la inversión en exploración.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía advirtió que Bolivia podría convertirse en importador de gas entre 2028 y 2030 si no se reactiva la producción.
El Ejecutivo ha anunciado nuevas normas para el sector y hace dos semanas presentó un proyecto de ley de inversiones que plantea que cualquier nacionalización sea aprobada por el Legislativo, previo análisis de la pertinencia o no de esa medida.
A principios de año, varios usuarios empezaron a reportar problemas en sus vehículos, atribuidos a la mala calidad de la gasolina. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que supuestamente generó un desbalance en el combustible.
Ante las protestas sobre todo de los sindicatos de transportistas, el Gobierno habilitó un sistema de compensación que hasta junio registró más de 70.000 reclamos y se asumieron medidas como mayores controles en la cadena de distribución y la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores.
Este problema, que el Gobierno sostiene que fue “heredado” de la gestión de Arce, le costó el puesto a un ministro y a dos presidentes de YPFB, y también derivó en una investigación penal.
El Gobierno retiró en diciembre la subvención de los combustibles que rigió desde 2005 y que, según autoridades y expertos, ya era insostenible, lo que supuso incrementos del 86 y el 162 % en los precios de los carburantes. Pero en julio, decidió mantener fijos por otros seis meses los costos, ante la aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar.
La semana pasada, el Ejecutivo retiró la subvención del diésel para los “grandes consumidores”, con un precio “referencial” inicial de 18 bolivianos (1,56 dólares, al tipo de cambio vigente). Ese costo, que será variable, no se aplica para transportistas ni privados con consumos menores a los 5.000 litros mensuales.
El ajuste abrió un frente de conflicto con los productores de la región oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, mineros cooperativistas y transportistas, entre otros sectores. El Gobierno defiende que se busca evitar que el combustible se desvíe al contrabando hacia otros países, donde el precio es mayor.