Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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La relación bilateral entre Estados Unidos y México atraviesa un momento crítico por dos episodios que han tensado al máximo la cooperación en seguridad y narcotráfico. Por un lado, la muerte en abril de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, en circunstancias que aún generan cuestionamientos sobre la autorización y alcance de sus operaciones. Y por el otro, la acusación desde Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ambos casos han llevado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a exigir explicaciones formales, en un contexto en el que Washington parece buscar mayores garantías de cooperación y resultados más contundentes en el combate al narcotráfico.
La muerte de los dos agentes de la CIA ocurrió en el estado de Chihuahua, en el norte de México, tras un operativo antidrogas. Según la información disponible, ambos fallecieron en un accidente vehicular el 19 de abril, cuando el convoy en el que viajaban —junto a agentes mexicanos— se precipitó por una carretera montañosa después de participar o colaborar en la desarticulación de un laboratorio clandestino de drogas.
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Sobre lo que hacían específicamente, hay versiones parcialmente contradictorias: fuentes estadounidenses señalan que cumplían un rol de apoyo en inteligencia dentro de un operativo contra el narcotráfico, mientras que autoridades mexicanas sostienen que su presencia no estaba autorizada por el Gobierno federal e incluso que uno de ellos ingresó al país como turista.
Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Chihuahua, muestra un campamento y, aparentemente, un laboratorio de drogas ubicado a unas nueve horas de la ciudad de Chihuahua. (AFP).
/ HANDOUT
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Además, no está del todo claro si participaron directamente en el operativo o si solo acompañaban a fuerzas locales.
“No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso. Aseguró que su gobierno no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, envió una nota diplomática exigiendo explicaciones formales a Washington y advirtió que operaciones sin autorización “no deben ocurrir otra vez”.
Por su parte, Estados Unidos ha presentado el caso como cooperación técnica antinarcóticos, minimizando la idea de una operación encubierta irregular de los agentes.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia de prensa el 8 de abril de 2024. (Foto de Rashide FRIAS / AFP).
/ RASHIDE FRIAS
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En cuanto al caso del gobernador Rubén Rocha Moya, militante de Morena, el mismo partido de Sheinbaum, el departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos en su contra al señalarlo de colaborar con el Cártel de Sinaloa, recibir sobornos y facilitar operaciones de narcotráfico, y ha pedido su extradición.
Además, la acusación también es contra otros nueve funcionarios de alto nivel de Sinaloa.
En el caso de Rocha, el gobierno de México ha señalado que la solicitud de detención y extradición no vino con pruebas suficientes para proceder legalmente en su territorio.
La Fiscalía mexicana incluso ha indicado que necesita más evidencia formal para evaluar el caso y tomar decisiones judiciales.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum. (EFE/Mario Guzmán).
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Sheinbaum ha remarcado México no procederá con detenciones o extradiciones sin pruebas creíbles y debido proceso.
“Si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana… deberá proceder conforme a derecho… Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de Justicia es político… Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, declaró Sheinbaum.
Consecuencias de la tensión
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habla al salir de la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Unión, el 1 de octubre de 2024. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP).
/ CARL DE SOUZA
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Víctor Manuel Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en políticas públicas por el CIDE y estudioso del crimen organizado, advirtió a El Comercio que la actual crisis entre Estados Unidos y México marca “el momento de mayor tensión en los últimos años” en materia de seguridad, solo por debajo del impacto histórico del caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
A su juicio, incluso supera episodios recientes como la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos y abre un escenario incierto para el gobierno de Sheinbaum. “Todavía no vemos hasta qué punto va a escalar la presión diplomática”, indicó, en un contexto especialmente sensible por la renegociación del T-MEC y la fuerte dependencia económica de México con respecto a su vecino del norte.
Sobre la acusación contra Rocha Moya, Sánchez matizó el reclamo del Ejecutivo mexicano por la falta de pruebas públicas y señaló que “Estados Unidos no es que haya faltado a sus responsabilidades”.
Explicó que “los tratados de extradición firmados entre EE.UU. y México no señalan que en primera instancia quien hace la petición deba aportar todas las pruebas. Con que haya un proceso abierto, en este caso en Estados Unidos, basta para pedir la extradición. Luego, cuando se hace la detención, México tiene hasta 60 días para solicitar las pruebas, y Washington tiene hasta 60 días para aportarlas“.
En ese sentido, sostuvo que “México está jugando discursivamente con ello” para evitar una decisión inmediata. “Se buscó una excusa para no realizar la detención”.
¿Qué opciones tiene Sheinbaum en el caso de Rocha? Sánchez planteó tres escenarios: avanzar con la extradición, con altos costos políticos para el Gobierno; rechazarla por falta de pruebas o impulsar investigaciones internas que no deriven en su entrega a Washington.
Sánchez cree que el tercer escenario es el que se está materializando en este momento. Explicó que se le ha pedido a Rocha Moya y las demás autoridades señaladas que soliciten licencia o se aparten de sus cargos, algo que ya hicieron, lo que permitirá al gobierno de México anunciar la apertura de investigaciones dentro del país. Bajo esta fórmula, se transmite la idea de que hay actuación institucional y voluntad de esclarecer los hechos, pero sin activar de inmediato el mecanismo de extradición hacia Estados Unidos.
Según el analista, este camino implicaría que la indagación en México avance sin necesariamente llegar a conclusiones contundentes o judicializables, lo que en la práctica permitiría desactivar gradualmente la presión política interna y sacar a los implicados de la escena pública. El resultado sería un cierre “administrado” del caso: los funcionarios ya no continúan en sus cargos, pero tampoco serán enviados a la justicia estadounidense.
Sin embargo, Sánchez advirtió que este escenario tiene un costo claro en el plano externo: profundizará la desconfianza con Washington y alimentará la percepción de falta de cooperación en materia de combate al narcotráfico, tensionando aún más la relación bilateral en seguridad.
El analista reconoció que, hasta ahora, el trabajo coordinado entre México y Estados Unidos “venía funcionando”, especialmente en el intercambio de información, incluso en casos sensibles como el de los agentes vinculados a la CIA fallecidos en Chihuahua. En ese sentido, descartó una ruptura total, pues Washington sigue necesitando resultados en territorio mexicano y, por lo tanto, no le conviene interrumpir la cooperación en seguridad.
Sin embargo, advirtió que el impacto de la actual crisis se verá en el tono y la dinámica política de la relación. Sánchez anticipó un endurecimiento progresivo del discurso desde sectores de la administración de Donald Trump, con señalamientos cada vez más directos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Las acusaciones van a ser cada vez más frecuentes”, sostuvo, al recordar que ya existen declaraciones en las que se acusa a México de estar infiltrado o condicionado por el crimen organizado. En ese contexto, la cooperación bilateral podría volverse más condicionada, más tensa y más expuesta públicamente, manteniéndose en lo técnico, pero deteriorándose en lo político y diplomático.
