Defensa de Dina Boluarte se opuso a la incautación de los Rolex y la pulsera: los detalles del acta fiscal

Sin embargo, el Ministerio Público ha requerido al Poder Judicial (PJ) que confirme la incautación a través de una resolución judicial, con la finalidad de asegurar dichos bienes y evitar así su pérdida o desaparición si le son devueltos al gobernador de la región Ayacucho, según el pedido al que accedió El Comercio.

Como se recuerda, el pasado 5 de abril del 2024, se llevó a cabo la declaración indagatoria de la investigada Boluarte Zegarra, quien manifestó que Oscorima Núñez, “le prestó los relojes Rolex” y que en marzo los había devuelto a su dueño, el gobernador regional de Ayacucho.

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Posteriormente, el 10 de abril, a través de su abogado Humberto Abanto, Oscorima exhibió los Rolex y la pulsera Bangle ante la FN, que dispuso incautarlas.

Según el documento fiscal, la medida de incautación dispuesta por la FN se realizó luego de de que la defensa de Oscorima se negó a entregar voluntariamente los bienes, alegando que primero debía tener la autorización de su patrocinado.

Ante ello, se concluyó que los tres relojes de marca Rolex, así como la denominada pulsera Bangle, “constituirían indicios de incremento patrimonial injustificado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, patrimonio que tampoco habría sido consignado en su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas”.

Por tanto, la FN consideró necesaria la incautación para prevenir el ocultamiento de los bienes, toda vez que a través de las disposiciones emitidas, la fiscalía había dado cuenta ya de “indicios de criminalidad mínima” en la investigación de presunto enriquecimiento ilícito y falsedad, en contra de la mandataria.

Los Rolex podrían “estar condicionados”

En su requerimiento de confirmación de incautación judicial, la fiscalía señaló que los bienes, que fueron posteriormente exhibidos por Oscorima y su defensa, debieron ser objeto de incautación durante la orden de allanamiento y descerraje autorizado judicialmente en la vivienda de la mandataria, puesto que se trata de “bienes vinculados al incremento patrimonial injustificado” de la investigada Boluarte Zegarra -sumado también a que no fueron consignados en las declaraciones de bienes y rentas- pero que pese a estar relacionados con los delitos materia de investigación, fueron devueltos a quien las adquirió.

También se resalta que si bien Oscorima Núñez accedió a exhibir tres relojes y una pulsera, como testigo conocía la situación irregular que se venía investigando; por tanto, debe considerarse que el peligro se configura con la posibilidad de disposición de los bienes o riesgo de pérdida.

“De ahí que la incautación precisamente pretende garantizar que aquellos bienes no desaparezcan o se oculten, tanto más si el propio letrado defensor manifestó que aquellos se entregarían solo teniendo autorización de su patrocinado, y pues tratándose de bienes u objetos relacionados con el delito, no puede estarse a la voluntad de quien conoce de aquella notoria vinculación”.

Juan Carlos Villena, Fiscalía de la Nación.

El Ministerio Público calificó de “legítima” su decisión de incautar los tres Rolex y la pulsera de diamantes, por lo que consideró que su solicitud de ratificación de la medida vía judicial, resulta “idónea” para asegurar cautelarmente la eficacia de la decisión definitiva de decomiso de los objetos y cosas relacionadas con el delito, o necesarias “para su esclarecimiento, como consecuencia de investigarse y sancionarse a Boluarte Zegarra”, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

Además, reiteró que los bienes -cuya incautación se solicita confirmar- tienen directa relación con los delitos investigados, y servirán para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias en que se perpetraron los hechos y que de algún modo “podrían estar condicionados a la voluntad de su entrega (hacia Dina Boluarte) por parte de un tercero”. Es decir, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Según información del Gobierno Regional Ayacucho, en el 2023 recibieron un “incentivo” que, paulatinamente, llegaría a los S/30 millones en el marco del Presupuesto por Resultados (PPR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que serían usados para la construcción de las seis escuelas profesionales en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch). Ello se consigna en la información oficial, “gracias a las insistentes gestiones realizadas por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez”, fue que el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N° 029 – 2023, que autoriza de manera excepcional al Gobierno Regional como la unidad ejecutora para iniciar las referidas construcciones.

Como se recuerda, la Región Ayacucho fue beneficiada con el Decreto de Urgencia N°006-2024 y con la entrega de S/100 millones para la obra “Mejoramiento y Ampliación de la prestación de Servicios Deportivos en el estadio Cuna de La Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga”.

Este año, el presupuesto de inversión en proyectos para la región Ayacucho se incrementó en un 50%. Inicialmente era de S/ 439′746.978, pero se elevó a S/ 662′419.975, según pudo verificar este Diario.

