Entre idas y vueltas, el Gobierno entregó al Congreso el proyecto de ley que busca delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días en materias como seguridad ciudadana, promoción del empleo, prevención de desastres, reforma estructural, organización y modernización del Estado.
Entre idas y vueltas, el Gobierno entregó al Congreso el proyecto de ley que busca delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días en materias como seguridad ciudadana, promoción del empleo, prevención de desastres, reforma estructural, organización y modernización del Estado.
La propuesta fue derivada al presidente del Parlamento, Miguel Torres, quien a su vez remitió las 20 páginas del planteamiento central a las áreas competentes. Paralelamente, este Diario accedió a las 436 páginas del borrador de exposición de motivos.
Fuentes de El Comercio indicaron que la demora en la entrega respondió a que al documento le faltaban algunas firmas, entre ellas, la de la presidenta Keiko Fujimori.
Delegación de facultades
Una de las primeras medidas planteadas en el proyecto es el establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y disposiciones para su clasificación y registro.
La medida busca una norma con rango de ley para establecer una categoría jurídica especial para la clasificación de determinadas organizaciones y definir criterios, procedimientos y efectos asociados a dicha declaración.
Su implementación, según el borrador de la exposición de motivos, involucraría directamente a los ministerios del Interior y de Defensa y al Sistema de Inteligencia Nacional al estar dentro de sus ámbitos de competencia.
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Otra de las propuestas está relacionada con la legítima defensa. El Ejecutivo plantea establecer un marco legal que, en la práctica, permita ejercer este derecho fundamental, al estipular que quien lo haga goce de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta ante una agresión.
En la exposición de motivos se señala que, en la práctica, quienes actúan en ejercicio de este derecho suelen ser sometidos a investigaciones y procesos penales para determinar la racionalidad de su conducta.
“A mayor abundamiento, se anota con especial énfasis que quien ejercita su derecho fundamental a la legítima defensa no debería ser sancionado ni estar sometido a un engorroso procesamiento penal”, refiere el texto.
De otro lado, se propone modificar el Decreto Legislativo 1141, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
¿El propósito? Restituir las capacidades operativas de la DINI ante las amenazas criminales, de modo que pueda actuar no solo como coordinadora de información, sino también como ejecutora de inteligencia estratégica y de sus insumos.
El Ejecutivo planteó, además, modificar el Decreto Legislativo N.° 1182, que regula el uso de los datos derivado de las telecomunicaciones para identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
