En su pronunciamiento de ayer, Dina Boluarte afirmó que el dinero que ingresó en sus cuentas bancarias entre el 2016 y el 2022 era del Club Departamental Apurímac (CDA), que presidió desde el 2017 hasta el 2021. “Si uno verifica cuántos meses calzan en siete años, son 84 meses, y si uno divide aquella cantidad, que se puso en primera plana, un millón cien mil soles, entre 84 meses, obtiene aproximadamente S/13 mil mensuales que han ingresado al club [Apurímac]”.
Boluarte se refería a los S/1,1 millones de abonos en efectivo que ingresaron a sus 11 cuentas bancarias en el BCP (cuatro mancomunadas y siete a su nombre) entre abril del 2016 y agosto del 2022, “de los cuales se desconoce el origen de los fondos”, como indica un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que El Comercio reveló.
Si bien la mandataria planteó que todo ese dinero era del CDA, según el informe de la UIF, de noviembre del 2022, hay decenas de depósitos que no están relacionados a la asociación o que no ingresaron a la cuenta mancomunada que Boluarte tenía con Néstor Amado Camargo, quien fue protesorero y secretario de Economía del CDA. Esta cuenta, dijo Boluarte, custodiaba “el poco ingreso mensual que el club tenía”.
La iglesia de Chalhuanca
Un caso que no se condice con lo que Boluarte manifestó es el del empresario William Zegarra Pantigoso. Si bien él integró los consejos directivos de la CDA que Boluarte presidió (2017-2019 y 2019-2022), el 22 de octubre del 2019 depositó S/16.611 a una de las cuentas individuales que la ahora mandataria tenía en el BCP. Dos días después, la misma Boluarte transfirió S/16.823 a la cuenta mancomunada que tenía con Víctor Hugo Torres Merino, amigo suyo y de Nicanor Boluarte.
Sobre Zegarra, El Comercio informó ayer que Welev Servicios Generales S.R.L., empresa vinculada a él, ganó 12 contratos con entes del Ejecutivo por S/5,5 millones en total desde el 2022. En el caso de Torres, logró contratos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que Boluarte dirigió hasta noviembre del 2022. Además, ha sido uno de los entusiastas promotores de Ciudadanos por el Perú, partido que Nicanor Boluarte impulsa.
Según conoció este Diario, el depósito de Boluarte a la cuenta fue con el dinero que Zegarra le abonó. Este monto era parte del capital recaudado en varias actividades que buscaban fondos para reparar la iglesia de Chalhuanca, distrito de Aymaraes (Apurímac), donde la presidenta nació.
En mayo del año pasado, Zegarra se refirió a ese dinero en diálogo con El Comercio.
“Hicimos una actividad por nuestro pueblo Chalhuanca, por la iglesia, que se había caído […]. En ese momento ella era presidenta del Club Chalhuanca, […] hay mucha gente humilde de Villa María [del Triunfo] y de Villa El Salvador que apoyaron en hacer actividades, una corrida de toros, para arreglar la parroquia. Se abrió una cuenta […], y ese dinero hasta ahora no sabemos a dónde fue a parar”.
En vez de destinar esos recursos para reparar la iglesia, Boluarte mantuvo el dinero en su cuenta hasta mediados del año pasado. Es decir, se quedó con el dinero por cuatro años. Solo lo devolvió cuando las quejas de sus paisanos se hicieron públicas.
Maritza Sánchez, quien acompañó a Boluarte en la campaña del 2021, contó a El Comercio que en ese proceso fueron a Chalhuanca y las personas le pedían a la entonces candidata que se acordara de la iglesia. “[Ahora] adquieren sentido esas frases donde iban reclamando que nos acordemos de la iglesia porque por un medio me entero de que había un dinero que habían recaudado y que ella había conservado en sus cuentas durante años”.
Los abonos
La cuenta mancomunada de Boluarte y Amado es la que más dinero en efectivo recibió, según el reporte de la UIF. Entre junio del 2017 y julio del 2022, ahí se hicieron 407 depósitos en efectivo por S/893.095 en total. El informe recalca que todos los depósitos fueron por debajo del umbral (menos de US$10.000 o su equivalente en soles). Esto se hizo para evitar llenar un formulario que alerta sobre un posible lavado de activos.
