El dictador nicaragüense Daniel Ortega aprovechó las celebraciones por el aniversario 47 de la revolución sandinista para anunciar, el último fin de semana, que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) puedan tomar el poder”.
El dictador nicaragüense Daniel Ortega aprovechó las celebraciones por el aniversario 47 de la revolución sandinista para anunciar, el último fin de semana, que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) puedan tomar el poder”.
El exguerrillero izquierdista, que ejerce el poder de manera ininterrumpida desde el 2007, cerró así la puerta a los comicios programados para el año entrante, justo cuando los grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión estadounidense y de otros países condujera a una transición o a elecciones libres.
Las reacciones a la aberrante decisión de Ortega no tardaron en llegar. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, declaró que el régimen orteguista “ha abandonado la democracia”, y el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, condenó la represión de las libertades civiles y políticas y “el desmantelamiento del espacio cívico”.
Los vecinos centroamericanos también mostraron su alarma y rechazo. El gobierno de Panamá calificó la decisión de “fuerte agravio a los principios democráticos” y convocó a consultas a su embajador en Nicaragua. Guatemala y Costa Rica se sumaron igualmente a la ola de críticas.
Pero no hay duda de que la reacción que más se esperaba es la de Estados Unidos. Respecto a América Latina, la Administración Trump tiene la vista y el interés puestos tanto en Venezuela como en Cuba.
En el país sudamericano empezó este 2026 con una cinematográfica incursión militar estadounidense en Caracas que derivó en la ‘extracción’ de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino a cargo de Delcy Rodríguez. Bajo la tutela de Washington se contemplan tres fases -estabilización institucional, recuperación económica y transición democrática- en el proceso venezolano antes de que el país llanero recupere por completo su soberanía.
En cuanto a Cuba, EE.UU. viene intensificando en los últimos meses su campaña de máxima presión económica sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel que conduzca a un cambio de régimen tras casi 70 años de castrismo en la isla. A las sanciones económicas de Washington se suman el retiro total o parcial de grandes cadenas hoteleras foráneas (lo cual asfixia al turismo, una de las mayores fuentes de ingreso del país) y las notorias restricciones al petróleo extranjero.
Es en este contexto en el que cabe la interrogante sobre qué acciones tomará la Casa Blanca frente a los últimos acontecimientos en la nación centroamericana.
La advertencia del gigante
La Administración Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta es la respuesta dada por el secretario de Estado, Marco Rubio, al anuncio del octogenario líder nicaragüense, que pone al país en la dirección hacia un modelo de partido único como China, Corea del Norte o Cuba, donde el Partido Comunista es el único reconocido legalmente y donde el gobernante hace y deshace a su antojo dentro de su agrupación. De hecho, Ortega ha realizado una purga interna y llevado a prisión a unos 200 copartidarios en los últimos años.
Contacto Washington-Managua
A diferencia de lo que ocurría con Venezuela -cuando Maduro ejercía el poder- y con Cuba hoy, Washington y Managua mantienen canales de comunicación y cooperación bastante activos, tal como resalta el diario argentino “La Nación”. Esto se refleja en tres materias: operaciones contra el narcotráfico, asuntos migratorios (el país centroamericano actúa como muro de contención en la frontera con Costa Rica para quienes ansían llegar por tierra a Estados Unidos) y tópicos comerciales bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y América Central, el llamado Cafta, que tiene a empresas norteamericanas inmersas en textiles, agroindustria, carne, café, minerales y zonas francas.
Un látigo mucho más activo
Más allá de esta sintonía, en abril de este año el Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas -entre ellas dos hijos de Ortega- y siete empresas que operan en el sector del oro y “que ayudan a la dictadura a generar dinero y mantener el control político” del país. Lo que ahora se avizora es una ampliación de las sanciones a funcionarios, bancos y operadores logísticos del régimen, así como también más restricciones de visas (ya hay 2.350 funcionarios y sus familiares en esta categoría) y penalidades secundarias a entes financieros extranjeros que tengan nexos con Ortega y con la industria del oro, una de las exportaciones principales del país y fuente central de divisas para el gobierno.
Ahora cobra mayor presencia
Es evidente el menor peso estratégico que, a ojos de EE.UU., tiene Nicaragua frente a Venezuela (el petróleo y sus pingües negocios) o Cuba (la copiosa diáspora en Miami y su poder electoral), pero la declarada abolición de las elecciones, el deseo de ser un país de partido único y la deriva más represiva del orteguismo (450 activistas opositores en el exilio han sido despojados de su nacionalidad y sus bienes y a 2.000 abogados se les ha eliminado los permisos de trabajo en las últimas semanas) harán que Washington se reenfoque y ponga en la mira a la nación centroamericana. Además, las relaciones cada vez más estrechas de Managua con Rusia y China refuerzan el malestar de la Casa Blanca.
