Una serie de operativos llevados a cabo en los últimos meses revelaron la verdadera dimensión de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Madre de Dios.
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Tras su captura, la PNP encontró fusiles de guerra, municiones y equipos tecnológicos en el refugio que tenía el delincuente en el distrito de Carabayllo. Según las autoridades, la organización criminal dirigida por “Brayan” genera más de 500 millones de soles al año.
Sin embargo, estos golpes contra dos de los nombres más temidos en la región amazónica resultarían insuficientes pues, tal como advierte Calloquispe, en los últimos meses estos grupos de seguridad han extendido sus operaciones más allá de La Pampa. “Actualmente operan en otras zonas del corredor minero, hablamos de concesiones y operaciones mineras formales a las que les están cobrando cupo y extorsionando”, advierte.
La influencia de estas organizaciones sería tan grande que incluso controlarían el ingreso en dichas zonas y autorizarían quiénes pueden operar ahí, no solo en el rubro extractivo sino también en los comercios de alrededores, según el periodista.
Además, y pese a que las autoridades han calificado estos operativos como el desmantelamiento de las bandas, esto más bien habría desatado una guerra entre ambas facciones por el control territorial. Un fenómeno que ya se ha presenciado en México con la atomización de los cárteles tras la captura o muerte de sus líderes.
Esta disputa se traduciría en un incremento de la violencia en la región.
Según el registro del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2026 se perpetraron 34 homicidios en Madre de Dios; sin embargo, Calloquispe documentó 20 asesinatos solo entre mayo y julio “por los enfrentamientos y la tensión que se vivía en La Pampa”. El desfase se debe a que mientras el Sinadef “solo registra los cadáveres levantados”, hay otros “que hunden en el río o los llevan al Valle del Castigo, una zona donde existen fosas comunes”, asevera Calloquispe.
Delincuentes uniformados
La exfiscal medioambiental y actual vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay, confirma las alertas de Calloquispe sobre la expansión de los grupos de seguridad. “Nosotros hemos podido apreciar de que en los últimos meses ha habido un crecimiento enorme (de sus operaciones) en lo que es la Reserva Nacional de Tambopata, específicamente en lo que es el área del río Malinowski. En el lugar donde más crece la actividad ilícita vemos presencia de los grupos de seguridad, pero también está sucediendo en la zona de mineros formales”, asegura a El Comercio.
Al igual que en otras zonas dominadas por la minería ilegal, como Pataz, el modus operandi que siguen estos grupos de seguridad es el de inicialmente presentarse como una amenaza para los mineros mediante extorsiones, asesinatos y secuestros, para luego ofrecerles resguardo.
“Cuando realizamos el operativo Mercurio 2019 había un sistema de control bastante fuerte sobre el tiempo de permanencia del personal en las bases militares de la zona. Se iba rotando para evitar que se genere familiaridad o amistad incluso con la población que, directa o indirectamente, vivía de la minería, sea legal o ilegal. Ahora hemos visto que los involucrados son personas de afuera (de la región), ya no hablamos de organizaciones locales sino nacionales”, señala Garay en referencia a que los militares detenidos en el operativo contra Los Guardianes de la Trocha provenían de ciudades como Lima o Tarapoto.
Estos, además, se encontraban de vacaciones o con descanso médico, según el reporte de Calloquispe.
“Yo he escuchado muchas veces que hay mineros que, por ejemplo, contratan a personal de la policía para que sean su seguridad personal mientras están en vacaciones. Es como un cachuelo, por lo que hace falta un mayor control del Estado”, apunta Garay.
Diseño GEC.
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Sin embargo, en Madre de Dios hay evidencia suficiente para confirmar que los servicios de estos grupos van más allá de la seguridad armada y alcanzan el ámbito legal, en gran parte gracias a la influencia que han conseguido dentro del Ministerio Público, específicamente la FEMA.
Y para ello no solo está la detención de Bautista Yama sino también la destitución del fiscal provincial provisional Carlos Alberto Chirre Ramírez en junio, luego de que el Ministerio Público determinara que fue deficiente en sus investigaciones y liberara a detenidos en flagrancia sin justificación suficiente, según una resolución a la que tuvo acceso El Comercio.
En el documento se precisa que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público halló “once quejas, de las cuales una se encuentra concluida y diez en trámite”, además de dos sanciones que pesarían en contra de Chirre.
“La población se da cuenta cuando el fiscal no está cumpliendo con su labor, ya sea porque no la quiere cumplir o porque hay otros intereses detrás. Eso demuestra una falta de compromiso en esta labor fiscal con un delito tan grave”, apunta Garay.
Por ello, la vocera de OMI considera que acciones como las efectuadas contra Bautista y Chirre resultan mucho más efectivos que otros. “La manera de extorsionar es decirle (a los mineros ilegales) yo te voy a avisar cuando venga la Fiscalía. Si no me das tanto (dinero) la Fiscalía te va a interdictar. Habrá que ver qué sucede en estas próximas semanas”, agrega.