Del total de depósitos en efectivo en esa cuenta mancomunada, la UIF solo identificó 132 operaciones (hechas por 24 personas) por S/460.756 en total. Es decir, falta conocer quiénes realizaron 275 depósitos por S/432.339.
Entre las personas que ingresaron dinero en efectivo a esa cuenta está el propio exsecretario de Economía del Club Apurímac. En total, Amado depositó S/275.993 en 57 operaciones.
Según el informe de la UIF, Amado se dedica al transporte de carga por carretera, pero “no registra trabajo dependiente formal ni declaraciones juradas de ingresos ante la autoridad tributaria que respalden” el monto que entró a la cuenta con Boluarte.
En febrero de este año, Amado reportó a la policía el robo de su billetera, en la que se encontraba la tarjeta de la cuenta mancomunada con Boluarte.
Tras Amado, Pastor Sáenz Callán es quien más depósitos en efectivo hizo en la cuenta: S/103.562 a través de 24 operaciones. Este empresario maneja el restaurante del CDA y es gerente general del restaurante La Casona del Club Lawn Tennis de la Exposición. Su firma registra como dirección la sede del CDA (Av. Brasil 259, Jesús María).
A El Comercio, Sáenz dijo que tenía la concesión del restaurante del CDA desde hace 12 años. Al preguntarle sobre los depósitos en efectivo en la cuenta de Boluarte y Amado, contestó: “Tengo depósitos, cualquier cantidad, tengo una serie de proveedores que debo pagarles. […] Hago los depósitos y no tengo por qué ventilarlos”.
En el 2023, Ciudadanos por el Perú, ligado a Nicanor Boluarte, realizó un evento en el restaurante del Lawn Tennis que Sáenz administra. Cuando se le consultó si era amigo del hermano de la presidenta, respondió: “No sé [de] eso”.
La cajera de Dina Boluarte
En la cuenta mancomunada de Boluarte y Amado también hay 12 depósitos en efectivo de Antonela Agarini Bernal, secretaria del CDA. El monto total es de S/22.927.
Henry Shimabukuro, uno de los que financiaron la campaña de Boluarte a la vicepresidencia por Perú Libre, señaló a El Comercio que Agarini era la “cajera de Boluarte”.
El empresario, a quien la fiscalía investiga por hechos vinculados al gobierno de Pedro Castillo, afirmó que Víctor Torres, en la campaña del 2021, “mencionó que cualquier empresario que iba a hacer un depósito directamente se lo hacía a la señora Antonela”. Agregó que las coordinaciones por el dinero también debían hacerse a través de ella.
Agarini registra una visita a la vicepresidencia de la República el 5 de enero del 2022, entonces a cargo de Boluarte.
Posibles ilícitos
Para la abogada penalista Romy Chang, no es congruente que Boluarte y Amado hayan tenido el dinero del CDA en su cuenta mancomunada. “El club es una persona jurídica distinta a ellos, y es imposible que en el estatuto se consigne así; o sea, el estatuto no puede decir que la cuenta de la asociación puede estar a nombre de dos personas naturales porque eso sería ilegal”.
La presidenta dijo ayer que en varios períodos del consejo directivo del CDA “se ha estilado” que haya una cuenta entre su presidente y secretario de Economía.
En su informe, la UIF señaló que el CDA declaró a la Sunat “ingresos anuales (del 2016 al 2020) no mayores de S/100.000″. Este monto es inferior al total que ingresó a las cuentas de Boluarte y, en particular, a la que tenía con Amado.
Al respecto, Chang afirmó que “si vamos a lo que formalmente ha declarado el club ante la administración tributaria, que es un ingreso de S/100.000, eso no se condice con los altos montos que se encuentran a nombre o en las cuentas de estas personas. Claramente hay un problema que se tiene que explicar porque sí hubo ingresos que no se han tributado”.
“Tenemos una serie de delitos, desde defraudación tributaria, […] aprovechamiento indebido del cargo hasta casos graves como perjuicio del Estado a nivel de colusión, corrupción de funcionarios, lavado de activos y, ojo, uso aparentemente de testaferros, de personas en su entorno [de Boluarte], que se encargarían de ocultar el dinero e introducirlo en el sistema financiero, depósitos, por ejemplo, de montos que no superen la obligación del llenado del documento que se declara ante el banco para evitar actos de lavado [de activos]”.
El Comercio pidió el descargo del Despacho Presidencial, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.