La diputada Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori.
La diputada Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori.
La denuncia fue presentada el 2 de setiembre y este jueves la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados dispuso que pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para la calificación correspondiente.
Denuncia constitucional
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Márquez sostiene que Gutiérrez habría incurrido en una presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución. Por ello, solicita que la comisión tramite la denuncia y que el informe final recomiende su destitución e inhabilitación para ejercer función pública hasta por 10 años.
La denuncia se sustenta principalmente en dos entrevistas concedidas por Gutiérrez el 27 de agosto a Canal N y Exitosa.
Según el documento, el Defensor del Pueblo señaló que, si la presidenta Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, su respaldo ciudadano podría superar el 80%. También sostuvo que su popularidad podría aumentar entre 20 y 30 puntos.
Asimismo, durante una de las entrevistas, Gutiérrez hizo referencia al cierre del Congreso de 1992 al señalar que una eventual disolución tendría un respaldo similar al que tuvo Alberto Fujimori en ese momento.
Otro de los puntos cuestionados corresponde a la afirmación de que, si se disolviera el Congreso, se dejarían de gastar anualmente S/3.000 millones que podrían destinarse a otras actividades, además de señalar que el Parlamento “no tiene razón de ser”.
Para Márquez, estas expresiones no constituirían únicamente una descripción de un escenario hipotético, sino una valoración favorable a la supresión del Congreso.
La legisladora sostiene que las declaraciones vulnerarían el deber de respetar y defender la Constitución establecido en el artículo 38, así como los principios de separación de poderes y ejercicio limitado del poder estatal previstos en los artículos 43 y 45.