“En efecto, ante la evidente colisión entre uno de los deberes del Estado de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, que producen los actos sospechosos de ilicitud y la posible afectación de algún derecho real, como podría ser la propiedad, posesión u otro del ciudadano Wilfredo Oscorima Núñez, se tiene que optar por al afectación de los citados derechos (…), puesto que este podría borrar, destruir o sustraer elementos de prueba relevantes para el cabal esclarecimiento de la presente investigación.”

Juan Carlos Villena, Fiscalía de la Nación.

Ante dichas circunstancias, sostiene la Fiscalía de la Nación, resulta proporcional la medida de incautación instrumental, pues sería el único medio conducente a viabilizar la averiguación de la verdad, esto es, lograr recabar y preservar los elementos de prueba necesarios, indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Este Diario buscó la versión del abogado Humberto Abanto, defensa de Wilfredo Oscorima -quien ha reconocido ser el dueño de los bienes- quien dijo escuetamente que demostrarían ante el juez supremo de la Investigación Preparatoria que la fiscalía pudo recurrir a él para pedir la incautación y no lo hizo.

“[La fiscalía] Prefirió tergiversar una norma que habla de peligro en la demora, que no existe porque nosotros fuimos voluntariamente a hacer la exhibición y exhibimos más de lo que se nos pidió. Estamos seguros de que se anulará la incautación fiscal.”

Huberto Abanto, Abogado de Wilfredo Oscorima

Abogado de Dina Boluarte se opuso a incautación fiscal de los Rolex

Entre los 14 elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía de la Nación para sustentar su requerimiento, se encuentra el acta de exhibición de los Rolex y la pulsera de diamantes Bangle, donde se dejó constancia no solo de la negativa de la defensa legal de Wilfredo Oscorima para entregar voluntariamente los bienes; sino que también se produjo otro incidente: El abogado de la presidenta Dina Boluarte se opuso a la incautación fiscal de los bienes antes mencionados.

Según se narra en el documento obtenido por este Diario, el despacho de la Fiscalía de la Nación consultó a la defensa de Oscorima si accedía a la entrega voluntaria, puesto que estos artículos constituirían indicios de incremento patrimonial injustificado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, patrimonio que tampoco habría sido consignado en su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Sin embargo, Humberto Abanto quien ejerce la defensa del gobernador ayacuchano, respondió que de acuerdo a la norma, solo tenía facultades de representación, mas no de disposición o administración de los bienes, por lo que si la fiscalía lo requería por escrito y su patrocinado lo autorizaba, se los entregaría.

El representante de la Procuraduría General del Estado, a su turno, coincidió en que los bienes tenían vinculación directa con los hechos y que tendrían “sospecha simple de índole criminal” por tanto consideró que debían ser puestos a buen recaudo por el titular de la acción penal. En todo caso, añadió, el juez de garantías será el que determine la legalidad de la confirmatoria de la incautación que se estaba llevando a cabo.

Sin embargo, Mateo Castañeda, defensa legal de la presidenta, cuestionó la decisión fiscal y se opuso a la misma, alegando “un apresuramiento en las decisiones fiscales”.

El abogado defendió la disposición de Oscorima y su defensa por haber llevado, no solo uno de los Rolex; sino tres relojes y una pulsera, lo cual era más de lo requerido por la fiscalía. Ello, agregó, demostraba el espíritu de colaboración del amigo de Boluarte Zegarra para con la investigación.

“No estoy de acuerdo con al incautación. Una vez más se denota el apresuramiento en las decisiones fiscales de este caso. Hemos sido testigos todos en este acto de la exhibición dispuesta para el día de hoy y a pesar de que se dispuso que se exhiba un solo reloj, el señor abogado del testigo Wilfredo Oscorima ha exhibido cuatro artículos”.

Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte. 10 de abril de 2024 durante diligencia de exhibición ante la Fiscalía de la Nación.

En esa línea, la defensa legal de la presidenta afirmó que no encontraban “prudente” incautar estos artículos, constituyendo ello una limitación indebida al derecho de propiedad, posesión y disfrute de su titular Oscorima.

El requerimiento de ratificación de incautación de los bienes solicitado por la Fiscalía de la Nación fue notificado a la defensa de la presidenta Dina Boluarte, al abogado de Wilfredo Oscorima, y a las partes del caso a fin de, vencido el plazo de tres días hábiles que se concede para absolver el Requerimiento Fiscal de Confirmatoria de Incautación, proceder a convocar a una audiencia.

La medida será resuelta por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien previamente resolvió la medida judicial de allanamiento e incautación al inmueble de Boluarte Zegarra, así como a su despacho presidencial y la residencia en Palacio de Gobierno.