El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que propone la aprobación de un crédito suplementario por más de S/ 640 millones. Tal como lo adelantó el MEF a El Comercio en junio, el Ejecutivo solicitará un crédito suplementario para reforzar el presupuesto de entidades públicas con necesidades urgentes de financiamiento durante el ejercicio fiscal 2025.
En entrevista con este Diario, el ministro Pérez Reyes indicó- en aquella oportunidad- que se pediría este crédito porque “hay muchos proyectos que están paralizados, básicamente por falta de recursos, porque no se asignó el presupuesto suficiente o porque el proyecto avanzó más rápido de lo que se esperaba”.
Newsletter exclusivo para suscriptores
De acuerdo con el documento , algunos de los recursos adicionales se distribuirán de la siguiente manera:
– Ministerio de Justicia: S/17 millones para el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia.
– Instituto Nacional Penitenciario: S/40 millones para el fortalecimiento del sistema penitenciario.
– Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: S/94 millones para financiar mantenimiento de infraestructura a cargo de Foncodes, seguimiento del programa Haku wiñay entre otros.
– Ministerio de Ambiente: S/2 millones para la política ambiental
– Ministerio de Salud (Minsa): S/ 90 millones destinados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención en hospitales y centros de salud de Lima Metropolitana y regiones.
El Ejecutivo sustenta la medida en la necesidad de “asegurar la continuidad de servicios esenciales y atender demandas no previstas en el presupuesto inicial”. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este crédito suplementario no generará un incremento del déficit fiscal previsto, dado que se financiará con saldos de balance y recursos ordinarios provenientes de mayores ingresos no tributarios registrados en el primer semestre.
Sin embargo, analistas económicos advierten que el uso recurrente de créditos suplementarios podría presionar las cuentas fiscales y reducir el margen de maniobra del gobierno para enfrentar futuros choques económicos.
El Congreso deberá debatir la iniciativa en las comisiones respectivas antes de su eventual aprobación en el Pleno.
