Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para el próximo miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses en el poder.
La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a los maestros en defensa de la educación pública, la salud del magisterio y sus derechos laborales, así como para exigir la reparación y reconstrucción de las miles de escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La decisión adoptada por la junta del mayor sindicato de educadores del país el pasado 30 de septiembre, busca vincular al magisterio con otros sectores sociales en una convocatoria que además rechaza lo que Fecode considera una “campaña de estigmatización” contra los docentes y sus organizaciones sindicales.
En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó un paro de 24 horas y denunció incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, así como descuentos salariales y sanciones contra maestros que participaron en anteriores movilizaciones.
Cuatro organizaciones indígenas del suroeste del país celebrarán este lunes y martes una cumbre en el departamento del Cauca (oeste) para articular sus posiciones y sumarse a la jornada nacional del miércoles.
Edinson Peña, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dijo a EFE que la movilización responde a decisiones que, a su juicio, “amenazan los intereses de las comunidades”, entre ellas las políticas sobre extractivismo y megaproyectos en sus territorios, así como los señalamientos del presidente contra las organizaciones indígenas.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una declaración en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
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Peña sostuvo que, pese a los dos meses que lleva el nuevo Gobierno, ya se han adoptado medidas que considera contrarias a los intereses de las comunidades indígenas y ha habido señalamientos e intentos de dividir sus organizaciones y desconocerlas.
“La protesta es el único instrumento que nos queda a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales para poder ser escuchados y exigir el cumplimiento de nuestros derechos”, manifiesta.
La jornada coincide con la intención del Gobierno de modificar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones con el argumento de proteger la protesta pacífica y establecer reglas claras para actuar frente a la violencia, los bloqueos y las afectaciones a terceros.
Sin embargo, organizaciones sociales y expertos han advertido sobre los riesgos de ampliar la discrecionalidad policial en Colombia y debilitar los mecanismos de diálogo.
